Se viene debate de la ley del empleo público

Por Jorge Saldaña

La primera vez que el Congreso quiso regular el quehacer de los 684 mil burócratas que laboran en el Estado fue en el 2005, pero la futura ley se archivó. Tres años después la Comisión de Trabajo del Parlamento tiene todo listo para iniciar de nuevo una amplia discusión para la dación de la tantas veces reclamada ley del empleo público.

Hay dos novedades en el dictamen que El Comercio obtuvo ayer en calidad de adelanto informativo y que empezará a debatirse dentro de 72 horas en ese grupo de trabajo: la incorporación de los principios de la evaluación y de la meritocracia como criterios básicos y permanentes para todos aquellos trabajadores estatales (sean nombrados o contratados) que laboran en los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, gobiernos regionales, municipalidades y los organismos constitucionales autónomos.

Para estos efectos se pretende reactivar la Escuela Superior de Administración Pública con el nombre de Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), la cual será la responsable de dirigir las actividades de capacitación del sector público en la mira de conseguir la profesionalización de empleado estatal.

Eso sí, la futura ley del empleo público no considera lo relativo al sistema de remuneraciones que debe regir en la administración pública, porque --según reza en el dictamen-- "depende de las decisiones de carácter presupuestal que varían año tras año".

Hay otras novedades que contiene la proposición legislativa, como que los funcionarios estatales encargados del manejo económico rendirán cuentas periódicas de los gastos que ejecutan o que para el ingreso, la permanencia, las condiciones de trabajo y los ascensos en la burocracia estatal se fundamentarán en el mérito objetivo y capacidad del personal. Es decir, se acabaron los 'tarjetazos', y si alguien quiere cubrir una plaza, deberá someterse a un concurso.

El congresista de Alianza Parlamentaria e integrante de la Comisión de Trabajo, Yonhy Lescano, aseveró que no debe votarse ningún artículo del dictamen de la ley de empleo público, porque se requerirá examinar "con calma" cada uno de sus alcances, y no descartó la posibilidad de que fueran citados los representantes del Ministerio de Trabajo y de la Comisión Nacional del Trabajo (CNT) para atender sus planteamientos sobre el particular.

Lescano dijo que un aspecto cuya inclusión propondrá en esta futura ley es el establecimiento de una escala remunerativa en función de los resultados de la labor que cumplen los trabajadores en cada repartición estatal, "aunque sea unos parámetros fundamentales, y tener así una ley completa".

Por su parte, el legislador del Partido Nacionalista Peruano Víctor Mayorga consideró que luego de una primera lectura del dictamen presentado, "hay una serie de aspectos que tenemos que examinar con la máxima paciencia sin que esto demore mucho. Eso sí, esta ley también debe ser aprobada junto con la ley general del trabajo antes de que concluya la actual legislatura", recalcó.

Mientras tanto, el vocero del Grupo Parlamentario Fujimorista, Carlos Raffo, aseveró que su bancada parlamentaria no está ajena al objetivo positivo de ordenar el actual caos que existe en la administración estatal, "pero daremos la lucha para que esta futura ley sea sustentable en el presupuesto nacional. Se quiere que muchos trabajadores estatales que laboran en el régimen de 'service' pasen a planilla. Nosotros no vamos a respaldar una medida de esa índole", dijo.

SEPA MÁS
4 El gran problema que padece la administración estatal es que coexisten tres regímenes de contratación de personal: el de los nombrados y contratados bajo el régimen laboral público (Decreto Ley 276), los del régimen laboral privado (Decreto Legislativo 728) y los contratados mediante servicios no personales (SNP).
4 La última vez que se realizó un censo de empleados público fue en febrero del 2005. Allí se concluyó que no se cuenta con una base de datos con información confiable de cuántos trabajan en tal o cual entidad estatal.