Evalúan suspender ingreso de más reos a penal de Lurigancho

Por Luis García / Elizabeth Salazar

Al interior del penal de Lurigancho hay un comentario unánime que circula sobre el intento de fuga de cuatro reclusos: "Ese tipo de evasiones solo se intenta si hay un arreglo previo con los custodios", refirió por vía telefónica un preso del pabellón 4A. Para los presos, no cabe duda de que esa fuga habría estado acordada con algunos efectivos policiales, encargados de la seguridad interna o externa del penal más hacinado y poblado del país.

Según las primeras investigaciones realizadas por la dirección de ese establecimiento penal, a cargo del coronel Enrique Obando, el único custodio que se encontraba en el lugar no advirtió que los cuatro reos subieron por dos mallas metálicas, cruzaron un terral y escalaron la pared de ladrillo para llegar al exterior. Otro preso fue quien avisó a dicho agente lo que estaba ocurriendo y este dio la voz de alarma. Solo así se frustró la fuga.

Personal de Inspectoría General de la PNP confirmó que se está investigando a los otros dos policías que debieron custodiar la zona de La Capilla, por donde se produjo la fuga. Para el director de Seguridad de Penales (Dirsepen), Alfredo Miranda, no ha existido ningún acuerdo entre los custodios y los reos. Sin embargo, aseguró que la investigación de ese hecho --tanto en la vía administrativa como penal-- podrá señalar cuáles fueron las condiciones que permitieron el intento de fuga. "Son investigaciones de rutina, no es que haya acusados o presuntos culpables", agregó.

Para la ministra de Justicia, Rosario Fernández, el intento de fuga refuerza la necesidad de acabar con el hacinamiento, pero ello no significa que las pesquisas queden de lado. "Los internos aprovecharon que una parte de la malla no estaba bien asegurada y es necesario saber si estaba así o poco a poco la han destruido".

En el 2005 se registraron 37 fugas de reos en el país y en el 2006 otras 26. El año pasado la cifra superó todos los promedios, pues tras el terremoto que asoló Ica, 631 huyeron al colapsar el penal de Chincha, adicionalmente a ello otros cinco fugaron del penal de San Ignacio, en Cajamarca. En lo que va del año, se ha reportado 18 casos de fuga en el penal de Ayabaca y uno más en Castro Castro.

EN EMERGENCIA
En la Policía Nacional consideran que el penal de Lurigancho debería ser declarado en emergencia para que no ingrese ningún preso más, pues el excesivo número de internos dificulta su resguardo. Según el reporte estadístico del INPE, a febrero de este año había 9.906 reos en este local, pese a que tiene capacidad --según dicha institución-- para 3.204. De ellos, solo el 10% tiene sentencia. "Cada día salen dos internos, pero ingresan cinco o seis", dijeron.

Por su parte, el jefe del INPE, Leonardo Caparrós, descartó una declaratoria de emergencia, pero admitió que se evalúa suspender el ingreso de internos. "Necesitamos saber por cuánto tiempo se podría tomar esta medida ya que antes se hizo lo mismo y se terminó saturando los penales de Huaral, Huacho y Cañete. "Hay soluciones a mediano plazo, como ampliar las sedes de Huacho e Ica". La ministra Fernández, además, confirmó la construcción de otros dos penales, el de Chincha y Piedras Gordas II, que estarán listos para el 2009.

No obstante, Caparrós aseguró estar coordinado con la Dirsepen la instalación de cámaras de vigilancia en el perímetro y las zonas de ingreso y salida del penal. "Estos equipos se adquirieron el año pasado para reemplazar los de Piedras Gordas, pero hemos pensado usarlos en estos recintos donde urge reforzar la seguridad. En mayo debe estar lista la instalación y se hará lo mismo en Castro Castro.

Detienen a alcaide de Castro Castro
Al cierre de esta edición se informó que el alcaide del penal Castro Castro, José Luis Mendoza Mesa (42), fue detenido por la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden de captura emitida por el Primer Juzgado Penal de Chachapoyas.

La policía detuvo a Mendoza cuando salía del centro penitenciario, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, a donde había acudido para realizar algunas diligencias. Según se supo, la orden judicial es producto de la investigación que se abrió en Chachapoyas, a raíz de una revuelta que se originó en el establecimiento penitenciario de dicha ciudad cuando Mendoza era el subdirector.

Según el Juzgado Penal de Chachapoyas, Mendoza sería uno de los responsables de la muerte del interno Sixto Marín Panduro, ocurrida durante el develamiento de una trifulca ocurrida en ese penal.

PUNTO DE VISTA
JOSÉ ÁVILA. Defensoría del Pueblo

Necesitamos nuevas cárceles
La Defensoría del Pueblo saluda el anuncio de construcción de nuevos penales en Lima. Conforme lo señalamos en el Informe Defensorial 113, Supervisión de Establecimientos Penitenciarios 2006, nuestro sistema carcelario tiene una capacidad instalada para no más de 20.000 internos, y la población actual es de más de 42.000, por lo que urge incrementar los centros penitenciarios. Solo así se reordenará la población penal y se mejorará la seguridad. El hacinamiento constituye un serio problema para las condiciones adecuadas de detención, así como para el personal penitenciario y los propios internos.

Si bien la solución no está únicamente en la creación de más cárceles, nuevos centros y más funcionarios permitirán que el INPE realice una clasificación adecuada de los reos y que estos perciban una mejora en sus condiciones de detención. Es necesaria la intervención del Poder Judicial y demás instituciones involucradas en el sistema de justicia para revertir el problema. Esperamos que esto signifique el inicio de un conjunto de medidas para resolver la crisis penitenciaria.