De los 2,5 millones de víctimas de trata, el 10% serían latinas

Por Elizabeth Salazar Vega / Fabiola Torres López

El rostro asustado de una adolescente de 13 años confirmó la información de inteligencia que había recibido la policía. El pasado domingo, a la 1:45 p.m., un ómnibus de placa UK-2782 de la empresa Flores fue intervenido en Barranca. La denuncia de la desaparición de una chica con sus mismas características puso en la mira a sus acompañantes: Jenny Juárez (29) y Juri Changanaqué (21). Tras interrogarlas, la policía comprobó que no eran sus familiares, sino sus secuestradoras, quienes la trasladaban a un centro de explotación sexual en el norte del país.

Dos días antes, su familia había denunciado su desaparición cuando jugaba cerca de su casa, en Chiclayo. Este sería el último caso conocido de trata de personas en el Perú. ¿Cuántos otros peruanos están siendo retenidos y explotados en provincias o en algún lugar del mundo? "La falta de datos estadísticos nos limita a mirar las huellas de un monstruo, cuya forma y tamaño solo podemos adivinar". Las palabras del vicesecretario de la ONU, Antonio María Costa, resumen el principal obstáculo que tienen los gobiernos para enfrentar el comercio de seres humanos.

La semana pasada, expertos y funcionarios públicos de 116 países se reunieron en Viena para participar en el Primer Foro Internacional de Gobiernos contra la Trata, organizado por la ONU. Las exposiciones confirmaron la gravedad de un problema en el que se estima están involucradas 2,5 millones de personas en el mundo, según las Naciones Unidas. Las víctimas estarían siendo explotadas en trabajos forzados, prostitución, pornografía, mendicidad y tráfico de órganos. Es decir, las distintas formas en que se presenta este delito. Al menos 161 países aseguran verse afectados por la trata, ya sea porque son destinos de explotación o lugares de origen de las víctimas. No hay patrones fijos, pero la ONU calcula que el 10% de las personas explotadas proviene de América Latina, mientras que el 56% de Asia y el resto de África, Europa del Este y Oriente Medio.

En el foro también participaron la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional de la Migración (OIM), Unicef, entre otros. "Unos de los principales acuerdos fue formar una alianza para unificar los instrumentos de recolección de estadísticas confiables, y dar pasos concretos para prevenir y perseguir el delito", apuntó Andrea Querol, directora ejecutiva de la organización CHS Alternativo, quien formó parte de la delegación peruana.

ESTAMOS A PRUEBA
Perú participó exponiendo su principal logro: el Sistema Estadístico RETA, el cual permite a la policía identificar el delito sin confundirlo con maltrato infantil o abuso sexual, y por ende sancionar con mayor severidad a los tratantes. Con este instrumento se ha podido determinar que 187 personas (60% de ellos menores de edad) fueron rescatadas de redes de explotación en el país, del 2005 a enero del 2008. Sin embargo, estas cifras no reflejarían la realidad si tomamos en cuenta que 571 denuncias por desaparición de personas no han sido resueltas desde hace tres años, según la Dirincri. El delito sigue oculto, y eso lo demuestran las 155 denuncias penales que están en curso, solo en Lima, por delitos conexos a la trata, de acuerdo con el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público.

BALANCE EN ROJO
Sin embargo, el Perú no cumple aún los estándares óptimos para combatir la trata. Desde el 2006, el Departamento de Estado de EE.UU. mantiene a nuestro país en la categoría 2 de los tres niveles en que se clasifican a los gobiernos en función de los compromisos asumidos. En unos meses EE.UU. terminará su evaluación para el próximo informe anual, y de no haber avances, Perú podría retroceder.

Uno de los temas pendientes es la reglamentación de la Ley contra la Trata de Personas, la cual permitirá concretar la asistencia a las víctimas y fortalecer el trabajo de investigación. La ley se aprobó hace más de un año y recién a fines del 2007 la propuesta de reglamento estuvo lista, pero no fue puesta en agenda del Consejo de Ministros para su aprobación. Además, los cambios ministeriales reformularon los pasos a seguir y ahora el documento tendrá que ser devuelto para que los nuevos funcionarios sean quienes pongan su rúbrica.

"Esperemos que esto no implique una revisión del contenido y regresemos a cero", sostuvo Antonio Encinas, asesor de Derechos Humanos del Mininter. Un camino similar afronta el Plan Nacional contra la Trata, necesario para definir las obligaciones de los sectores, pues desde hace tres meses está en el área legal del Mininter.

Otra debilidad mostrada por el Estado para combatir a las mafias de trata es el permisible sistema de control migratorio. La Dirección General de Migraciones y Naturalización (Digemin) carece de herramientas para detectar falsificaciones de actas de nacimiento y permisos de viaje --judiciales y notariales-- de un menor.

En respuesta, la Defensoría del Pueblo instaló una mesa de trabajo en la que Migraciones, el Colegio de Notarios de Lima y el Poder Judicial acordaron elaborar un registro interconectado de los permisos, para que entre ellos confirmen su autenticidad. Además, el documento tendrá medidas de seguridad.

Lo que sigue pendiente es el control de la salida de menores de los terminales terrestres. Paralelamente, 36 Defensorías Municipales del Niño y Adolescente se capacitan para detectar y derivar los casos de explotación sexual y mendicidad en sus distritos. El Ministerio de la Mujer anunció una campaña para "erradicar la mendicidad infantil en 8 meses". Estas acciones propuestas por el sector son de corto plazo y parecerían más interesadas en las cumbres de este año que en una política de Estado.