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Aún no se inicia reconstrucción de templos tras el terremoto

Por José Rosales Vargas

Dos resoluciones publicadas ayer en el diario oficial "El Peruano" en las que el Instituto Nacional de Cultura (INC) consigna el retiro de la condición de monumentos integrantes del patrimonio cultural de la nación a los templos Santa María de las Nieves de La Tinguiña (Ica) y San Clemente de Pisco (Pisco), debido a los graves daños que sufrieron por el terremoto del 15 de agosto del 2007, desalentaron más a los fieles iqueños, quienes a ocho meses del sismo, aún no ven el inicio de ningún plan de reconstrucción de las iglesias del departamento.

Algunos, por otro lado, todavía mantienen las esperanzas de que sus lugares de oración vuelvan a ser como antes. Ese es el caso de don Vicente Moquillaza Mayurí, de 78 años, quien acude todos los domingos al ahora destruido templo del Señor de Luren solo para persignarse y rezar unos minutos.

Al igual que esa casa de oración, otros catorce templos del centro de la ciudad de Ica, entre los que se encuentran la catedral (La Merced) y las iglesias San Juan de Dios y Santa María del Socorro, se encuentran clausurados luego de que el terremoto ocasionara severos daños en su estructura. Lo mismo ocurre con una docena de capillas ubicadas en los 13 distritos de la capital departamental y con otros santuarios de Pisco y Chincha.

Mientras tanto, los devotos se han tenido que adecuar a los oficios religiosos que se realizan en las 4 iglesias que no sufrieron mayores daños, pero que todavía son riesgosas para transeúntes y devotos. Estos son los templos de Jesús María, San Francisco, la Sagrada Familia y San Vicente.

SILENCIO SEPULCRAL
Este Diario intentó contactarse en un sinnúmero de oportunidades con el nuevo obispo de Ica, monseñor Héctor Vera Colona, con el fin de conocer las medidas dispuestas por su despacho para emprender la reconstrucción de estos templos. Sin embargo, hasta ahora no se ha obtenido respuesta.

El director regional del Instituto Nacional de Cultura-Ica, Alfredo Gonzales Barahona, también tuvo problemas para conversar con las autoridades eclesiásticas. "Como la mayoría de estos templos tenía la categoría de monumentos históricos, debido a su antigüedad y diseño arquitectónico, el INC puso a disposición de la Iglesia a sus técnicos y especialistas sin costo alguno para que realicen las evaluaciones pertinentes. Con muchas trabas, finalmente se lograron plantear algunas recomendaciones técnicas para restaurar, rehabilitar, reconstruir e inclusive demoler algunas de estas estructuras, pero hasta el momento nada", asegura.

Alertó que el artículo 21 de la Ley General de Protección del Patrimonio Cultural de la Nación establece la responsabilidad de los propietarios o administradores de estos bienes para proceder con estos trabajos en caso presenten un riesgo y peligro inminente para la población.

Sostienen que labor no les compete
El secretario técnico del Comité Provincial de Defensa Civil, Erin Gómez Aparcana, confirmó que esa entidad no llevó a cabo ninguna evaluación de los templos debido a que esa labor no les correspondía. Según afirmó, esa es una tarea que le compete al INC y al Comité Regional de Defensa Civil, ya que se trata de construcciones que exceden los 500 metros cuadrados y en algunos casos son consideradas monumentos históricos.

El jefe regional del Indeci-Ica, Leonel Corrales Grispo, reveló que su institución es un ente rector que centralizó su trabajo en la evaluación estructural de viviendas y los daños sufridos en esta infraestructura.

"Estas evaluaciones las realizamos a solicitud de los administradores o propietarios de estos recintos. En ninguno de los casos que menciona hacemos esta evaluación que implica el pago de algunos derechos y la presentación de determinados requisitos como planos arquitectónicos, eléctricos y memorias descriptivas", explicó.

Corrales comentó que desde hace dos semanas estas funciones fueron transferidas a los comités de Defensa Civil de los municipios provinciales y distritales, a quienes corresponderá realizar las evaluaciones en locales públicos y lugares de culto, y determinar si representan un peligro para la población.