Por: Juan Paredes Castro |
El caso de la magistrada Luz Loayza, amenazada de muerte, es muy grave. Pero tanto o más lo es aquello que está detrás: el hilo de la madeja que podría llevar a la red de presiones del narcotráfico sobre jueces y fiscales.
La punta del hilo de la madeja ya saltó al aire. La jueza María Teresa Jara García, que rechazó recientemente el hábeas corpus planteado por Loayza en defensa de su derecho a la vida, es la misma que participó en dos fallos anteriores a favor de Fernando Zevallos, a quien precisamente las investigaciones y denuncias de Loayza condujeron a la cárcel.
Quien ahora busca jalar el hilo de la madeja es la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), a pedido del presidente del Poder Judicial, Francisco Távara, en una reacción que no solo trata de poner en la balanza la conducta funcional de la jueza Jara García, como debe ser, sino que también pretende investigar lo que hay en el fondo más oscuro del caso.
Y el fondo más oscuro del caso parece estar encarnado en la concertada actuación de miembros del Ministerio Público en contra de la fiscal Loayza. Esta ha sido conminada, de grado o fuerza, a retornar a Maynas a sabiendas de que podría ser asesinada a manos de sicarios del narcotráfico, información que manejan los servicios de inteligencia de la Policía Nacional. No siendo esto suficiente, la misma concertación de fiscales supremos ha intentado enlodar la trayectoria de Loayza atribuyéndole irregularidades a su conducta que, finalmente, se han disuelto en la acusación misma.
A partir de ahora, el caso de la fiscal Loayza no podrá verse sin la presunción válida de que el narcotráfico viene ejerciendo importantes y visibles presiones sobre jueces y fiscales. Corresponde a las altas autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público mirar hacia dentro de sus propias organizaciones y cuadros para que investigaciones serenas y descarnadas confirmen o descarten las hasta hoy sospechosas actuaciones de la fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar, y de la jueza Jara García, entre otros.
Hay personalidades en el Ministerio Público, como la doctora Gladys Echaíz, integrante de la Junta de Fiscales Supremos, que, en virtud de su ascendiente en la institución, deberían seguir atentamente, desde su sitio, el hilo de la madeja descubierto y, de ser posible, jalarlo en dirección de la verdad, como ha decidido hacerlo la OCMA en el Poder Judicial.
La separación de la paja del trigo en el Ministerio Público y en el Poder Judicial debe y tiene que ser fundamentalmente obra de estos propios organismos autónomos del Estado.