Ante denuncias de irregularidades en la compra de prendas de vestir por parte del Ejército, la Inspectoría General de esa arma concluyó que el proceso de selección que dio como ganadora a la empresa SJT Comercializaciones y Representaciones se hizo en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
De acuerdo con una nota de prensa de la institución castrense, dicha compañía está inscrita en el Registro Nacional de Proveedores y por tanto podía concursar para proveer al Ejército de camisas civil y pantalones de dril tipo civil.
Las dudas sobre la idoneidad de esa adquisición surgieron porque SJT Comercializaciones y Representaciones pertenece a la familia Díaz Costa, la misma que fue vinculada a supuestas irregularidades en anteriores compras públicas.
Sin embargo, el informe del Ejército indica que "a pesar de que se ha determinado indicios de posibles irregularidades en los procesos de selección de años anteriores con la participación de las empresas de la familia Díaz Costa, no ha sido suficiente para que el máximo organismo en materia de contrataciones y adquisiciones del estado, que es el Consucode, la considere (a SJT) como inhabilitada".
Por tanto, el Ejército no encontró ningún mecanismo legal que lo faculte a negar la participación a dicha empresa cuestionada.
El informe ha sido enviado al despacho del ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz para su consideración.