Fiscalía Penal investiga denuncias contra funcionarios del Banmat

Por Ítalo Sifuentes Alemán

El presidente Alan García dispuso ayer cesar el directorio del Banco de Materiales y el retiro de tres gerentes de dicha entidad bancaria.

En tanto, un equipo de la contraloría indaga los delitos que se habrían cometido: repartición de parte de los siete millones de soles de utilidades de la institución del 2006, aprobar unos 50 créditos para la compra de viviendas, adquirir un software que no utilizan y que costó S/.250.000, qué falta cometió el auditor Marcos Peña Mesías al pasar por alto estas irregularidades y si todo ello contó con el aval del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).

El contralor Genaro Matute, sostuvo que el primer caso a resolver será el de la repartición de las utilidades a 350 trabajadores, pues la contraloría ya había advertido al Banmat que no les correspondía ese beneficio, posición avalada por la Contaduría Pública de la Nación y comunicada al gerente general de dicha entidad bancaria, Jorge Aparicio Moselli, quien, dicho sea de paso, ayer renunció a su cargo.

La flamante fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, informó que el Ministerio Público analiza las denuncias y dijo que próximamente se estaría emitiendo un pronunciamiento. Los casos los revisa la Fiscalía Penal 45, a cargo de Humberto Méndez, quien ayer abrió una investigación contra quienes resultasen responsables.

Matute dijo que en el pago de utilidades se habría cometido peculado, por lo que al margen de la denuncia fiscal las personas deberán devolver lo recibido. El contralor explicó que no correspondía el reparto de utilidades, pues una auditoría había arrojado que hubo pérdidas. "Se hizo un tratamiento contable que no era el adecuado. En las empresas públicas se procede a hacer un reparto de utilidades de acuerdo con la ley. Si no hubo utilidad, nunca se debió hacer un reparto de los recursos del banco".

Para el ministro de Vivienda, Enrique Cornejo, "el banco tiene un problema de cierta rebeldía frente a las disposiciones de la contraloría. Esto ha hecho que el auditor externo fije unas recomendaciones frente al ejercicio financiero del 2006 y que el banco no los acepte. Hay una discrepancia de más de S/.7 millones". Cornejo detalló que con esos ingresos el Banmat generó unas utilidades que ya repartieron. "Yo pedí al directorio la semana pasada que aplicara las recomendaciones de la contraloría y que dejara estas situaciones perversas de buscar una suerte de arbitraje. Cuando las cosas hay que corregirlas, hay que corregirlas".

MÁS POR INVESTIGAR
Aparte de la remoción del directorio, García Pérez también pidió que se retirara de la administración pública, investigara y sancionara a quienes resultasen responsables, entre los que se encontrarían --según la denuncia de "Cuarto poder"-- el gerente de Administración y Finanzas, Gustavo Guevara Corrales; el jefe del área de Riesgos, Sergio Reynoso; el contador general, Hugo Salvatierra; la encargada de hacer los desembolsos de los préstamos, Amelia Bruna; la secretaria del sindicato de trabajadores, Yisella Medina, y Zoila Guzmán, asistenta social del banco.

El ministro de Vivienda, Enrique Cornejo, anunció la suspensión temporal de los programas sociales de vivienda con el objetivo de someterlos a una revisión integral y que la contraloría descartara otras irregularidades e identificara a los responsables.

En el caso de los créditos para las casas que los trabajadores de este banco se compraron en el conjunto habitacional Los Álamos (Cercado de Lima), Cornejo indicó que ellas fueron entregadas de manera irregular. "Los requisitos no se cumplían. Eso nunca debió entregarse y tendrán que verse las acciones legales que corresponden y eventualmente revertir estos procesos", manifestó.

"Los programas sociales de vivienda están dirigidos a los más pobres, a los que no tienen casa. Si encontramos que se aprobaron créditos a los trabajadores y funcionarios de este banco que no cumplen con este perfil, aparte de la denuncia tendrán que devolver los inmuebles", manifestó Matute.

En cuanto al auditor Peña Mesías, Cornejo señaló que era inaudito que este también obtuviera su préstamo para la compra de una vivienda de los programas sociales del Gobierno. "El viernes pedí por escrito al contralor Matute que cambiaran a este funcionario que es parte del sistema nacional de control y que por cierto ya tiene 6 o 7 años en ese cargo", puntualizó Cornejo.

Auditor es suspendido de su cargo
¿Quién es Marcos Peña Mesías? Hasta ayer era el jefe del órgano de control interno del Banco de Materiales que debía informar a la contraloría si en esa institución se cometía alguna irregularidad.

Se supo que el contralor Genaro Matute lo suspendió del cargo apenas conocida la denuncia de los créditos para viviendas sociales que en esa entidad bancaria se autorizaban entre los mismos funcionarios y trabajadores.

Matute explicó que funcionalmente Peña Mesías dependía de la contraloría, pero que salarialmente lo era de la planilla del Banco de Materiales, porque esta persona se hizo del cargo en un concurso público en el 2002, cuando todavía no se había dado la ley que creó el Sistema Nacional de Control, Ley 27785, que estableció que a partir de entonces el jefe del órgano de control interno dependía funcional y administrativamente de la contraloría.

Según el ministro Cornejo, Peña Mesías obtuvo un préstamo para comprar una vivienda que el Gobierno da a los pobres.

Tanto el presidente Alan García como el ministro de Vivienda, Enrique Cornejo, habían solicitado el retiro inmediato de esta persona, con la que intentamos comunicarnos para obtener su versión, pero ya no está en el cargo y las oficinas del Banco de Materiales se encuentran cerradas hasta mañana, en que se cumple el plazo de 48 horas de cierre dado por el jefe del Estado y el titular del sector para recomponer esta institución.

PUNTO DE VISTA
Connotación delictiva*
Los manejos indebidos en el Banco de Materiales (Banmat) no solo ameritan la intervención de la contraloría, sino que dada su connotación delictiva el Ministerio Público es el ente autorizado y obligado a investigar la existencia de indicios racionales de criminalidad. Y vaya que los hay.

El otorgamiento de créditos hipotecarios a favor de funcionarios del Banmat que no reunían las condiciones para ser beneficiarios del programa, entre los que se exige no poseer otra propiedad, involucraría tanto a los favorecidos como a los gerentes que autorizaron su otorgamiento en la comisión de los delitos de obtención fraudulenta de créditos, condicionamiento indebido de créditos en caso de que existieran indicios de que los directores, gerentes o funcionarios del Banmat supeditaron su otorgamiento a la entrega de una prestación indebida, en cuyo caso también se habrían cometido delitos de cohecho.

Adicionalmente, toda vez que el Banmat es una empresa estatal adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la investigación debería incluir la comisión del delito de peculado.

En lo que respecta al reparto de utilidades que se habría realizado en el 2006 a pesar de no haberse aprobado los estados financieros, los funcionarios implicados podrían afrontar una investigación por delito de infidelidad en la gestión de patrimonio social.

Dadas las medidas legislativas impulsadas por el Ejecutivo en materia de concurso de delitos, de comprobarse la denuncia periodística, la sanción a imponerse a los responsables podría bordear los 25 años de prisión.

A fin de no incurrir en una multiplicidad de investigaciones, convendría supeditar la investigación administrativa a la penal.
* José Leandro Reaño Abogado especialista en criminalidad económica