Hay que saludar la valentía del nuevo decano del Colegio de Abogados de Lima, Walter Gutiérrez, quien ha lanzado una fuerte campaña para recobrar el prestigio de la profesión.
Así, sin eufemismos y dejando de lado el nefasto y prevalente falso espíritu de cuerpo, ha dicho verdades durísimas pero inobjetables. Por ejemplo, que "el 60% de los expedientes que existen en los órganos jurisdiccionales corresponde a procesos chatarras, frívolos, que no tienen fundamento legal o fáctico, pero que son presentados impunemente por abogados inescrupulosos".
Claro que no se puede generalizar, pero justos pagan por pecadores y el buen accionar de abogados rectos se ve opacado por la angurria y venalidad de otros que desprestigian a la profesión.
¿Cómo cambiar esta imagen negativa del gremio? Pues, hay que empezar por denunciar la mala práctica de los descarriados y sancionar la temeridad de quienes distraen la atención de jueces y fiscales con denuncias sin sustento. Todo esto además genera enormes gastos al Estado y hace aún más insoportable la sobrecarga judicial, alimentando un círculo vicioso de ineficiencia, mediocridad y corrupción.
Al respecto, el Tribunal Constitucional, y también los propios jueces y magistrados, tienen la facultad de castigar a los abogados inescrupulosos. Pero corresponde primariamente a los Colegios de Abogados la grave responsabilidad de establecer mecanismos para evaluar la conducta ética de sus miembros y proceder a denunciarlos y sancionarlos, incluso con su inhabilitación.
Esta campaña no puede parar. La recomposición ética de una profesión tan vinculada al orden, la ley y la justicia es algo imperativo para los abogados y para el Estado de derecho.