Ningún peruano puede seguir cerrando los ojos ante la mendicidad infantil ni ante la mafia miserable que, como ha denunciado nuestro Diario, alquila a niños por diez soles para colocarlos en las calles de Lima, negociar con las limosnas que recogen y obtener dinero fácil, alevosa y premeditadamente.
Por ello hay que reconocer que el Ministerio de la Mujer, las Demuna, municipalidades, ONG, entre otras instancias inicien una campaña --a la que debemos sumarnos todos-- para identificar la red de delincuentes que trafica con más de un centenar de niños en la capital, según se ha detectado hasta el momento.
Si se logra acabar con esta mafia, causante de la proliferación de pequeños mendigos en Lima, se habrá iniciado una política real de protección de la niñez desamparada para devolver la dignidad a quienes son expuestos a los peores vejámenes y riesgos morales.
Este delito no puede quedar impune y exige la aplicación de una estrategia conjunta y multisectorial que termine en los tribunales.
Debe afinarse el trabajo de inteligencia de la policía y evitar que los traficantes se burlen de la ley. Hasta el momento, ninguno ha podido ser sancionado porque, según se aduce, no se ha logrado probar la trata infantil. Sin embargo, esto ha sucedido también porque hasta ahora no hubo una decisión política frente a un delito que es fácil de perseguir. Después de todo, está a la vista, en las esquinas de Lima.
La totalidad de instituciones de protección de la infancia debe unir esfuerzos para que ningún niño más pida limosna en los semáforos. Eso implica reforzar la paternidad de jefes de familia cómplices de aquellos que pisotean la inocencia de sus hijos, para convertirlos en mendigos por unos cuantos soles.