¿Salvavidas exterior al control sobre la fiscalía y la justicia?

Por: Juan Paredes Castro |

Nuestro ordenamiento legal y constitucional, y por supuesto institucional, no debería tener el menor vacío respecto de la defensa del derecho a la vida de toda persona humana.

La suerte de la fiscal Luz Loayza, amenazada de muerte por sicarios del narcotráfico, viene a recordarnos, ingratamente, que ese vacío existe, y que se haría más evidente si el Consejo Nacional de la Magistratura, que investiga el caso, no revierte el curso de los hechos, como está en su poder hacerlo.

No es que el CNM vaya a meterse en el trámite de traslado de la magistrada amenazada. No. Se trata de hacer valer su competencia para eliminar toda arbitrariedad cometida contra ella desde las esferas del Ministerio Público, cuyos fiscales supremos están bajo su evaluación jurisdiccional.

El vacío al que aludimos consiste, sencillamente, en la desprotección institucional que de pronto sufre la fiscal Loayza, a manos de sus superiores, al negarse estos a su traslado de Maynas a Lima, traslado que ella considera de vida o muerte, precisamente para salvarse del blanco de sus eventuales asesinos.

Para la fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar, responsable de esa desprotección institucional, y también para la jueza Teresa Jara García, que rechazó el hábeas corpus de Loayza, esta debería entender que el desempeño de sus funciones implica, en cualquier parte, un riesgo de vida. ¡Claro que es así! Fiscales, jueces y policías pasan por ese riesgo todo el tiempo. Ocurre, sin embargo, que Loayza enfrenta una amenaza directa y de posible ejecución (corroborada por los servicios de inteligencia de la Policía Nacional) y que provendría de sicarios al servicio de quien ella envió a la cárcel bajo cargos de narcotráfico: Fernando Zevallos.

En una coincidencia fatal, la jueza Jara García, que acaba de negarle el hábeas corpus a Loayza, es la misma que tiempo atrás favoreció a Zevallos en conocidos fallos judiciales. Es posible que estemos ante una jueza proba, pero dado el denso peso de la atmósfera que rodea la actuación del Ministerio Público y del Poder Judicial, en torno al Caso Zevallos, no podemos alejar de nuestra percepción la sospecha de que la jueza Jara podría estar influida también por presiones de las mafias.

Mientras no veamos la luz al otro lado del túnel en materia de control de las decisiones administrativas fiscales y judiciales, sospechosas de arbitrariedad, la demanda cautelar planteada por el decano del Colegio de Abogados de Lima, Walter Gutiérrez, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se convierte en el salvavidas oportuno del derecho a la vida de la fiscal Loayza.