Carrera judicial: ¿Cargamontón de los tres poderes del Estado?

Por Alfredo Villavicencio. Abogado *

Para no contradecir la sempiterna mala onda en la que les encanta moverse a nuestros gobernantes, el Congreso no aprobó la Ley de Carrera Judicial. No se consiguieron los 61 votos, porque gran parte de los parlamentarios se encontraban en una recepción dada por una embajada (no digo de qué país para evitar asociaciones de ideas negativas con quien no tiene responsabilidad alguna en el desaguisado que comentamos).

¡Qué infortunio! Porque viendo languidecer la reforma de la justicia en los predios del Poder Ejecutivo y del Judicial, el Congreso tenía una magnífica ocasión para asumir el liderazgo requerido a partir de un tema verdaderamente estructural, que no requiere mayor presupuesto, con un texto consensuado en todos los extremos posibles y que consolida y da sistematicidad a los avances que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) viene consiguiendo en los terrenos de selección, evaluación y control disciplinario de los magistrados.

La historia de esta propuesta legislativa es elocuente en sí misma y vale recordarla: la célebre Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus) aprobó, por unanimidad, unas desarrolladísimas Bases para la Regulación de la Carrera Judicial y Fiscal, que fueran formuladas por la sociedad civil allí representada; la Comisión de Justicia y el pleno del Congreso aprobaron un primer texto legal, que fue observado por el presidente de la República a pedido del Poder Judicial. La Comisión de Justicia ha invertido muchas horas en buscar consenso sobre las observaciones formuladas, consiguiéndolo en casi la totalidad del nuevo texto, pero ahora es el pleno del Congreso el que le da la espalda.

Parece una confabulación de los tres poderes del Estado, aunque la actuación de la Comisión de Justicia, presidida por Raúl Castro Stagnaro, la anterior aprobación del texto legal y las declaraciones de la ministra de Justicia permiten relativizar tal percepción. Sin embargo, para dejarla de lado tiene que revertirse el tema, porque lo que está en juego es mucho. A través de la regulación integral del ingreso y ascenso de los magistrados basada en la evaluación de su calidades y desempeño, y por medio de un sistema de control disciplinario que determina faltas, sanciones y procedimientos muy precisos, lo que se busca es fortalecer el elemento esencial de la impartición de justicia: el factor humano.

No hay, pues, factor más relevante para garantizar una justicia independiente y de calidad que cuidar al máximo a los jueces de los diferentes grados, garantizándoles que su ingreso, permanencia y ascensos en el escalafón de la judicatura depende únicamente de sus méritos y desempeño, que serán evaluados por un órgano autónomo y con todas las garantías del debido proceso.

Lo que también puede ser visto al revés: no hay mejor camino para conseguir una judicatura mediocre y que falla a la medida de ciertos litigantes, que permitiendo influencias subrepticias a la hora de nombrar o ratificar jueces.

Nosotros estamos a medio camino, puesto que el CNM ha consolidado un sistema de selección bastante razonable, aunque todavía no cuenta con un sistema de evaluación que garantice que quien entró en buenas condiciones, las mantenga a lo largo de toda su carrera (comenzando porque lo ratificarán recién cada siete años). Ni qué decir del control disciplinario que, siendo tan relevante, se ejerce con normas generales en las que todo o nada cabe, según quién sea el procesado.

De allí que resulte indispensable apuntalar el buen camino que se sustenta en los precisos sistemas de evaluación y sanción recogidos en la propuesta legislativa de carrera judicial. De otro modo, quedará clarísimamente demostrado que la reforma judicial salió de la agenda de los tres poderes públicos. Qué infortunio: la distancia entre los políticos y las necesidades ciudadanas se habrá ampliado más aún.

* COORDINADOR GENERAL DE JUSTICIA VIVA