El mal de altura

Por David Rivera del Águila. Economista [Editor]

Lo sucedido las semanas pasadas con la oposición del pueblo cusqueño a la ley para poner en valor el patrimonio cultural del país y que implica la inversión privada en sus zonas adyacentes, hizo recordar lo ocurrido en Arequipa el 2002, cuando sus pobladores se levantaron contra la privatización de las empresas eléctricas Egasa y Egesur. Recordemos un poco lo ocurrido en aquella oportunidad para sacar lecciones de ese caso y de lo que viene ocurriendo en el Cusco.

Cuando el gobierno del presidente Alejandro Toledo dio marcha atrás en la privatización, fue criticado por haber dado muestras de debilidad. Ya hace un tiempo recordamos este ejemplo y señalamos que no compartíamos esa visión, porque en realidad el error fue previo: desentendimiento y desconexión total con lo que ocurría en el país y, como consecuencia, falta de una estrategia para comunicar el porqué de la necesidad de la medida, algo que los arequipeños entendieron varios años después.

Este gobierno tiene, sin duda, una mejor aproximación a lo que ocurre fuera de Lima y mayor olfato político para la resolución de conflictos, pero hay un tema de fondo que sigue sin ser solucionado y que tiene como punto de partida un error: creer que la oposición a medidas como la puesta en valor del patrimonio cultural no tiene otra motivación que la politiquería o la irracionalidad.

A nadie le queda duda de que esa es efectivamente la intención de personajes como el presidente regional del Cusco, que lo único que está haciendo es aprovechar un tema política y socialmente sensible para esconder su ineficiencia. Es el típico líder, como lo fue en su momento el presidente regional de Arequipa en el 2001, que no tiene la menor idea de lo que le corresponde hacer como autoridad máxima, más allá de lo que le dictan su carga ideológica y sus intereses personales.

Pero la pregunta es por qué su posición tiene asidero en la población, cuáles son los motivos que llevan a los cusqueños a seguir a este tipo de líderes. ¿Es un mero problema de idiosincrasia, de mal de altura como diría un entrevistador televisivo? ¿Es que acaso no existen razones válidas para comprender su incredulidad y oposición, esas de la que se aprovechan falsos líderes?

El principal argumento que se le ha dado a los cusqueños es que dicha ley promovería la inversión privada en la región. La pregunta es: ¿En verdad los va a beneficiar? El sector privado ha invertido activamente en el Cusco durante los últimos años y la región sigue estando entre las más pobres del país. Según el último censo, la pobreza total alcanza el 44,5%, siendo la de la zona urbana de 31,2% (con una leve tendencia a la baja) y la rural de 69,3% (estancada).

Por lo demás, basta pasear por el Cusco para percatarse de que la actividad turística no beneficia a todos por igual. A manera de detalle, además de los grandes hoteles los principales o mejores restaurantes de la ciudad no son precisamente de cusqueños. Según me comentó un amigo de Lima que tenía su hotel en el Cusco, es reciente la aparición de una nueva generación de cusqueños que han aprendido en la práctica cómo hacer negocios.

Comprender esa realidad no debería llevarnos a oponernos a leyes como la comentada, pero sí a tener una mejor idea de las reacciones que pueden generar, a buscar las causas y solucionarlas. Con sus limitaciones, este gobierno parece más consciente que el anterior respecto a esta realidad, pero como a todos los que miramos el país desde Lima, no siempre tiene la capacidad para evaluar todas las variables en juego y encontrarles una salida. Ese es nuestro mal de altura.

Probablemente este tipo de casos se vayan acentuando en la medida en que se busquen mecanismos para generar riqueza en los departamentos más pobres del país. Mientras nuestra distribución del ingreso siga siendo una de las peores del mundo y mientras la capacidad de los sectores de menores recursos de acceder a los beneficios de cualquier crecimiento sea limitada, el Gobierno tendrá que estar atento para prevenir y encontrar posible soluciones. El tema va más allá de la mera detección de potenciales conflictos, pues pasa por tener por lo menos algunos lineamientos de una estrategia de desarrollo por departamentos para tener algo concreto sobre la base de lo cual sentarse a conversar. Esta es probablemente la principal carencia que seguimos teniendo.