DENUNCIA SOBRE LAS EJECUCIONES NO FUE INVESTIGADA
Por Mario Mejía Huaraca
El general Nicolás Hermoza Ríos, quien en 1992 era presidente del Comando Conjunto de las FF.AA., tenía conocimiento de la matanza de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta. Así lo sostuvo ayer el coronel Carlos Miranda Balarezo durante el juicio oral que se le sigue al ex presidente Alberto Fujimori por secuestro y violación de derechos humanos.
Miranda, quien fuera jefe del Batallón de Infantería de Paracaidistas 39 del cuartel La Pólvora, relató que cuando reportó a su superior, el general Luis Pérez Documet, entonces jefe de la División de Fuerzas Especiales del Ejército, que el grupo de inteligencia al que se le había dado facilidades para ingresar a la Universidad La Cantuta había asesinado a los detenidos, el alto oficial le contestó: "¡Carajo, qué tanto te preocupas!, si ni tú ni yo tenemos que ver en este asunto, este problema es de Hermoza Ríos y de Rivero Lazo (entonces director de Inteligencia del Ejército) ".
Y aunque --según refirió Miranda-- Pérez Documet le prometió que se iba a ocupar del asunto y que iba a ordenar a Inspectoría realizar una investigación, su denuncia quedó en nada y nunca se realizó ninguna pesquisa.
Si bien Pérez Documet le reiteró que Hermoza Ríos era el responsable de lo sucedido en La Cantuta, Miranda Balarezo reconoció que "a mí no me consta que Hermoza dio la orden".
El militar, quien es procesado por el Caso La Cantuta en otro juicio paralelo, manifestó que reportó los hechos acontecidos el 18 de julio de 1992 inmediatamente después de que se lo informara el entonces teniente Aquilino Portella, quien por mandato de Pérez Documet y a solicitud de la Comandancia General del Ejércoto fue asignado para acompañar a un destacamento comandado por Santiago Martin Rivas a fin de realizar un supuesto trabajo de inteligencia en esa casa de estudios. Portella fue escogido para esa tarea porque meses antes había sido jefe de la Base de Acción Cívica del Ejército instalada en la referida universidad.
COLINA EN DOCUMENTOS
Ayer también rindió su testimonio el coronel en retiro Alberto Pinto Cárdenas, cuya primera presentación ante el tribunal fue suspendida el pasado viernes. En esta oportunidad, el ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) volvió a dar respuestas evasivas y se escudó en frases como "no lo sé", "no lo recuerdo" o "no lo puedo decir por seguridad nacional".
Sin embargo, reconoció haber firmado varios documentos en los que se ordena el "cese en el destacamento Colina" de las agentes Mariella Barreto, Rosa Ruiz Ríos y Estela Cárdenas Díaz. Dijo que eran memorandos de rutina y que no le dio importancia al nombre de Colina porque en ese tiempo no se sabía cuál era su actividad.
Pinto dijo que cuando se realizaron las detenciones del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, el coronel Santiago Zegarra, subjefe del SIN, le dijo que tenía que albergarlos en las instalaciones del SIE por orden del presidente Fujimori.
Carlos Rivera, abogado de la parte civil, sostuvo que Pinto Cárdenas es un hombre de Montesinos que vino a cubrir las espaldas al ex asesor y a Fujimori, pues ha tratado de exculparlos de toda responsabilidad.
César Nakazaki, abogado de Fujimori, dijo que a partir de lo dicho por los dos testigos se ha establecido que los únicos que pueden ordenar planes de operaciones en el Ejército son los integrantes de los diferentes comandos, pero no el presidente de la República.
Gloria Cano, abogada de las víctimas, dijo que ha quedado claro que hubo coordinaciones en los altos mandos del Ejército para las ejecuciones de La Cantuta.
Para la audiencia de mañana se ha citado a los militares Clever Pino Benamú y José Velarde Astete, aunque este último se encuentra en el extranjero.
La presentación del periodista Umberto Jara ha sido programada por el tribunal para el lunes 17 de marzo.