Estudio revela prácticas ilegales y deficiencias en gobiernos locales

En el 2006, la Municipalidad Provincial de Chachapoyas le cobró a la señora Lilia Castro Arbildo S/.50 por concepto de un procedimiento denominado "ruptura de pistas y veredas", el cual está relacionado con la instalación del servicio de agua potable y desagüe. El referido cobro se llegó a realizar a pesar de que en el sector donde reside Lilia no había pistas ni veredas adyacentes a su domicilio.

En más de una oportunidad, la afectada fue hasta el concejo provincial para pedir la devolución del pago realizado indebidamente, pero allí le dijeron que el cobro se había dado conforme a lo establecido en el texto único de procedimientos administrativos (TUPA) y que, por lo tanto, no cabía la restitución de pago alguno.

La señora Lilia Castro decidió acudir entonces a la Oficina Defensorial de Amazonas. Tras realizar las investigaciones correspondientes, personal de la institución llegó a la conclusión de que el cobro por ruptura de pistas y veredas para la instalación de servicios de agua potable y desagüe en zonas que no cuentan con dicha infraestructura constituía un exceso de la administración edilicia debido, entre otros factores, a que no hubo una verificación plena de la realidad. A la señora Lilia Castro, finalmente, le devolvieron los S/.50.

PROBLEMÁTICA GENERAL
El caso de la señora Lilia Castro es solo uno de los miles que se presentan a diario como consecuencia de las deficiencias en la prestación de servicios administrativos por parte de los gobiernos locales en diversos puntos del país.

Según un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo, que será presentado hoy, el cobro de tasas administrativas desproporcionadas, el incumplimiento de plazos legales y las barreras burocráticas son algunas de las principales deficiencias detectadas en la prestación de servicios por parte de numerosas municipalidades instaladas en todo el país.

Así, el estudio consigna una serie de prácticas incorrectas aplicadas por diversos gobiernos locales entre los años 2006 y 2007, las cuales se han visto justificadas por estas instituciones bajo el amparo de la autonomía municipal, a la cual se le está asignando un contenido absoluto que no se ajusta a los parámetros del Estado.

Según el documento titulado "¿Uso o abuso de la autonomía municipal? El desafío del desarrollo local", la Defensoría del Pueblo realizó entre los años mencionados 12.696 investigaciones a gobiernos locales. Estas permitieron determinar que había 3.256 casos referidos a problemas de gestión y prestación de servicios municipales.

De este último universo, el informe ha extraído 56 casos representativos que muestran el incumplimiento de normas contenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley de Tributación Municipal y la Ley de Procedimiento Administrativo General.

Recomendaciones de la defensoría
La jefa del programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo, doctora Elena Alvites, señaló a El Comercio que el estudio busca dar cuenta de esta problemática para hallar alternativas de solución.

Para conseguir este objetivo, dijo, lo que debe hacerse en primer lugar es recordarle a las municipalidades cuál es el contenido de su autonomía y en qué marco debe ejercerse esta, e instarlas a cumplir las obligaciones legales específicas que les corresponden.

Otra de las recomendaciones, indicó, está dirigida al Congreso, el cual, entre otras acciones, debería modificar la Ley Orgánica de Municipalidades .

Según la experta, el Poder Ejecutivo, en tanto, debería reglamentar la organización y el funcionamiento del Consejo de Coordinación Intergubernamental.