No al congresista de doble moral

El Congreso debería valorar en su real dimensión la importancia de decisiones como la que adoptó la semana pasada la Comisión Permanente, cuando aprobó la acusación constitucional contra la parlamentaria aprista Tula Benites.

Salvaguardar la institucionalidad parlamentaria demanda eso y mucho más, sobre todo en situaciones como la descrita en que existen evidencias de que se cometieron delitos.

Los congresistas, tan sensibles cuando arrecian las críticas en su contra, tendrían que estar siempre listos para rechazar y sancionar estos actos incluso antes de que aparezcan en la prensa. Y es que no solo traducen una doble moral, sino una consciente voluntad de usufructo de la representación parlamentaria.

En este caso satisface que la Comisión Permanente y que los congresistas apristas hayan votado a favor de la acusación constitucional, colocando a Benites a un paso del desafuero. En realidad, como correspondía, renunciaron al llamado blindaje de la bancada de gobierno, que dilató el proceso seguido a la parlamentaria.

Pero para hacer prevalecer la ley, y no apetitos e intereses particulares y turbios, es necesario que apenas inicie sus actividades el pleno desafuere a Benites de su inmunidad congresal. No puede permitirse la impunidad en el Parlamento ni en el Palacio de Justicia, donde el proceso debe continuar, como sucedió con el caso de la congresista Elsa Canchaya de Unidad Nacional.

Se requiere un acto de contricción del Congreso, llamado a demostrar ahora su compromiso con la ética en dos casos más: el del fujimorista Ricardo Pando, denunciado por subcontratar a un agente de seguridad y pagarle con el sueldo de una empleada fantasma, y el del aprista Elías Rodríguez, acusado de recibir muebles de la cuestionada familia Sánchez Paredes.