Colombia debe disculparse, pero...

Por El Mercurio de Chile. Editorial

El 21 de febrero pasado, estas páginas alertaban sobre el problema de alcance sudamericano que representa la tensión que el presidente de Venezuela ha venido incrementando en su relación con Colombia, y comentaban los análisis de diversas fuentes en cuanto a que ello respondiera a un intento de desviar la atención venezolana de los crecientes problemas internos causados por sus políticas. Lamentablemente, esa aprensión se ha visto relacionada con la muerte del segundo hombre de las FARC en territorio ecuatoriano, en una operación realizada por las fuerzas armadas colombianas.

Desde 1964, Colombia ha sufrido una real guerra por las actividades terroristas de las FARC. Este caso es comparable al de la ETA en España. Sus golpes de violencia persistieron por años, hasta que Francia resolvió colaborar con su vecina, tras lo cual ese movimiento extremista, privado de refugio seguro allende la frontera, comenzó a debilitarse rápidamente.

En cambio, ante un problema similar, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha tenido que luchar solo, sin cooperación vecinal. Las condiciones geográficas en su zona limítrofe con Ecuador dificultan muchísimo las operaciones, y el presidente Chávez no ha dejado margen alguno de duda sobre su postura respecto de las FARC.

La irritada reacción del presidente Rafael Correa es comprensible y justificada, pues Ecuador está sosteniendo un principio claro: nada justifica la violación por un Estado del territorio de otro. No obstante, incidentes de esa especie se producen con frecuencia en todo el mundo, deliberada o accidentalmente, provocando reacciones diplomáticas a menudo ásperas, pero sin que eso, en la gran mayoría de los casos, se traduzca en una amenaza de guerra.

Sin embargo, igualmente central es el principio de que Ecuador, como gobierno democrático, debe renovar también una postura clara frente a las FARC. Nada justifica que su territorio pueda constituir asilo para una organización armada de un tercer país, una guerrilla que emplea sistemáticamente el terrorismo, y cuyo propósito expreso es derribar el sistema democrático de un país vecino para reemplazarlo por un régimen totalitario. Frente a esto, los gobiernos democráticos están obligados a actuar en contra de una situación semejante. Sería, por tanto, extremadamente grave si se acreditare --como Colombia ha anunciado que lo hará ante la ONU y la OEA-- que habría acuerdos entre las FARC y los gobiernos de Ecuador y Venezuela, según se desprendería de información contenida en el computador del jefe guerrillero abatido.

Si Colombia le debe una disculpa seria a Ecuador --como lo señaló la presidenta Bachelet--, también Ecuador debe comprender la situación de Colombia, y la posición chilena debería contemplar equilibradamente ese factor, ojalá en los marcos de la organización continental.