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Caso Pando: Vergonzosa decisión que el Congreso debe reconsiderar

En una sesión vergonzosa, el pleno del Congreso desechó la acusación constitucional contra el fujimorista Ricardo Pando, confeso autor de la ilegal contratación de un auxiliar fantasma.

¿Qué diferencia la conducta de Pando de la de sus colegas Elsa Canchaya y Tula Benites? Pues básicamente ninguna, solo que esta vez reaparecieron los enjuagues políticos bajo la mesa, además del temor de que puedan venir más purgas, sin importarles el terrible daño que hacen al país.

¿Por qué en los otros dos casos se sanciona la inescrupulosidad congresal en contrataciones amañadas haciendo mal uso de recursos públicos, y en este se permite la impunidad?

Esto es intolerable y demuestra la endeble armazón ética de muchos legisladores, que aplican diferentes estándares según su conveniencia. Se requería de 47 votos para acusar, pero apenas llegaron a 37, y fueron sospechosas las ausencias de apristas como Javier Velásquez Quesquén.

Que Pando haya reconocido su falta es un gesto que no lo libera de su grave responsabilidad y de que sea otra entidad, como el Poder Judicial, la que evalúe y sancione los indicios y pruebas.

El Parlamento no puede ser un club de amigos que intercambian favores entre sí según convenga a tal o cual partido.

Por respeto a la institucionalidad democrática, a la lucha contra la corrupción y a la mínima decencia que demanda un poder del Estado encargado de dar leyes y fiscalizar, el Congreso tiene que propiciar una nueva votación para medir a Pando con la misma vara que a sus colegas Benites y Canchaya. No puede permitirse que nuevamente reaparezca el rostro del otoronguismo para pretender una escandalosa impunidad con nombre propio.