Por Ítalo Sifuentes Alemán
La Comisión de Inteligencia del Congreso está a la espera de que el director ejecutivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Héctor Bertrán Lora, explique por qué ha contratado a 125 personas en reemplazo de los 130 agentes y analistas de inteligencia que seleccionó el ex Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) del gobierno de Alejandro Toledo.
Así lo expresó el segundo vicepresidente de ese grupo de trabajo, Luis Giampietri, quien dijo desconocer las razones exactas para este cambio de personal. "Fue un acto propuesto por Bertrán, que no pasó por la decisión de nuestro grupo de trabajo. En todo caso estamos haciendo un seguimiento, y esperamos resultados en un tiempo prudencial", señaló.
Los cuestionamientos a la medida no han tardado en aparecer. El ex jefe del CNI general (r) Daniel Mora Zevallos se preguntó si el cese de estas 130 personas obedeció a motivaciones políticas o profesionales. "¿Fue para contratar a otras 125 personas como consta en un informe que Bertrán presentó al Congreso?", inquirió.
En ese mismo informe presentado por Bertrán, se indica que la DINI tiene un estimado de 350 agentes y analistas en actividad, por lo que la contratación de 125 nuevas personas representa la tercera parte del personal del que dispone dicha institución, con la que nos comunicamos infructuosamente para obtener su versión.
ALGUNAS EXPLICACIONES
No obstante, Giampetri informó que "Bertrán explicó a la Comisión de Inteligencia que su idea era buscar gente joven y prepararla, pues indudablemente muchos de los puestos de inteligencia son de confianza. Todavía no tenemos información si el objetivo de Bertrán resultó o no resultó al contratar nuevo personal. Estamos haciendo el seguimiento. Los anteriores directores de inteligencia también cambiaron de personal".
El también primer vicepresidente de la República reconoció que en los últimos años se han dado muchos cambios de personal de inteligencia, lo cual --dijo-- impide contar en el país con una inteligencia predictiva. Informes de ese tipo solo los pueden realizar agentes y analistas que manejan información acumulada a través de los años y están en condición de contrastarla con la información coyuntural.
"La instrucción al agente no solo consiste en dictarles cursos", manifestó Giampietri. Agregó que "el Estado debía ser el beneficiario de los servicios de inteligencia, y no los gobiernos de turno, los cuales deben poner gente de su confianza, porque así ha sido, es y seguirá siendo, pero los profesionales productores de información, es decir el grueso del personal, debe tener estabilidad".
SE MANTIENE EN SECRETO
Otro miembro de la Comisión de Inteligencia, José Urquizo (UPP), indicó que su grupo de trabajo había escuchado hasta en tres oportunidades las explicaciones dadas por Bertrán para cesar a 130 agentes de inteligencia, pero que ello se mantenía en secreto pues la información había sido dada en sesión reservada.
Urquizo coincidió con Giampetri en que su grupo de trabajo estaba esperando que Bertrán informara los resultados del cambio de agentes y analistas de inteligencia que ha realizado desde que asumiera el cargo de director ejecutivo de la DINI en agosto del 2006.
Según Mora Zevallos, cuando dejó el cargo en el 2004 los agentes de inteligencia que se quedaron en sus puestos habían pasado pruebas psicológicas y de conocimiento bajo los estándares que utiliza la Central de Inteligencia Americana (CIA) y la Universidad de Harvard, lo cual era una garantía de su idoneidad para mantenerlos en el puesto.
A ello había que agregar --señala Mora-- que no cabe argumentar que se cesó a este número de personas por ser remanentes del ex Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), pues los "ocho mil agentes que estuvieron bajo las órdenes de esta siniestra organización conducida por Vladimiro Montesinos ya no están en servicio, sea porque fueron desactivados tras la caída del régimen de Alberto Fujimori o porque fueron cesados durante los años siguientes".
DEL CONSULTOR
JOSÉ ROBLES. Abogado Investigador de Ideele
En busca de la institucionalidad
La actual DINI pareciera haber marcado el rumbo institucional con un proceso de cambio que busca solucionar el problema de la formación de cuadros permitiendo así una mayor y mejor producción de inteligencia; pero que fundamentalmente revierta la nefasta herencia de una década de corrupción y de un lustro de caos institucional.
En efecto desde un marco legal, Ley 28664, que establece por primera vez controles externos a las actividades, tanto judiciales como del Parlamento, pasando por el establecimiento del plan estratégico institucional y la realización de consejos descentralizados del sistema, observamos el mayor esfuerzo centrado en el impulso a la Escuela Nacional de Inteligencia para la formación de cuadros y agentes con un currículo reestructurado y con profesores civiles y militares de alto prestigio y nivel académico.
Sin embargo falta mucho por hacer para lograr la institucionalidad del sistema. Debemos perseverar y como sociedad tener paciencia por los resultados pero exigir continuidad en el proceso y mayor transparencia a fin de lograr un sistema de inteligencia con credibilidad y capaz de cooperar de igual a igual con los sistemas de otros países. Allí el gran reto de la presente gestión.