Al descubierto agenda politiquera de dirigentes cusqueños

¿Qué más quieren los cusqueños? Esto es lo que se pregunta todo el Perú, refiriéndose a los dirigentes de dicha región que insisten en paros y bloqueos violentistas para protestar por aspectos de una ley que ya han sido eliminados en la ley del Congreso.

Lo peor es que, con su intransigencia y demagogia de medias verdades, exageraciones y mentiras, han hecho creer a los cusqueños --finalmente los más afectados porque el 70% vive del turismo-- que se quería prácticamente "vender el Cusco". Peor aún, estos arrebatos extremistas podrían llevar a descalificar al Cusco como sede de las reuniones del APEC, con todos los perjuicios para su imagen y la economía local.

Lo cierto es que la norma en cuestión, la Ley 29164, solo busca promover la inversión privada en zonas aledañas a sitios históricos bajo la modalidad de concesiones, como se hace exitosamente en otros países y en Lima con la huaca Pucllana.

Sin embargo, la reacción de ciertos dirigentes cusqueños ha sido totalmente desproporcionada y absurda, incluso con amenazas matonescas de bloquear el aeropuerto y la vía a Machu Picchu y hasta proponer la disolución del actual Parlamento, al que se le quiere mutilar su capacidad de dar leyes nacionales.

Detrás de todo esto solo puede haber una agenda hiperpolitizada, vinculada a movimientos desestabilizadores de la izquierda retrógrada, a autoridades regionales y locales mediocres y pusilánimes que temen pedidos de revocatoria, así como humalistas que quieren jalar agua para su molino, dentro y fuera del Congreso.

Para responder a estas presiones el Poder Legislativo tuvo que armar nuevos consensos y tratando de salvar la cara ha mantenido la ley, pero edulcorándola al hacerla opcional para las regiones. Y, en cuanto a la otra ley, la 29167, el INC tiene que asumir su responsabilidad y dar su opinión sobre los monumentos donde se podría dar licencias de construcción para establecimientos hoteleros.

El Gobierno Central y el Estado de derecho no pueden permitir estos peligrosos precedentes, que podrían ser invocados por otras regiones o movimientos politiqueros para desautorizar al Congreso y traerse abajo leyes que buscan progreso para sus regiones. La Unidad de Prevención de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros tiene que trabajar mejor para alertar sobre la germinación de estos movimientos desestabilizadores, de modo que se los pueda contener a tiempo con las armas de la democracia y la ley, antes que seguir con la política bomberil de actuar cuando las papas ya están quemando.

Asimismo, se echa en falta una política comunicacional más eficiente del Gobierno, tanto para desenmascarar a esos dirigentes ideologizados que temen perder sus gollerías regionales, cuanto para hacer entender a la población los graves daños que se le causa. ¿Quién podrá resarcir a los cusqueños de la cancelación en serie de paquetes turísticos y del vacío en hoteles, restaurantes, taxis y tiendas de artesanía que crean empleo y mueven su economía? Al final quienes pagarán los platos rotos serán los pobladores del Cusco.