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Normas contra ruidos son obsoletas

Por Juan Carlos Cuadros Guedes

Ruido: Forma contaminante y factor psicopatógeno que perturba la calidad de vida. Esa fue la definición y el argumento que utilizó, hace cuatro años, el Tribunal Constitucional español para dictar una sentencia en la que concluyó que el exceso de ruido vulnera los derechos fundamentales de la persona. España, de por sí, tiene fama de ruidosa. Por ello se explica que tenga una ley contra el ruido que ha motivado sentencias magistrales y sirve de jurisprudencia en casi toda Europa.

De regreso a América del Sur, Lima y otras ciudades del Perú también lo son. Sus calles rugen, pero nadie, al parecer, advierte el problema, ni siquiera los miembros de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República. El nivel de contaminación acústica supera permanentemente los 55 decibeles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El promedio actual oscila entre los 70 y 90 decibeles, asegura Manuel Luque Casanave, presidente del Centro para el Desarrollo Económico, Social y Ambiental (Cepadesa).

Pese a ello, en el país no existe una ley que fije niveles mínimos de ruido a las alarmas contra robos (instaladas en casas y vehículos), al minicomponente del vecino de al lado, al extractor de jugos del departamento de arriba, al ruido de las motos que circulan por las calles con el escape abierto, a las sirenas de los vehículos de emergencia, a los cláxones de los automóviles y las unidades de transporte urbano, a los equipos que utilizan las empresas constructoras, a los televisores que funcionan en bares y restaurantes, y a muchas otras fuentes de ruido más.

NORMAS SON OBSOLETAS
El control de ruidos en el Perú --señala Luque-- cuenta con normas y ordenanzas que datan del siglo pasado, algunas dictadas entre las décadas del 50 y 70, y otras entre los años 1984 y 1991, que han devenido en obsoletas con el paso del tiempo y la aparición de nuevas fuentes de ruido. "Por consiguiente no se castiga a aquellos que exceden el mínimo de tolerancia, aun cuando desde el año 2003 rige el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental", precisó.

CAMPAÑA PERIODÍSTICA
Hace tres años, nuestra colega Nelly Luna Amancio publicó una serie de reportajes en El Comercio, donde expuso claramente la grave situación de la contaminación sonora en Lima. Y los estudios fueron más que reveladores: el ruido excedía en 20% los niveles mínimos permitidos por la OMS. Por las noches el exceso llegaba hasta un 30%.

Conocido esto, reaccionaron. Se presentaron en el Congreso de la República varios proyectos de ley para establecer nuevos límites sonoros en zonas residenciales, comerciales e industriales. Se aprobó también una ordenanza metropolitana y la Municipalidad de Miraflores inició inmediatamente una intensa campaña. Impuso entonces más de 500 papeletas educativas y sancionó a igual número de choferes cuyo deporte favorito era tocar el claxon en forma abusiva.

Hoy, todo sigue igual, e incluso, peor. Miraflores sigue siendo ruidosa y los límites sonoros en otros distritos superan todas las expectativas. Y nadie impone sanción. Se critica, por ejemplo, la proliferación de obras en toda la ciudad, de alarmas contra robos en viviendas y edificios, de seguros y servicios de emergencias --cuyas ambulancias tienen cada cual la sirena más estridente--, de cornetas de aire que se instalan en vehículos particulares y unidades de transporte --pese a estar prohibidas por ley--. ¿Y dónde están las autoridades?

Urge una ley contra el ruido. Los peruanos tenemos derecho a la paz y a gozar de buena salud.

ENFOQUE
JUAN CARLOS CUADROS GUEDES. Periodista

Normas actuales son dispersas
El problema por el que el ruido avanza y no tiene control es porque no existe una norma con rango de ley que resuma lo que otras tantas tratan de aplicar en forma dispersa. Si bien es cierto que en el 2003 se aprobó el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental, este no puede aplicarse aún en toda su magnitud. Recién el año pasado se aprobó la Norma Metrológica Peruana (NMP) 011-2007, que establece el método de ensayo a los que se deberán someter los sonómetros (aparatos para medir el ruido) que se utilicen, fabriquen o importen para su uso oficial.

La propuesta de una ley de ruido nacional integraría precisamente la dispersión actual de normas y ordenanzas municipales y contemplaría la necesaria homologación de los sonómetros que se utilizan y puedan utilizarse a futuro en el país, de forma que las sanciones por ruido (exceso de decibeles según los límites máximos permisibles por ley) tengan un referente valedero.

Hoy se ejecutan numerosas obras en la vía pública, muchas de ellas generan ruidos molestos, y cuando los vecinos llaman a los serenos para hacer valer sus derechos, estos no pueden actuar y se quedan cruzados de brazos: primero, porque no tienen sonómetros para medir el ruido, y, segundo, así lo tuvieran no pueden hacer nada, pues los equipos no están homologados.

Algo similar ocurre hoy con los equipos que se aplican para imponer las llamadas fotopapeletas de tránsito. El problema existe, hay que buscar soluciones.