Trabajadores de Salamanca piden investigar compra fraudulenta

Por Oablo O'Brien. Unidad de Investigación

El 18 de enero, el ministro de Agricultura, Ismael Benavides, anunció que relanzaría la venta de las acciones del Estado en diversas cooperativas. Entre las mencionadas, inexplicablemente, figuraba la Empresa Agrícola Ganadera Salamanca S.A., que existe solo en papeles, pues hoy se halla desmantelada, ya que todos sus bienes --2,700 hectáreas sembradas de caña, maquinaria y mobiliario-- fueron comprados en remate cuatro años atrás por la familia Sánchez Paredes (SP).

Esta adquisición de los Sánchez Paredes fue calificada como una maniobra fraudulenta en diversas denuncias judiciales presentadas por algunos acreedores y ex cooperativistas de Salamanca, quienes incluso han pedido al Congreso que investigue la adquisición de esta compañía, como indicó Pedro Villarreal, abogado del Sindicato de Trabajadores de Salamanca. Los SP, que mantenían el control de la azucarera, se habrían hecho ilegalmente de por lo menos el 75% de las acciones (violando la Ley de Mercados y Valores) y vendieron los activos de esta cooperativa a una off shore panameña (Corporación del Sur), hoy manejada por varios miembros de esta familia.

Ante ello, nada pudo hacer la Conasev para detenerlos, pues la bombardearon con muy discutibles recursos de amparo y otras acciones judiciales. No obstante, Pro Inversión hasta diciembre último ofrecía privatizar el porcentaje (4.52%) que el Estado mantenía en la antigua cooperativa. Esta institución decidió no comentar el caso.

APARECEN LOS SÁNCHEZ
En 1997, Salamanca se acogió al plan impulsado por el gobierno de Alberto Fujimori que permitió a las cooperativas azucareras cotizar en bolsa (ver recuadro).

Aprovechando la nueva situación de esta empresa, Orlando Sánchez Paredes (OSP), Jesús Belisario Esteves Ostolaza (asesor financiero y directivo de diversas empresas de los Sánchez Paredes) y Elmer Manuel Vásquez Peláez (hombre de confianza de los SP involucrado en la muerte en México de Segundo Simón Sánchez Paredes y acusado por narcotráfico en ese país) compraron acciones de la ex cooperativa en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) mediante diversos mecanismos extrabursátiles, como consta en Registros Públicos. De esta forma, entre febrero y marzo del 2001, los Sánchez Paredes se convirtieron en socios de la antigua hacienda.

Así, se presentaron a la Junta de Accionistas de Salamanca del 5 de abril del 2001. Orlando Sánchez Paredes y sus allegados no contaban con mayoría (solo tenían el 30% de los títulos), pero lograron hacerse del control de la ex cooperativa.

OSP, Belisario Esteves y Manuel Vásquez Peláez integraron entonces el directorio de Salamanca para el período 2001-2003. En teoría, este directorio no estaba bajo control de OSP, quien solo contaba con la mitad de los votos; sin embargo, su influencia era notoria. Solo así se explica que nombraran como gerente general a Cristian Benites Jara, su concuñado.

Con el dominio de la administración de la azucarera, los Sánchez Paredes iniciaron un acelerado proceso de adquisición del resto de las acciones de Salamanca, incumpliendo las normas.

Según la memoria anual del 2001, los Sánchez Paredes compraron en ese año por lo menos el 75% de los títulos de la ex cooperativa.

Dados los vínculos (familiares, laborales y de amistad) que mantenían entre sí Orlando y sus allegados, y en una aparente concertación en la que actuaban, debieron efectuar una Oferta Pública de Acciones (OPA) como lo exige la Ley de Mercado de Valores. Según la norma, toda persona natural o grupo económico antes de hacerse de más del 25% de las acciones de una empresa debe efectuar una OPA.

Mediante un comunicado Conasev aseguró a El Comercio "que encontraron indicios para sostener que [los involucrados en este caso] habrían actuado de manera concertada (...). Si bien Conasev cumplió con la investigación, este proceso no pudo culminar debido a las demandas de amparo [y otras] interpuestas en su contra".

OTRAS MANIOBRAS
Aunque el ingreso de los Sánchez Paredes a Salamanca fue presentado como una oportunidad para que la empresa saliera de su delicada situación económica, ocurrió todo lo contrario: la empresa empezó a endeudarse.

El 21 de junio del 2001, OSP prestó S/. 2'400.000 a Salamanca, que dejó en prenda las 2.700 hectáreas que posee la ex cooperativa. Dos años después, el 3 de junio de 2003, la ex hacienda volvió a endeudarse con Orlando Sánchez Paredes, pero esta vez, por S/. 6'000.000, constituyéndose una segunda hipoteca sobre las mismas tierras.

A los días de suscrito este segundo crédito, el 23 de junio de 2003 OSP solicita la ejecución de la primera hipoteca ante el juzgado de Ascope, a cargo de Jorge Quispe Lecca (hoy titular del 10º Juzgado Penal de Trujillo).

A pesar de que OSP no presentó prueba alguna que acreditara los desembolsos de dinero, ni ocultó que él era el socio principal de Salamanca y que su concuñado Benites Jara era gerente general de esa empresa, el juez Quispe Lecca en diez días ordenó que rematen las tierras de Salamanca para cubrir la deuda.

El motivo de esta maniobra habría sido impedir que la compañía Alejandro Mantilla González S.A. hiciera efectivo otro embargo que tenía sobre las tierras de Salamanca.

Es por ello que Carlos Felipe Mantilla Haro, representante de la mencionada firma, declaró en un proceso que siguió para hacer prevalecer sus derechos que los Sánchez Paredes habían efectuado "un sinnúmero de artimañas y manejos fraudulentos en los procesos judiciales inventando falsas acreencias para no cancelar a mi representada [las deudas] y descapitalizar a la Empresa Salamanca S.A.A.". Mantilla no pudo impedir que la ex cooperativa quede en manos de los Sánchez Paredes.

PRECIO GANGA
El 25 de julio de 2003, conforme a lo ordenado por el juez de Ascope, se efectuó el remate de las tierras de Salamanca solicitado por OSP. A la diligencia se presentó un único postor: la empresa panameña off shore Corporación del Sur S.A. Esta compañía se hizo de las 2.700 hectáreas de la ex hacienda, luego de entregar varios cheques por el monto de US$ 2'828.544,46. Un valor mucho menor al precio real de este fundo.

En los documentos que "justifican" los préstamos que supuestamente efectuaron los Sánchez Paredes a Salamanca, se establece incluso un valor mayor. De acuerdo a estos papeles inscritos en Registros Públicos, la ex cooperativa tenía dos terrenos: El Block 1, de 28 hectáreas; y el Block 2, de 2.711 hectáreas. En la escritura del 2 de junio de 2003 (en la que se fijan las condiciones del segundo préstamo), OSP y Salamanca convinieron en que el valor del Block 1 sería de S/. 393.393 y el del Block 2 S/. 38'334.309. Pero se estableció que, en caso de remate, se pagaría a la cooperativa por lo menos dos tercios de los montos pactados. Es decir, S/. 262.262 y 25'556.206, respectivamente.

Este acuerdo fue incumplido escandalosamente, pues por el Block l, según los documentos en poder de El Comercio, se pagó S/. 75.579,83 (la cuarta parte del precio estipulado), y por el Block 2, solo S/ 7'364.900,87 (menos de la tercera parte). Toda una ganga, pues Salamanca fue avaluada el 2000 por Pro Inversión en 40 millones de soles, en tanto que los SP pagaron apenas 7 millones y medio de soles.

SOSPECHA VENTA
Los Sánchez Paredes podrían argüir que ellos no son responsables de que en el remate se haya pagado una cifra menor al precio real de las tierras, pues la empresa que se hizo de ellas es ajena.

Sin embargo, Corporación del Sur S.A., según supo El Comercio, está íntimamente relacionada con esta familia. Tal compañía es una off shore constituida en Panamá por escritura pública del 30 de junio de 2003. Sus directores y dignatarios son los ciudadanos panameños Lenigdio Xavier Chávez, Salwa Basim Jubara Jiménez y Melkys Savier Morales.

Por tanto, esta compañía se constituyó sospechosamente poco antes (menos de un mes) de participar en el remate de tierras de Salamanca. ¿Cómo se enteraron sus directivos de la diligencia en la apartada provincia de Ascope?

Quizá algo tenga que ver en el asunto el hecho de que Walter Valdez Muñoz, abogado, director y hombre de confianza de los Sánchez Paredes, estuviera en Panamá entre el 29 de junio y el 2 de julio del 2003. Valdez Muñoz no pudo ser ubicado por este Diario.

De otro lado, resulta extraño que el capital inicial autorizado de esta firma haya sido US$ 3'000.000, dividido entre 3.000 acciones de US$ 1.000 cada una. Sin embargo, según la escritura de constitución, solo se suscribieron dos acciones; es decir, solo pagaron US$ 2.000. Entonces, ¿de dónde obtuvo esta firma los US$ 2'838.798,46 que pagó por las tierras de Salamanca? ¿Este dinero proviene de fuente lícita?

Una pista sería determinar el origen de los fondos con los cuales se obtuvo la emisión de los cuatro cheques de gerencia del Interbank a la orden de Corporación del Sur S.A, que fueron utilizados para pagar el precio del remate. Los cheques, todos del 24 de julio del 2003, tienen los números 00609879-003-057-0400401012, por US$422.743,67; 00609873-003-057-0400401012, por US$1.538; 00609913-003-057-0400401012 por US$8.715,33; y 00609912-003-057-0400401012, por US$2'405.801,46.

Todo indicaría que estas cuentas pertenecen a los Sánchez Paredes, pues una vez constituida en Perú la sucursal de Corporación del Sur S.A. con un capital de S/. 30.000, se nombró como apoderados a la hermana y al concuñado de OSP, Amanda Sánchez Paredes y Cristian Antonio Benites Jara, este último, hasta el día de hoy, es simultáneamente gerente general de Salamanca y de la off shore. Un periodista de El Comercio trató de ubicar a Benites, incluso viajó a Trujillo y lo buscó en las oficinas de la hacienda y la ciudad, pero no fue recibido.

Finalmente, el abogado de Corporación del Sur S.A. que participó en el remate de Salamanca, Héctor Cucho Mendoza, representó diez días antes en una diligencia a José Ricardo Sánchez Miranda, hijo de OSP. Para mayores señas, Cucho Mendoza es el mismo abogado que, junto con Amanda Sánchez, enfrentó al comandante Wenceslao Núñez, Paredes y la fiscal Milián Solar para exigir que se les devuelvan los libros de Comarsa, las pruebas claves que, según la policía, evidenciaría el desvío de insumos químicos hacia el narcotráfico.

Posteriormente, todos los bienes (maquinaria, vehículos y otros) de Salamanca fueron vendidos a la compañía panameña, sin que conste a la fecha pago alguno por esta transacción. El Comercio, llamó a Comarsa, la minera de los SP, para solicitar sus descargos, pero no obtuvo respuesta.

En resumen, los Sánchez Paredes habrían efectuado una operación en la que se pagaron a sí mismos. Desde entonces la ex cooperativa es un cascarón inactivo, como en repetidas ocasiones ha comunicado la Conasev. Aun así, sus acciones siguen listando en bolsa. Los más perjudicados son los ex trabajadores y cooperativistas que han sido despojados ilegalmente.

Algo de historia
La hacienda Salamanca, como tantas otras, fue expropiada por la reforma agraria llevada a cabo por Juan Velasco Alvarado. En 1970 formaría parte de la Cooperativa Agraria Azucarera Cartavio y, 24 años después, se separó de Cartavio, aprovechando el nuevo marco legal que aprobó Alberto Fujimori.

Con la intención de impulsar la privatización del sector agrario, las flamantes normas de 1994 permitieron a los socios de las haciendas (los cooperativistas) inscribirse en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) para que pudieran transar libremente sus acciones en el mercado bursátil.

En setiembre de 1997, Salamanca se acogió a un nuevo plan que permitía a las ex cooperativas "vender" sus deudas tributarias y laborales al Estado a cambio de acciones de estas empresas. Por este mecanismo, el Estado se hizo de un asiento en el directorio de Salamanca.

La medida mejoró la economía de la azucarera (al asumir la deuda tributaria y laboral), pero a fin de cuentas todo fracasó, pues nadie la quiso adquirir en repetidas subastas públicas.