Sanciones por pandillaje no tienen efectos reales

Para Carlos Basombrío, especialista en temas de seguridad ciudadana, los pedidos que los municipios suelen hacer sobre mayores sanciones en temas de seguridad esconden, muchas veces, la incapacidad de estas instituciones para resolver el problema. "En los últimos años hubo al menos tres paquetes de medidas legales que buscaban aumentar las penas y atribuciones policiales. Sin embargo, esto no se ha visto reflejado en la disminución de la delincuencia y el pandillaje", expresó.

Como ejemplo, el experto refirió que en los años 90 se promulgó la Ley contra el Pandillaje Pernicioso (DL 899), cuyo objetivo fue endurecer las penas contra los adolescentes organizados en pandillas y establecer infracciones para los cabecillas y la responsabilidad de los padres o tutores en dichos actos. "Sin embargo, leyes como esta fueron derogadas con el tiempo --añadió--. Si nos pasamos los años dando leyes sin exigir responsabilidad y acción a entes como las municipalidades, por ejemplo, el problema no cambiará en absoluto".

"En el tema del pandillaje deben distinguirse dos fenómenos que no deben mezclarse: el social, es decir, la existencia de una masa de jóvenes proclive a caer en situaciones próximas al crimen; y el segundo, de los pandilleros profesionales o delincuentes comprometidos en redes criminales", subrayó.

Sobre lo primero, Basombrío explicó que las municipalidades deberían adoptar políticas de prevención intensa en la juventud. Respecto de lo segundo, consideró que las leyes actuales son ya duras frente a tenencia de armas, hurto y tráfico de drogas. "Enfrentar a las pandillas hoy exige una labor de inteligencia policial, el uso de tecnología y herramientas similares; todo esto puede hacerse con recursos accesibles", finalizó.