Atestado probaría nexos de grupo bolivariano con terrorismo

Por Jorge Saldaña Ramírez

El viceministro del Interior, Danilo Guevara, confirmó ayer que el atestado policial que entregó la Policía Nacional del Perú (PNP) al Ministerio Público sobre las 15 personas (7 de las cuales fueron detenidas en Tumbes) que pertenecen a la Coordinadora Continental Bolivariana "contiene pruebas sobre su vinculación a organizaciones terroristas o que auspician el terrorismo".

"Este documento (el atestado policial) contiene un conjunto de pruebas que no están vinculadas al mundo de las ideas sino al del terrorismo, como el de pertenecer a organizaciones terroristas o que auspician el terrorismo. Confiamos en que este atestado contiene las pruebas suficientes para incriminar a todas estas personas en delitos que están tipificados en la legislación peruana. Lo que importa son los actos concretos que las personas realizan", aseveró en una entrevista concedida al programa "Todas las Voces" de Radio Nacional.

Guevara agregó que "no es como algunas personas vienen señalando respecto a que tener ideología no es ni puede significar delito en una democracia como la nuestra y que es defendida con celo por el supremo gobierno. En efecto, algunas de estas personas tienen antecedentes de terrorismo y han estado en la cárcel, y todo hace parecer que una vez liberadas de la prisión no precisamente se han reconciliado con la sociedad, sino que han vuelto a las andadas. Pero en fin, esto tiene que ser evaluado por el Ministerio Público y por el Poder Judicial".

El viceministro no quiso entrar en mayores detalles respecto de los alcances del atestado policial, pero sí indicó que estos detenidos "aparentemente habrían hecho un mal uso de las propias libertades y derechos que la democracia les confía".

Guevara coincidió con lo dicho por la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso, Mercedes Cabanillas, en la necesidad de que se dicten normas legales complementarias para endurecer el castigo al delito del terrorismo.

En cuanto a la constitución de la comisión investigadora a las casas de la Alternativa Bolivariana (ALBA) y a instituciones conexas (acordada por el plenario del Congreso a mediados de la semana anterior), Guevara dijo que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú continúan con el cumplimiento de sus funciones, "siempre con cautela, y nosotros no podemos adelantar ni juicios ni información".

"Es un trabajo que la Policía hace en cumplimiento de sus funciones, así como lo hace nuestro Servicio de Inteligencia. El Congreso ha tomado una determinación soberana de investigar las denominadas casas del ALBA y nosotros apoyaremos cualquier mecanismo que la democracia institucionalizada haya constituido. Respetamos esa labor y repito que nosotros apoyaremos cualquier solicitud (de información) que se nos curse en ese sentido", continuó el viceministro.

Danilo Guevara evitó explayarse más sobre este tema porque las investigaciones que lleva a cabo la Policía Nacional del Perú son de carácter reservado "y sería muy aventurado de mi parte realizar algún otro tipo de comentario".

Este martes 19 se conocerán los nombres de los congresistas que formarán parte de esta comisión investigadora del Parlamento y que en un plazo de 90 días deberá rendir un informe acerca de las denominadas casas del ALBA.

PARA RECORDAR
Procedimiento sujeto a la ley

Denuncia al fiscal
El fiscal mixto de Zarumilla (Tumbes), Orlando Sánchez Urquiza, denunció el pasado jueves a 15 presuntos integrantes de la sucursal peruana de la Coordinadora Continental Boliviariana (CCB) por el delito del terrorismo. Siete de ellos fueron detenidos por la policía el pasado 29 de febrero en Tumbes.

El cabecilla
La lista de encausados la encabeza Roque Gonzales La Rosa, ex militante del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) condenado a prisión por el secuestro del ex ministro boliviano Samuel Doria Medina en 1995. Gonzales fue detenido por la Dirección Nacional contra el Terrorismo (Dircote) a su salida del II Congreso de la CCB realizado en Quito, Ecuador.

Los otros denunciados
Los otros denunciados son Damaris Velazco Huiza (32) -pareja de Gonzales La Rosa--, Guadalupe Hilario Rivas (55), María Gabriel Segura (51), Melissa Patiño Hinostroza (20), Armida Valladares Jara (33) y Carmen Asparrent Rivero. Otras ocho personas no fueron localizadas luego de que un juez tumbesino dictara la medida de detención preventiva en su contra.

En manos de una jueza
La jueza del Primer Juzgado Supraprovincial de Lima, Yessica León Yarango, dictó orden de detención contra los acusados por el fiscal. La Sala Penal Nacional resolverá la apelación para que sean juzgadas otras seis personas del colectivo "Todas las Voces" que integraba la CCB.

Los tres aspectos que faltan regular
En cualquier momento se conocerían los proyectos de ley que cubrirán los vacíos legales en materia de lucha antiterrorista. Por lo pronto hay tres aspectos que falta normar: el de la conspiración, el seguimiento de los fallos de fiscales antiterroristas y penas más duras para los terroristas.

La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso, Mercedes Cabanillas, dijo a El Comercio que urge tipificar la conspiración "como un conjunto de actos preparatorios" para un acto de violencia aun cuando este no se llegue a realizar, como aquel que compra úrea para convertirlo en un explosivo. Eso debe tener una condena".

"También hay que tener mucho ojo con los fiscales antiterroristas para que --sin afectar su autonomía-- sientan que el país está pendiente de sus resoluciones", indicó.

Cabanillas planteó también endurecer las penas contra los terroristas sin ningún tipo de beneficios penitenciarios, "que pasen entre 25 y 30 años con agravantes calificados hasta llegar a la cadena perpetua".