Más armas contra el narcotráfico

Con la modificación y aprobación del Decreto Legislativo 992, que crea el proceso penal de pérdida de dominio, se ha dado un buen paso en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, la extorsión, el lavado de activos y otros graves delitos.

Es positivo que, en esta etapa, se haya corregido algunos aspectos del proyecto primigenio del Ejecutivo que tenían visos de inconstitucionalidad y que, paralelamente, se hayan incorporado mayores previsiones y condiciones para incautar los bienes adquiridos ilícitamente por el crimen organizado.

Efectivamente, es sabido que hasta ahora muchas propiedades de condenados y acusados por narcotráfico no pueden ser incautadas por la justicia y muchas veces son transferidas a testaferros.

Pero, del otro lado, es correcto que se haya limitado la aplicación de la ley a ciertos casos y que igualmente se deje a salvo el debido proceso y la presunción de inocencia. Antes se pretendía obligar al acusado a probar la procedencia lícita de sus bienes cuando lo legal y sensato es que esta labor de acusar con pruebas corresponda al Ministerio Público.

El Perú libra una ardua y dura lucha contra las mafias de narcotraficantes y extorsionadores, que no puede ser mediatizada.

Hay que enfatizar que el derecho de propiedad tiene protección constitucional en el Estado de derecho, siempre y cuando sea legal y legítimo. Pero las autoridades no pueden ser ingenuas ni timoratas cuando se trata de bienes que probadamente provienen del crimen y de delitos aberrantes, que no pueden quedar impunes bajo ninguna circunstancia.