El partido de fondo que nadie ve

Por Hugo Guerra

El paro en el Cusco y el rechazo a la exigencia de máxima calidad para la contratación de maestros son, analítico lector, reflejo de la crisis de un modelo de regionalización que puede poner en riesgo la esencia unitaria de la república peruana.

Objetivamente es ilógico el rechazo violento a la ley que permite la inversión privada en el entorno del patrimonio arqueológico. El proyecto original de Carlos Bruce no afectaba ese patrimonio; y la norma aprobada inclusive concede a los gobiernos regionales la potestad de decidir cómo aplicarla y hasta ignorarla, lo cual es un exceso porque marca pésimo precedente.

Pese a todo, el gobierno regional (amenazado de revocación por ineficiente) encabeza junto a los radicales la conocida estrategia suicida de matar a la gallina de los huevos de oro. Es decir, ir a la huelga, bloquear las vías, cerrar los accesos a las ruinas y tomar el aeropuerto, sacrificando a miles de personas que viven del turismo. El gran pretexto: que no se conversó con ellos para aprobar la ley.

Detrás de esto hay intereses subalternos que van desde preservar realidades caóticas como las de Aguas Calientes y Ollantaytambo, donde sí se deteriora la zona de amortiguación arqueológica y se expolia a los visitantes; hasta la manipulación de quienes quieren impedir que la cumbre del APEC sea exitosa este año en nuestro país, táctica que se incluye en la guerra política que está en curso en el país.

Se está produciendo, además, lo que pocos quieren ver: si los parlamentarios tienen mandato y representación de alcance nacional, las leyes que sanciona el Congreso no necesitan ser preaprobadas por los gobiernos regionales. Tolerar tal subordinación es abrir puertas al proyecto de algunas regiones, como la cusqueña y la puneña, de avanzar a regímenes autonómicos y hasta eventualmente federativos o separatistas, lo cual es parte de un plan de alcances sudamericanos que ya sabemos quién auspicia desde fuera. De allí que ignorar el peligro sería necio.

El otro caso es similar. La resistencia de algunos gobiernos regionales a aplicar el decreto supremo que exige pertenecer al tercio superior para ser contratado como maestro por el Estado solo puede tener una de tres explicaciones: posición ideológica favorable al Sutep y a Patria Roja; incapacidad para controlar localmente las presiones de aquellos malos profesores que progresivamente deberán salir de la planilla pública; o vínculos con el plan de socavamiento de la república unitaria. En cuanto a ciertos voceros del Consejo Nacional de Educación, separemos la paja del trigo, pues algunos hacen cuestionamientos con conocimiento y buena fe, pero otros están presionando para que se les reenganche cuando termine pronto su vínculo con el Estado y se acaben sus gollerías.

Entonces, querido lector, seguramente estará usted de acuerdo en que en vez de temer una crisis política coyuntural, hay que exigirle al Gobierno que actúe cada vez con más energía dentro del mandato constitucional para preservar la unidad de nuestra patria.