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Especial JOSÉ LUIS CAMINO IVANISSEVICH En su primera entrevista a un medio, el jefe del Inrena explica los motivos que están detrás de las últimas resoluciones y anuncia las nuevas medidas de fiscalización con miras al TLC

Se tercerizará fiscalización de los bosques

Por Nelly Luna Amancio

Usted ingresa al Inrena luego de que la Intendencia Forestal iniciara un severo proceso de fiscalización al tráfico de madera y se establecieran nuevas cuotas de rendimiento para la caoba y el cedro que disgustaron a los madereros. ¿Cómo tomó su nombramiento?
Es un reto profesional. Se trata de un cargo que no lo esperaba. La realidad es que la fiscalización no se estaba dando con la calidad y la profundidad que se requería. Por ejemplo, quien debe fiscalizar las concesiones es Osinfor (Organo encargado de la supervisión de las concesiones forestales) y, para ser claros, durante el 2007, el Osinfor no recibió ni un sol del porcentaje de aprovechamiento que pagan los concesionarios. El año pasado el Inrena no transfirió nada. No se utilizaron bien los recursos.

¿Cuánto es lo que no se transfirió?
Unos 984 mil 103 soles. La oficina de control interno está investigando.

El domingo anterior sacaron una resolución que levanta la veda que la gestión anterior impuso para la caoba y cedro en tres cuencas vulnerables. Y en menos de tres meses ustedes la han dejado sin efecto. ¿Cómo se debe entender estos cambios tan bruscos?
No es un cambio tan brusco. Si no se profundiza el análisis se pueden cometer errores como el de la gestión anterior. La veda continúa en estas cuencas, pero la ley establece las excepciones para las concesiones donde el Inrena haya autorizado planes operativos que cuenten con un plan de conservación de la especie.

Si es así, entonces ¿cuántas de las 170 concesiones involucradas cuentan con estos planes?
Estamos evaluando la documentación que nos envían las regiones. Luego se lo enviaremos a Osinfor.

La gestión anterior paralizó alrededor un millón de metros cúbicos de madera porque no venían de bosques manejados.
Eso no lo sabemos porque nadie hizo el inventario. La gestión anterior lo dijo, pero no lo verificaron. Han levantado un montón de expedientes pero no se ha visitado el campo.

Pero si los mismos madereros hablaban de ese millón de metros cúbicos inmovilizados.
Pero sabemos cómo son los madereros, cada uno ve el problema desde su sector. Estamos investigando ahora si esa madera provenía de concesiones con planes de conservación de la especie. El informe deberá estar listo en mayo.

Ese mismo domingo publicaron también otra resolución derogando otras dos en las que se establecían cuotas de rendimiento del 26% y 52% (porcentaje útil de un árbol), para la caoba y el cedro, cuotas que fueron duramente cuestionadas por los madereros. ¿Cuál es el propósito de que ahora las deroguen?
Esas resoluciones se basaban en estudios que no corresponden a especies como las nuestras. Hoy en día necesitamos un manejo más ordenado. Sin embargo, algunos de sus elementos nos parecen válidos, por eso lo hemos dejado en 52%. En 180 días una comisión definirá técnicamente un nuevo porcentaje de rendimiento, mientras tanto se aplicará ese 52%. Esa misma comisión establecerá también el rendimiento de otras especies, pues, para decirlo claro, hoy se permite exportar el 80% de maderas como la shihuahuaco y eso es un exceso porque permite que haya un manejo no regular de la madera.

Según su resolución, esa comisión estará formada por 14 integrantes, ocho de los cuales son empresarios, uno es de Producción, otro de Economía. Solo hay cuatro técnicos independientes. ¿Cómo saldrá una resolución de técnica e independiente con esa conformación?
Aquí no se verá las cosas por mayoría de votos. ¿Por qué ocho empresarios? Porque están representados todos los que se sienten implicados y según ellos la caoba de Pucallpa es distinta a la de San Martín e Iquitos. La autoridad en el tema (la Universidad Agraria de La Molina) validará los módulos de aplicación.

¿Cómo pretenden enfrentar el tráfico y fortalecer la fiscalización en el bosque con miras al TLC?
La fiscalización se va a tercerizar. De lo contrario, va a ser imposible que siquiera el Osinfor fiscalice todo el sistema. El Osinfor deberá registrar a empresas o ingenieros forestales capacitados para la verificación. La tercerización es la única alternativa que tenemos.

Un sistema eficaz para la custodia de la madera podría ser el uso de tecnologías innovadoras de rastreo, como códigos de barras. ¿Se ha considerado esa opción?
Sí, además queremos incorporar a los concesionarios en programas de certificación internacional. Hay más de 600 mil hectáreas, 10% del área concesionada de todo el país cuenta con certificación. La idea es involucrar a todos.

"Invertiremos más de US$ 20 millones para atender las enmiendas del TLC"

Nos quedan 15 meses para atender nuestros compromisos con el TLC. Las enmiendas nos obligan reducir los riesgos de corrupción de funcionarios y aumentar las sanciones.
Para atender los compromisos se requiere, en algunos casos, cambiar la ley y, en otros, más presupuesto. La gestión anterior dejó guías de transporte forestal en papel moneda para evitar su falsificación, pero lo que falta ahora es vincularla a un sistema informatizado. También hemos decidido convocar a concursos para elegir a los intendentes forestales de las regiones

¿Cuándo se hará el concurso?
Estamos terminando las bases. El concurso permitirá relevar a todo el personal, aunque podrán participar también los actuales funcionarios.

¿En cuánto se ha estimado la inversión para cumplir las enmiendas del TLC?
Más de 20 millones de dólares en todos los proyectos.

¿Ese dinero incluye la realización de un catastro forestal?
Se tiene que hacer , pero no está dentro de ese presupuesto.

Pero entonces usted sí considera indispensable tener un catastro antes de entregar en concesión un área deforestada
Por supuesto. Sobre todo porque tenemos constantemente superposición de terrenos.

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