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Punto de quiebre para relanzarnos económicamente como país

¡Tenemos que felicitarnos! El haber ingresado a una élite de países latinoamericanos (junto con Chile y México) que merecen la confianza de los mercados internacionales representa un punto de quiebre para el Perú. Y nos obliga a repensar en lo que hemos avanzado como país, pero también en lo mucho que queda por hacer para dar el salto definitivo que nos catapulte al desarrollo y mejore el nivel de vida de todos los ciudadanos.

Es realmente un hito histórico que una agencia calificadora de riesgo crediticio como Fitch Ratings --una de las tres más importantes en el mundo junto con Standard and Poor's y Moody's-- haya otorgado al Perú la calificación de grado de inversión. Eso significa, en síntesis, que contamos con solvencia para cumplir con nuestras deudas y, en el corto plazo, augura un incremento significativo de los flujos de inversión y la reducción del costo de financiamiento externo hacia nuestro país.

Sin embargo, debemos enfatizar que todo esto no ha sido gratuito. Es el resultado de más de una década de estabilidad y de apertura económica, de manejo racional de las cuentas internas y externas por parte del Gobierno (y de los anteriores) y de utilizar las ganancias inesperadas del alza de los precios de los 'commodities' (materia prima) para invertirlas en pagar la deuda pública e incrementar los activos del país.

Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer para que el actual ciclo tan positivo de nuestra economía pueda extenderse y consolidarse?

Lo primero es mantener las líneas maestras del rumbo económico que tan buenos resultados nos ha dado y hacer oídos sordos a quienes de modo insensato y demagógico propugnan cambios absurdos en el mismo. En la economía moderna el que no avanza inevitablemente retrocede y si no corregimos las deficiencias corremos el riesgo de perder incluso la calificación que acabamos de lograr.

Pero, eso no es lo único. Si queremos dar el salto cualitativo hacia el desarrollo debemos redoblar esfuerzos en cuatro ámbitos: gobernabilidad democrática/institucionalidad, reforma del Estado/descentralización, formalidad y competitividad, que tienen que dejar de ser términos abstractos para convertirse en urgencias permanentes de nuestros políticos.

En cuanto a lo primero, es fundamental consolidar la institucionalidad, mantener la estabilidad política y arraigar aun más la seguridad jurídica, de modo que quienes inviertan y trabajen en el Perú tengan la certeza de contar con reglas de juego estables, trámites mínimos, así como con un Poder Judicial y un Ministerio Público eficientes que respeten y defiendan ciegamente la ley . En suma, un país ordenado, confiable y predecible.

Luego, es crucial avanzar en la reforma del Estado, no solo para consolidar los cambios institucionales en educación, sino también para avanzar definitivamente en el proceso de inclusión de los más pobres. Esto demanda también voluntad y sentido de urgencia del Gobierno para acortar el grave déficit de infraestructura. Y es que sin carreteras, puertos, aeropuertos o hidroeléctricas no solo se condena a los peruanos al aislamiento, sino que se espanta inversiones y se retrasa el desarrollo social y económico.

En el mismo sentido debe retomarse con más fuerza el objetivo de la descentralización, apuntando no solo a atenuar el centralismo, sino a crear cada vez más focos vibrantes de desarrollo a lo largo de todo el país, a través de las macrorregiones, dejando de lado celos localistas infundados o ambiciones de caudillos improvisados. Necesitamos, por el contrario, liderazgos regionales firmes pero sensatos, legítimos y representativos, para lo cual debe reformarse el sistema electoral actual que por ejemplo permite la elección de alcaldes y presidentes regionales con solo el 18% de votos, lo que es absurdo, poco democrático y riesgoso.

Ello, empero, no es suficiente. Hay, asimismo, un gravísimo problema de informalidad, que es un lastre para el desarrollo nacional y personal. ¿Cómo podremos crecer cuando gran parte de la cadena productiva es informal, no solo en la producción sino también en el modo de contratar y en la falta de respeto a las leyes de propiedad intelectual y derechos de autor? Sobre todo los pequeños empresarios tienen que entender las ventajas de formalizarse en todo sentido y de responder así a los enormes beneficios que reciben de una nación que les ofrece orden, seguridad y mercados cada vez más grandes y predecibles.

Finalmente, es fundamental ser más competitivos para poder aprovechar en toda su magnitud las posibilidades que se nos abren y poder negociar exitosamente más tratados de libre comercio, incluyendo China y la Unión Europea. En tal contexto, la situación laboral exige claridad, pues luego de 15 años de crecer a un promedio superior al 5% anual el subempleo sigue siendo del orden del 60%, lo que es preocupante. Si queremos que todos los peruanos participen por igual del beneficio de una economía moderna que recibe la confianza del mundo, debemos reducir sobrecostos y simplificar la legislación laboral.

Hay lugar para el optimismo. No podemos desaprovechar esta oportunidad que nos abre el grado de inversión para dar el salto cualitativo al desarrollo, al calificarnos como un país serio y confiable. Así, además, habrá recursos para que más pobres dejen de serlo y pueda cumplirse la meta de reducir la pobreza al 30% al final de este Gobierno y en los siguientes poder seguir bajando drásticamente estos índices dolorosos.

Como es evidente, la responsabilidad mayor de este trampolín al desarrollo corresponde al Gobierno. Pero los empresarios deben también poner de su parte para afrontar el oleaje cambiario e inflacionario, y sobre todo asumir el reto de competir en igualdad de condiciones con el mundo. Debemos tener la capacidad de generar productos de altísima calidad y a precios competitivos, en un clima de respeto al orden, a la legalidad, a los trabajadores y al medio ambiente, como exigen los estándares internacionales, y sin perder de vista que el crecimiento debe ser redistributivo e inclusivo. ¡La pelota está en nuestra cancha!