Dirigentes amenazaban a agricultores para que participasen en la protesta

Por Ricardo León Almenara. Enviado especial

La primera impresión durante el segundo día de huelga agraria era dramática: decenas de ómnibus retomaron su recorrido hacia Lima durante la madrugada del martes, pero la mayoría con los vidrios destrozados a causa de las piedras lanzadas por los manifestantes la noche del lunes.

De todos modos, la jornada se inició ayer con relativa calma en las provincias del norte del departamento de Lima, donde se habían registrado incidentes violentos la víspera.

De hecho, el propio jefe de la Dirección de Protección de Carreteras de la Policía Nacional, coronel PNP Guillermo Arteta, confirmó que el tránsito en toda la Panamericana Norte era fluido y que las vías estaban resguardadas por unos 600 efectivos.

En un recorrido realizado por dicha carretera se pudo confirmar que aún no habían sido desplegados efectivos del Ejército, como se esperaba tras la declaratoria del estado de emergencia en siete provincias del país.

DURO ENFRENTAMIENTO
Uno de los puntos más críticos fue el puente Huarmey (a la altura del kilómetro 295 de la Panamericana Norte), en la localidad del mismo nombre.

El mayor PNP Eduardo Arrunátegui, comisario de dicha jurisdicción, informó que 800 manifestantes --algunos eran agricultores, otros delincuentes: no había cómo distinguirlos en la oscuridad-- se enfrentaron en la madrugada del martes a la policía y a grupos de pasajeros, que tuvieron que defenderse ante los ataques.

El desorden, el pánico y la incertidumbre se instalaron por varias horas en este sector. Arrunátegui comentó que los dirigentes de la manifestación invocaban a los agricultores, vía megáfonos, que se plegasen a la huelga porque de lo contrario recibirían una multa de hasta S/.50 y el corte del suministro de agua a quienes no cumpliesen con ese pago.

En el enfrentamiento por el control del puente participó, además, un contingente policial proveniente de Chimbote. El general PNP Javier Aliaga, al mando de estos efectivos, informó que se capturó a seis manifestantes, que fueron derivados a la sede de Seguridad del Estado en Chimbote, ya que mantenerlos detenidos en la comisaría de Huarmey era riesgoso dado que otros agricultores podían intentar liberarlos.

Las fiscalías de Huaura, Huaral y Barranca abrieron investigaciones preliminares a por lo menos 80 personas capturadas por la policía. De proceder las denuncias, ellos podrían recibir entre 4 y 6 años de prisión por bloquear carreteras e interrumpir el tránsito, y de 6 a 8 años en el caso de que hayan actuado con violencia y atentado contra personas.

TRANQUILIDAD A MEDIAS
Antes del mediodía, en el local de la Junta de Usuarios de Riego Huarmey-Culebras, un grupo de agricultores mostró su desa-cuerdo con la forma como se llevó a cabo la manifestación, y acusó al presidente de dicha junta, Santiago Villar Alfaro, de carecer del liderazgo suficiente.

Villar había viajado a Lima para reunirse con los presidentes de las distintas juntas de usuarios de riego del país.

En el distrito de Pativilca, en ruta hacia la provincia de Huaraz (Áncash), se pudo apreciar montículos de piedras ya removidos, pero que ilustran las dificultades que atravesaron los transportistas. Policías denunciaron que, una vez retiradas las piedras y ramas de árboles que interrumpen el tránsito, estas volvieron a ser colocadas.

Esta situación se pudo apreciar también en la carretera que une Huaraz con Carhuaz.

PUNTO DE VISTA
EDUARDO HERRERA. Abogado

Muchas normas, pocos resultados
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que el lunes, primer día del paro agrario, más de 140.000 pasajeros tuvieron problemas en las carreteras. Además, unos 300 vehículos de carga interprovincial sufrieron daños.

El Ministerio Público confirmó que el lunes falleció en Huacho Julio Rojas Roca (27) durante el paro agrario.

El coordinador de la Asamblea de Presidentes Regionales, Yehude Simon, criticó la declaración del estado de emergencia en siete provincias. "Es un exceso y no habla bien del país", indicó.

Ante los últimos sucesos, como las recurrentes tomas de carreteras, nuestro Código Penal ha reaccionado infructuosamente y la realidad lo demuestra. Actualmente, hay dos artículos aplicables a este tipo de casos: el 200, modificado por el Decreto Legislativo 982, y el 283.

La diferencia es que en el primer artículo el agente persigue una finalidad básicamente patrimonial, en tanto que en el segundo artículo el sujeto activo busca atentar contra la seguridad pública.

Las formas de incriminación de los distintos actores en estos hechos también están previstas. Por ejemplo, el caso de aquel dirigente que motiva la acción de toma de carretera, pero que no aparece en la escena del acto violento.

Para esto, nuestro Código Penal ha concebido la figura de la instigación, definida en el artículo 25 del cuerpo de leyes y que fundamentalmente se orienta contra aquel que determina (u ordena) a otro a cometer el hecho punible.

Las penas también son por demás altas ya que en el caso del artículo 200 hablamos de sanciones de cárcel de entre cinco y diez años, mientras que en el caso del numeral 283 las penas fluctúan entre los cuatro y los seis.

La pregunta es: ¿Qué está fallando entonces? En simples términos, considero que el punto neurálgico se encuentra en la falta de autoridad y en la equivocada percepción en la forma de solucionar estos problemas; mejor dicho, el Código Penal no tiene la culpa de todo, ni es, tampoco, solución para todo.