Ministra advierte contaminación de funcionarios por el narcotráfico

Por Rocío La Rosa Vásquez

Fuerte y claro habló ayer la ministra de Justicia, Rosario Fernández, sobre las debilidades que todavía se evidencian en la lucha contra el narcotráfico y lamentó que haya una alta percepción por parte de la población --que supera el 40% según la última encuesta nacional de El Comercio hecha por Ipsos Apoyo el domingo 17-- de infiltración e influencia del narcotráfico en las instituciones encargadas de combatirlo como la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Congreso y los gobiernos locales.

"Yo espero con buen ánimo que esa percepción no sea cierta porque entristece terriblemente (...) igual no importa el porcentaje, así fuera el 1%", manifestó. Sin embargo, no negó el avance silencioso de este flagelo. "Estoy alarmada como ciudadana, hemos vivido otros tiempos en que el narcotráfico no era considerado ni remotamente en la sociedad", comentó.

A propósito de algunos enfrentamientos públicos entre autoridades que trabajan en el tema, Fernández también pidió mesura. Se refirió como ejemplo, al problema surgido entre la fiscal provincial Luz Loayza --que investigó al narcotraficante Fernando Zevallos-- y la Junta de Fiscales Supremos. La primera se resiste a acatar una orden de traslado a Maynas por considerar que su vida corre peligro.

"Las instituciones no se pueden perder en las discusiones personales o luchas intestinas priorizándolas frente a la fortaleza de una auténtica lacra", refirió.

También llamó la atención de quienes se encuentran al frente de estas instituciones jurisdiccionales y les recordó que si, lejos de esforzarse en enfrentar al enemigo, se ponen a discutir, el mensaje será que no son capaces de resolver el problema.

"Hay que hacer investigaciones profundas de lavado de activos. Deben darse procesos rápidos con penas ejemplarizadoras (...) esa gente con capacidad para disfrutar de dinero mal habido tiene que ser sancionada ejemplarmente y recluida en los penales que corresponda (...) es el único mecanismo que permitirá dar un mensaje claro y específico", declaró Fernández en RPP.

Consultado por este Diario, el congresista Juan Carlos Eguren (UN), señaló que esta percepción negativa de la población no es novedosa sino reflejo de la poca credibilidad que tienen nuestras instituciones y el Estado en su conjunto. Esta situación se agrava --continuó-- por el hecho de que el Gobierno no haya hecho un diagnóstico adecuado del problema, en consecuencia, carece de una estrategia para enfrentar el tráfico ilícito de drogas.

"Sin lugar a dudas es una tarea de todos los sectores, sin visión ideológica ni partidaria", reconoció luego el parlamentario.

MANDOS CONTAMINADOS
Fernández también se pronunció respecto a que, si bien el presidente Alan García y los miembros del Ejecutivo han expresado reiteradamente su disposición de no dar tregua al narcotráfico, existen todavía actuaciones que dejan mucho que desear en el ámbito de funcionarios de mando medio.

Señaló por ejemplo, el caso de la jueza que rechazó un pedido de hábeas corpus de la fiscal Loayza, la misma que, según informara este Diario, había favorecido en otros dos procesos a Zevallos. O el vivido por el periodista de esta casa editora, Miguel Ramírez, quien acaba de ser víctima de una extraña maniobra. Cuando se disponía a entrevistar a un antiguo colaborador del mencionado narcotraficante, un fiscal irrumpió abruptamente y indicando que la esposa del entrevistado había denunciado a Ramírez por extorsión (ver testimonio en la A14).

"En muchos casos los mandos medios están contaminados y parte de la responsabilidad de los mandos superiores es implementar los mecanismos para expurgar a estas personas". Fernández preguntó qué hace un fiscal presentándose cuando se va a hacer una entrevista que buscaba poner al descubierto una situación irregular.

"Como ministra de Justicia le pido cortés, amable pero firmemente al Ministerio Público y a su señora representante que precise y explique la conducta de ese fiscal", invocó Fernández, quien recomendó la destitución del funcionario de comprobarse una conducta irregular. Este Diario intentó conversar con un vocero de dicho organismo, pero no hubo respuesta.

Fernández aprovechó la ocasión para referirse a la Ley de Pérdida de Dominio, cuya derogatoria fue propuesta por la Comisión de Constitución el año pasado. "Es un gran avance, yo espero realmente que en el Congreso tengamos una voz unánime", dijo tajante.

Dicha norma pretende evitar la circulación de bienes de origen ilícito, los que pasarán a poder del Estado una vez acreditada la comisión de un delito. Tras las críticas que la tildaban de inconstitucional, la norma fue mejorada y espera su discusión en el Parlamento.

Al respecto, el congresista Eguren señaló que en la Comisión de Justicia todavía no han visto el nuevo documento. "La Ley de Pérdida de Dominio tenía niveles de inconstitucionalidad (...) no se trata de apoyar a ciegas, apoyaremos con las modificaciones del caso", dijo.

LAS FRASES
"Espero que en el Congreso haya una voz unánime sobre la Ley de Pérdida de Dominio (...) es un gran avance (contra el narcotráfico)"
ROSARIO FERNÁNDEZ 
MINISTRA DE JUSTICIA

"La Ley de Pérdida de Dominio tenía niveles de inconstitucionalidad, la apoyaremos con los cambios del caso"
JUAN CARLOS EGUREN (UN)
COMISIÓN DE JUSTICIA

LAS CIFRAS
440% de consultados en el país considera que la Policía Nacional está muy influenciada por los intereses del narcotráfico, según la última encuesta de El Comercio hecho por Ipsos Apoyo.
437% de los encuestados percibe este alto nivel de infiltración en los gobiernos locales de las zonas cocaleras del país.
436% opina que este flagelo está muy enraizado en las organizaciones campesinas de las zonas cocaleras como el Alto Huallaga y el valle de los ríos Apurímac y Ene.
431% le puso la cruz al Poder Judicial, lo cual resulta preocupante pues se trata del máximo órgano encargado de impartir justicia en el país.
426% considera que el narcotráfico ha contaminado a nuestras Fuerzas Armadas, que recibieron hace poco la tarea de apoyar a la Policía Nacional en esta lucha.
418%de los entrevistados percibió que el largo brazo de los narcotraficantes alcanzó al Congreso. Esta fue la institución que salió mejor parada.