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DENUNCIA DEL CONGRESISTA APRISTA MAURICIO MULDER

Habría ex agentes de inteligencia involucrados en actividades ilícitas

Algunos de los 754 cesados en 8 años ayudarían a narcos y secuestradores. 'Chuponeo' a periodista es visto por fiscalía, policía y el Parlamento

Por Ítalo Sifuentes Alemán

¿A qué se dedica el personal de inteligencia que trabajó para los gobiernos de Alberto Fujimori, Valentín Paniagua, Alejandro Toledo y Alan García? Esa es la interrogante que la Comisión de Inteligencia del Congreso buscará resolver a partir de hoy como parte de la investigación que realizará respecto del caso de la reciente interceptación telefónica de la que fue víctima el periodista Juan Paredes Castro, editor central de Política y Opinión de esta casa editora.

Así lo anunció ayer el presidente de dicho grupo de trabajo, Mauricio Mulder (Apra), quien indicó que el caso también será investigado por la Policía Nacional del Perú y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), cuyo director ejecutivo es el coronel EP (r) Héctor Bertrán Lora.

Según un informe que Bertrán presentó a la Comisión de Inteligencia, se desconocen el número y las identidades del personal de inteligencia que trabajó durante el gobierno de Fujimori, pero sí se sabe cuántas personas fueron cesadas durante los mandatos de Paniagua y Toledo y por este gobierno.

En total son 754 personas que ya no laboran para lo que fuera el Servicio Nacional de Inteligencia (SIN) y el Consejo Nacional de Inteligencia (CNI); de este número, 130 fueron dadas de baja por Bertrán (ver cuadro).

Mulder informó que a esta gente no se le ha hecho un seguimiento para saber para quién o quiénes estarían trabajando, pero que se cree que algunos estarían prestando sus servicios a bandas de narcotraficantes y secuestradores y, en algunos casos, actuarían por móviles políticos. En todo caso, las investigaciones buscarán esclarecerlo. "Trabajan para el mejor postor", refirió.

El presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada, calificó de repugnante la práctica del 'chuponeo', la cual se creía superada desde que se desactivara el SIN. "Esto nos degrada moralmente. La investigación tiene que ser rápida y con los mecanismos técnicos de la DINI y la policía", manifestó.

Por disposición de la fiscal de la Nación interina, Gladys Echaíz, el caso está siendo investigado de oficio por la Fiscalía Provincial Penal 43 de Lima, que dirige Juan Flores Cáceres.

Este magistrado --que ayer escuchó el testimonio de Paredes Castro-- iniciará una indagación preliminar contra los que resulten responsables del delito de violación del secreto de las comunicaciones que se habría cometido contra el periodista.

Por su parte, el ministro del Interior, Luis Alva Castro, informó que ha dispuesto la formación de un equipo de especialistas de la División de Alta Tecnología y de la Dirección de Criminalística para que investigue la procedencia del equipo de interceptación telefónica ubicado en la línea domiciliaria del domicilio de Paredes Castro, situado entre San Luis, San Borja y Ate-Vitarte.

Alva Castro descartó que la policía estuviera involucrada en interceptaciones telefónicas o actividades de ese tipo. "Respetamos los valores democráticos y las libertades que todos deben tener para expresarse; esa libertad nunca debe ser coactada ni intervenida. Estamos apartados de las prácticas antidemocráticas", afirmó.

El integrante de la Comisión de Inteligencia José Urquizo (UPP) calificó el hecho de grave, toda vez que "Bertrán nos informó que equipos de interceptación telefónica habían desaparecido tras la caída del régimen fujimorista. Eso dijo cuando lo citamos para que informara sobre el 'chuponeo' a algunos congresistas. Ahora le ocurre a un periodista, ¿qué puede estar pasando con los líderes de la oposición? Vamos a investigar si hay una red de espionaje telefónico, lo cual sería muy grave para el país", manifestó.

UNA MIRADA A LA DINI
Este caso ha generado que los servicios de inteligencia sean nuevamente observados por la oposición para conocer cómo funcionan y cuántas personas los integran.

En cuanto a los institutos armados y la policía, se desconoce con cuántos agentes de inteligencia cuentan, pero se ha podido conocer que la DINI tiene en promedio a 350 personas en actividad, 125 de las cuales fueron contratadas por la gestión de Bertrán Lora.

El criterio de selección para contratar a este personal fue que procedieran de carreras universitarias afines a las ciencias sociales, que hubieran pertenecido al tercio superior y que hablaran un segundo idioma.

Este personal está contratado como analista de información y ha sido capacitado en operaciones de información, Parlamento y seguridad nacional, la problemática interna del Perú, así como en inteligencia estratégica.

Entre sus funciones está apoyar técnicamente a instituciones públicas y autoridades en el campo de la seguridad de las informaciones y barrido electrónico. También en la elaboración de notas e informes de inteligencia de manera diaria e informes mensuales de tendencias sociales que se entregan a los más altos funcionarios de la administración gubernamental.

Del Castillo dice que el Gobierno no fue
El jefe del Gabinete, Jorge del Castillo, reiteró ayer que el Gobierno no tiene ninguna participación en el caso de la denunciada interceptación al teléfono del domicilio del periodista Juan Paredes Castro.

A través de la agencia Andina, el primer ministro aseguró que "el Gobierno no tiene nada que ver con esto. Es un gobierno democrático que respeta los derechos constitucionales. Más bien este es un acontecimiento casi idéntico a lo que pasó hace cuatro años cuando no éramos gobierno y se incautó el mismo equipo", refirió.

"La investigación dirá de dónde viene el asunto, pero nosotros tenemos que dar la certeza a la población de que el gobierno constitucional y democrático del presidente Alan García respeta los derechos constitucionales del secreto y de la inviolabilidad de las comunicaciones", manifestó.

García ya había asegurado lo mismo a Paredes Castro anteayer, cuando este Diario informó del hallazgo de un aparato transmisor-receptor ubicado en un poste a cuatro cuadras del domicilio del editor central de Opinión y Política. Ese tipo de aparatos se activa cuando se recibe o se hace una llamada.

Del Castillo reiteró su solidaridad con Paredes Castro y recordó que hace cuatro años se produjo un hecho similar en contra de una periodista, en alusión a Rosa María Palacios.

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