Toca ahora a la Comisión Permanente actuar en consecuencia para evaluar el pedido de acusación constitucional aprobado por la subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra la parlamentaria aprista Tula Benites, en una sesión no precisamente ejemplar en las formas.
No se puede ver simplemente el resultado, sino que hay que analizar el comportamiento de cada bancada para entender su manera de entender la democracia.
En el caso del Apra, su conducta fue realmente decepcionante (sus tres miembros Franklin Sánchez, Julio Herrera y José Vargas votaron en contra del informe), lo que nos trajo recuerdos de las peores épocas de sectarismo con las que hemos discrepado históricamente.
Es decir, el partido mirando por el bienestar de sus miembros, al punto de blindarlos de cualquier sanción merecida, aunque ello afecte los intereses del país, y contra los anuncios de algunos de sus líderes que prometían una actuación ética y justa. ¿Hasta dónde podrá llegar esto?
Así como es deleznable judicializar la política, es igualmente recusable politizar la justicia: Si un parlamentario comete un delito, pues tiene que ser procesado por ello, dejando de lado cualquier subterfugio o componenda politiquera para lograr la impunidad.
En el caso de Benites, aunque la tipificación de delitos es diferente, el caso es similar al de Elsa Canchaya de Unidad Nacional, acusada y desaforada por contratar a empleados fantasma que cobraban sin trabajar. Canchaya, sin embargo, no tuvo el blindaje ni el falso espíritu de cuerpo que ha mostrado la bancada aprista.
El Congreso no puede ser un foro de enjuagues y hay que buscar los medios legales para evitarlo. A propósito de ello, es interesante la propuesta del ex presidente del Congreso Henry Pease para trasladar constitucionalmente los pedidos de vacancia congresal al Jurado Nacional de Elecciones, precisamente para evitar los negociados y conciliábulos partidarios, lo que tendría que ser objeto de una reforma. La inmunidad parlamentaria debe dejar de significar impunidad.