Poniendo todas las piezas en su lugar

Por: Juan Paredes Castro |

En el caso de la fiscal Luz Loayza hay piezas sueltas que conviene poner en su lugar para no perder de vista el punto central ni apartarlo del curso legal de los hechos.

Para comenzar, el punto central es que Loayza está amenazada de muerte, motivo por el cual, contra opinión de las máximas autoridades del Ministerio Público, se niega a retornar a Maynas, donde, según evidencias cruzadas, sería el blanco seguro de sicarios vinculados a quien ella investigó y encarceló por narcotráfico: Fernando Zevallos.

Lo insólito, hasta el momento, es que la presidenta del Ministerio Público, Adelaida Bolívar, haya tomado con abrumadora ligereza la amenaza de muerte de Loayza, a tal punto de exigirle fundamentos prácticamente imposibles. Y no solo eso. La doctora Bolívar ha llegado a desestimar las alertas de inteligencia del Ministerio del Interior.

Para quien, como la fiscal de la Nación, tiene una investigación en curso en el Consejo Nacional de la Magistratura precisamente a causa de actuaciones sospechosas relacionadas con personajes acusados de narcotráfico, la excesiva severidad contra Loayza no refleja imparcialidad sino más bien abuso de autoridad y prepotencia. De la misma manera como demanda a Loayza exhibir pelos y señales de las amenazas contra su vida, la doctora Bolívar tendría que demostrar por qué razones su despacho no cree en esas amenazas y de qué manera se hace o no responsable por lo que le pueda suceder a la magistrada.

En el colmo de la desviación del curso de los hechos, la Junta de Fiscales Supremos, encabezada por la doctora Gladys Echaíz, llevó al Congreso, es decir, a una instancia equivocada, una denuncia contra la fiscal Loayza en que se la acusa de irregularidades cometidas en sus funciones. Sean cuales fueren estas irregularidades, tendrían que ser investigadas en los órganos de control del propio Ministerio Público o del Consejo Nacional de la Magistratura. Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Raúl Castro, cometió el error de estimar pertinente tal denuncia en lugar de derivarla a los canales jurisdiccionales apropiados.

En verdad, a nadie le hubiera llamado la atención el caso si la doctora Bolívar hubiera, de un lado, atendido la petición de traslado a Lima formulada por Loayza, y, de otro lado, puesto en manos del órgano de control correspondiente lo que ella considera faltas graves cometidas por la fiscal de Maynas.

A cambio de ello, prevalece definitivamente la enconada intención del Ministerio Público de llevar a la cuerda floja tanto la vida como el prestigio de la fiscal Luz Loayza.