Hay una parálisis del Estado en el VRAE

Por Mariella Balbi. Periodista

Usted ha dicho que la ciudad de Andahuaylas se ha convertido en el Medellín andino, el alcalde dice que su afirmación es irresponsable e inexacta.
Yo me ratifico en el uso de esta figura. Andahuaylas es la ruta de la droga desde 1970 y esto ha ido en ascenso. Entre 1980 y 1990, cuando el Perú exportaba droga a los cárteles colombianos, fue una zona de procesamiento de pasta básica de cocaína (PBC) a cargo de algunas familias. A partir del 2001 el gran cambio que se registra es que la PBC y el clorhidrato ya se procesan en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE). Andahuaylas es también una zona de lavado de activos. Hay firmas locales de narcotraficantes que compran la droga en el VRAE, la trasladan con 'cargachos' (así se les llama a los muchachos que llevan en sus mochilas de 12 a 14 kilos de PBC), toman los caminos de herradura y salen por Chincheros y Andahuaylas. En esta última se ve un 'boom' de la construcción, en una zona donde paradójicamente hay sobreproducción de papa, esta no tiene precio. El 'boom' no se explica por la producción agrícola ni por la ganadería, sino por la droga. Hay grifos, empresas de transporte y otros negocios, además se ven camionetas 4x4, es gente reconocible. Hace cuatro décadas que Andahuaylas vive de la droga. Yo no uso el término peyorativo que se emplea allá: 'Pichihuaylas' (por 'pichicata'), ni digo que todos los habitantes están vinculados al narcotráfico. Es una ciudad andina intermedia, donde todos se conocen y saben cuáles son las familias que están en el negocio de la droga y pertenecen al mundo empresarial de la zona.

¿Cuántas familias se dedican al negocio de la droga?
Bastante más de lo que se imagina, el número es grande. ¿Sabe cuánto cuesta el metro cuadrado en el casco urbano?

¿Cuánto?
Mil dólares. En ninguna ciudad de las mismas características cuesta eso. La profundidad, la antigüedad y el lavado de activos que tiene ahí el narcotráfico me llevó a hacer la comparación con Medellín.

¿Las autoridades están en el negocio de la droga?
Lo que se ve es silencio y complicidad. No es posible que la policía, la Sunat, el Ministerio Público no sepan lo que ocurre cuando es vox pópuli.

¿La Sunat sería cómplice?
No puedo afirmarlo, pero no actúa. En realidad hasta el ataque a la comisaría de Occobamba, ocurrido en noviembre pasado, Andahuaylas ha estado al margen de cualquier investigación, ni se conocía la importancia que ahí adquirió el narcotráfico. Es un camino de salida inevitable, estratégico, para que gran parte de la droga que se produce en el VRAE llegue a Puno y Bolivia.

¿Se ha incrementado la producción de hoja de coca en la zona?
En el VRAE, la producción ha llegado a su nivel más alto. Las mediciones sostienen que a escala nacional la producción de hoja de coca ha subido poco, pero no en el VRAE. Antes no había hoja en el Ene y ha llegado hasta Echarate, en La Convención (Cusco).

¿Cuántos productores se dedican al cultivo en el VRAE?
Se estima que en el Perú hay 73 mil productores; 8.453 son legales, es decir, que registraron sus ventas a Enaco. En el VRAE son 17 mil familias aproximadamente que se dedican a esto. El precio de la hoja se mantiene en 60 a 70 dólares la arroba (11,5 kilos), hay gran producción y el precio que se obtiene es mejor que el de cualquier producto agrícola.

¿Cómo operan las firmas?
Tienen su cadena armada. Los 'poceros' son independientes de la firma. Son campesinos con más de dos hectáreas que procesan, producen PBC, es una actividad microfamiliar. Los 'burriers' de cada firma les compran la droga. También fuera del valle hay firmas que refinan. Es una realidad compleja, lo que va hacia Puno y Bolivia es clorhidrato de cocaína, las firmas que lo transportan lo refinan. En las afueras de Andahuaylas hay laboratorios, la droga sale como cocaína hacia Huancayo, luego va a Lima y toma las rutas del litoral peruano.

¿Los 'mochileros' y los 'burros' llevan básicamente PBC?
Sí, aunque últimamente está saliendo cocaína del VRAE, pero en menores cantidades. En general son las firmas de intermediarios las que refinan.

¿Entonces es una zona liberada del narcotráfico?
Definitivamente, no está siendo combatido. No hay erradicación, como en el Huallaga. La destrucción de pozas, de laboratorios es esporádica y no se detiene a nadie. Además, los laboratorios y las pozas se reconstruyen rápidamente, mientras que no se desarticule la cadena económica que significa el narcotráfico no pasará nada. Hace cuatro años se incautaron seis toneladas de PBC en Ilo, una cantidad inmensa, la más grande hasta hoy. Fueron acopiadas en Acobamba y en Andahuaylas. El alcalde no puede negar esto.

¿Hay una política de desarrollo alternativo en el VRAE?
Quienes trabajaban en desarrollo alternativo ya dejaron la zona, no tiene sentido si no hay erradicación. Incluso Devida se está retirando.

A raíz del atentado a la comisaría de Occobamba se instaló una base antidrogas. ¿Funciona?
El tráfico no ha cesado, continúa igual. Este se hace por caminos de herradura, entre la medianoche y la madrugada. La policía hace control en la carretera y solo de día. No sirve, se está gastando dinero sin éxito. Desde su instalación no hay incautaciones importantes. Hay mucha corrupción policial: al comisario de La Mar lo detuvieron con 30 kilos de cocaína; al de Quinua lo encontraron vendiendo cocaína. Se desbarató una banda de ex policías con conexión con policías en actividad; asaltaban a los 'cargachos' y revendían la droga. La versión que se maneja sobre el comisario de Occobamba es que habría detenido a cuatro 'burros', cada uno llevaba 50 kilos, en Tres Cruces, pero se denunció una incautación de 82 kilos, sin detenerse a nadie. Entonces, había un faltante; por eso la firma contrató a la columna de Sendero presente en esa zona. Durante setiembre y octubre Sendero estuvo en el valle del Pampas, en Chungui y Huaccama. Fue Sendero el que atacó la comisaría y ajustó cuentas con el comisario.

Ese grupo narcosenderista abjura de Abimael Guzmán y de 'Feliciano'.
Incluso llaman a Abimael Guzmán genocida y terrorista, consideran que el 'pensamiento Gonzalo' los llevaría al fracaso. Cuando ocurrió el ataque, dejaron un pronunciamiento y un manuscrito con sus planteamientos, pero la policía no ha dado cuenta de estos documentos.

¿Cuántos narcosenderistas hay en el VRAE?
Se calcula que son 350 hombres armados. Ellos buscan ser los concesionarios de todas las rutas, garantizando que no haya incautaciones. Han atacado unidades móviles de la policía en Colcabamba, Quinua, al puesto de seguridad de Cobriza.

¿En el VRAE hay pistas de aterrizaje?
Hace unos meses se encontró una pista en el valle Esmeralda, muy cerca de la base militar. Una avioneta tuvo dificultades y se quedó varada, la desmantelaron para fondearla en el río. Esto quiere decir que hay vuelos, pero no se puede hablar de un puente aéreo, como ocurría con Colombia en 1990.

¿La base militar no combate a Sendero?
Esa es zona de emergencia desde el 2003, pero no han ocurrido acciones importantes contra el neosenderismo. Es más, este ha crecido y tiene mayor capacidad operativa militar, realiza acciones armadas desde Satipo hasta Occobamba. No hay un plan de desarticulación de esta organización. En general hay parálisis del Estado. El VRAE no solo envía droga a Puno y Bolivia, sino también a Lima y de ahí sale por el litoral en barco. Eso quiere decir que la droga la mueven firmas nacionales grandes. El Perú está satisfaciendo la demanda de Europa y Asia. No hay una estrategia integral de lucha contra el narcotráfico, hay decomisos, erradicación, pero no un trabajo articulado. El mayor déficit es el de la fiscalización financiera. No se ha detenido a un barón de la droga importante. Los insumos químicos llegan a los valles sin problemas. Detener a 'mochileros' está bien, pero ellos no son las piezas importantes. ¿Quiénes son los dueños de la carga, quién les paga? El Poder Judicial tampoco es activo ni firme. Hace poco asesinaron cerca del penal San Jorge a José Mori. A él le encontraron 100 kilos de PBC y la jueza le concedió libertad. Es obvio que el narcotráfico tiene fuerte influencia en el Poder Judicial. Y mire al congresista del Apra, vinculado con los Sánchez Paredes, y el ex asesor del ministro del Interior es gerente en las empresas de Sánchez Paredes. No se observa voluntad política para enfrentar el narcotráfico.

4 "La ordenanza regional de Puno es pro narcos"
¿Puno está infiltrado por el narcotráfico?
Por supuesto, hay nuevos ricos.

¿La ordenanza del Gobierno Regional de Puno que declara patrimonio regional la hoja de coca, consolida a Puno como narcorregión?
Esa norma desafía el estado de derecho. Hay una norma del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional dos ordenanzas parecidas dadas por Huánuco y Cusco. El informe de Naciones Unidas del 2007 indica que las tierras altas de los valles de Inambari y Tambopata, en Puno, son zonas de sobreproducción de coca, va en aumento. Hay fuerte presencia del narcotráfico. A fines del año pasado se encontraron aeropuertos clandestinos en Sandía, se hallaron dos avionetas con restos de cocaína. Cuando hay vuelos significa que la producción es fuerte y que se refina. ¿Entonces, cómo se le ocurre a un presidente regional declarar la hoja de coca como patrimonio regional?

¿Está siendo aliado del narcotráfico?
Por supuesto, esta norma es pro narcos. El presidente regional tiene que saber que Puno es una zona de salida de la droga que viene del VRAE y va hacia Bolivia. Con la ordenanza legitima a los cocaleros en su defensa del cultivo de hoja de coca y avala el exceso de producción. El narcotráfico busca expandirse a otras zonas del país, una de ellas es Puno, la otra es la sierra de La Libertad con la cuenca del Marañón, quiere dispersar la producción. La ordenanza recoge todas las banderas del movimiento cocalero, mencionando que impulsará la industrialización de la hoja de coca. También señala que empadronará a los cocaleros, sabiendo que ya se tiene un padrón y que el suyo solo busca legalizar a los ilegales.

¿A cuánto asciende la producción de droga en el Perú?
En el 2004 estimábamos que eran 289 toneladas, restamos 13 de incautaciones de la policía y 16 que iban al consumo interno. La exportación llegaba a 261 toneladas, que equivaldrían a 18.500 millones de dólares. Nuestro cálculo era que el lavado de activos significaba 1.053 millones de dólares, la policía ahora lo estima en 2.000 millones de dólares y esto es muy posible.