Por Ítalo Sifuentes Alemán
Por primera vez en la lucha contra la impunidad para los casos de corrupción ocurridos durante el gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, el Perú le pedirá a otro país que juzgue en su territorio a uno de los principales acusados.
Tal es el caso de Ernesto Schütz Landázuri y la posibilidad de que Suiza acepte lo que en términos jurídicos se denomina demanda de delegación de persecución penal, la cual es un pedido para que los tribunales helvéticos juzguen al ex directivo de Panamericana Televisión como un ciudadano suizo que cometió delitos en el Perú mientras ostentaba la nacionalidad peruana.
Así lo informó el jefe de la Unidad de Extradiciones de la procuraduría ad hoc, Omar Chehade, quien explicó que es imposible extraditar a Schütz tanto porque no existe un tratado de extradición entre ambos países, como porque las leyes del mencionado país europeo prohíben entregar a un connacional para ser juzgado en otro país.
Schütz es acusado de los delitos de peculado y asociación ilícita para delinquir tras vender la línea editorial de la casa televisora que dirigió a favor del gobierno de Fujimori, tal como se observa en uno de los videos incautados a Montesinos.
Chehade aclaró que el asunto está bien avanzado, pues a fines de diciembre del 2007 se presentó la demanda de delegación de persecución penal a la Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Lima, presidida por José Neyra Flores, quien a su vez a fines de enero de este año se la remitió al titular de la Tercera Fiscalía Superior Anticorrupción, el fiscal Martín Retamozo Roca.
Dicho fiscal deberá emitir una opinión sobre las consideraciones legales de dicho pedido y remitírsela a Neyra, quien siguiendo el trámite deberá hacer suyo dicho pedido y presentárselo al Ministerio de Justicia.
De ahí, este pasará al Consejo de Ministros para su aprobación por el Ejecutivo.
Chehade señaló que el procedimiento podría tomar poco más de un mes, pero que la celeridad dependerá de las instancias judiciales involucradas.
El abogado de Schütz, César Nakazaki, calificó de inútil el intento de Chehade al señalar que no hay pruebas sólidas para que su patrocinado sea juzgado en Suiza por los delitos de los que se le acusa.
"Existe un principio que se llama de justicia por representación que procede justamente en aquellos casos en los que no corresponde la extradición. Si el Estado quiere asumir el riesgo de presentar pruebas a Suiza, tiene que cumplir los estándares probatorios, pero encuentro difícil que pueda probar que la persona que supuestamente ha recibido dinero no es un receptor, sino un cómplice de peculado en primer grado", manifestó Nakazaki.
EL SIGUIENTE EN LA MIRA
Aunque recién está en evaluación, este mecanismo legal para que otro país haga justicia al Estado Peruano podría ser también utilizado en el caso del empresario israelí Moshe Rothschild Chassin, de modo que pueda rendir cuenta por la venta de 36 aeronaves de combate MIG-29 y Sukhoi-25 de Bielorrusia a la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en 1996.
El Estado Peruano abonó a Rothschild y a sus socios, Enrique Benavides Morales y Claus Corpancho Kleinicke, un total de US$445 millones para la compra de 36 aviones de combate y un paquete de repuestos y radares.
Según los testaferros de Montesinos Víctor Venero, Juan Valencia Rosas y Luis Duthurburu Cubas, las aeronaves tenían un precio sobrevalorado, además de que se pagó cerca de un 20% de "comisión" al 'Doc'.
Así las cosas, el Perú le pediría a Israel (que tampoco entrega a sus connacionales para que sean juzgados en otro país) que juzgue a Rothschild, cuyo domicilio en ese país se ubica en Hazait 6, Gane Yehuda, en la provincia de Hamerkaz.
El paradero de Rothschild fue informado al Perú a principios del 2004 por la Procuraduría General de Panamá, la cual investigaba las cuentas de Montesinos y a sus socios y testaferros en ese país.
Pedro Fujimori está en lista de espera
La Unidad de Extradiciones de la Procuraduría Ad Hoc que dirige Omar Chehade también está pendiente de que los casos de familiares del ex presidente Alberto Fujimori comprometidos en presuntos casos de corrupción no queden en la impunidad.
En el caso del hermano del ex mandatario, Pedro Fujimori, está en trámite ante los EE.UU. su extradición por haber cometido los presuntos delitos de peculado y asociación ilícita para delinquir.
La solicitud de extradición la hizo la Segunda Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima a las autoridades judiciales de dicho país y fue aceptada por el Ejecutivo mediante la R. S. 032-2007-JUS (7 de febrero del 2007).
Pedro Fujimori es acusado de usar irregularmente las donaciones que entidades y ciudadanos japoneses enviaban al Perú a través de la ONG Apenkái.
Consultado al respecto, el congresista Santiago Fujimori denunció que el Ministerio Público formuló la acusación contra su hermano sin haber hecho una auditoría previa. "¿Cómo se puede acusar sino se hizo una auditoría?", se preguntó.
El siguiente en ser pedido en extradición --pero a Japón-- será el cuñado de los Fujimori, Víctor Aritomi, por su vinculación con el Caso Apenkái.
EL DATO