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Ciudadanos clandestinos

Por Wilfredo Ardito Vega. Abogado

La semana pasada, el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley para ampliar de seis a ocho años la vigencia del Documento Nacional de Identidad. Al día siguiente, el jefe del Reniec sostuvo que si se promulgaba se cerrarían muchas oficinas en provincias y se tendría que elevar el precio del DNI.

El trasfondo de este anuncio está en que el Reniec, como otras entidades estatales, está autorizado para cubrir sus gastos mediante los aportes de la población, a través de los llamados ingresos propios. De esta forma, los ciudadanos también tenemos que pagar por los distintos trámites judiciales (con excepciones como asuntos penales o laborales) o para presentar reclamaciones ante el Indecopi. Ante el escaso presupuesto que reciben, muchos hospitales públicos han establecido tarifas diferenciadas, donde quienes pagan más pueden obtener una atención más rápida. Sin embargo, el financiamiento de las instituciones estatales debería cubrirse con el tesoro público y no con aportes directos de la población que para eso paga impuestos.

La situación es especialmente penosa en el caso de los documentos de identidad: en 1996 el gobierno de Fujimori eliminó nuestro derecho de recibir un documento de identidad gratuito y permanente y estableció la obligación de recabar un DNI costoso y temporal, que apenas dura seis años.

El precio del DNI que fija el Reniec es, además, mucho más caro de los cuatro soles que cuesta emitirlo y prohibitivo para los más pobres. El costo que implica obtenerlo y renovarlo ha generado que muchos peruanos que contaban con Libreta Electoral se conviertan involuntariamente en ciudadanos clandestinos. Entretanto, quienes en los últimos 12 años hemos obtenido y renovado el DNI, hemos contribuido desprendidamente al funcionamiento del Reniec, desde los servicios de limpieza hasta las coloridas revistas institucionales.

A mediados del 2005, el Reniec emitió, además, la Resolución 789 que prohíbe a los funcionarios públicos atender a los ciudadanos que carecen de DNI vigente, lo cual es, a nuestro entender, totalmente inconstitucional, porque el ejercicio de los derechos fundamentales no puede supeditarse a un documento o a las posibilidades económicas para obtenerlo, renovarlo o actualizarlo.

Los peruanos sin DNI vigente no pueden casarse ni reconocer a sus hijos, no pueden hacer denuncias penales o trámites judiciales y se ven totalmente limitados para insertarse en la vida económica del país. Ni siquiera pueden beneficiarse de programas asistenciales como Juntos. La indocumentación, por lo tanto, afecta el desarrollo de toda la sociedad.

En realidad, el costo de los documentos de identidad debería ser asumido por el Estado, como ocurre en muchos otros países y antes sucedía en el Perú. Tal vez debamos recordar que en Bolivia el costo del documento de identidad es de apenas dos dólares, que en Ecuador su vigencia es de doce años y que en Colombia es indefinida. Como sucedía con la Libreta Electoral, debe ser responsabilidad de cada ciudadano recabar otro documento cuando cambia de dirección o de estado civil.

La promulgación de la ley que extiende en dos años la vigencia del DNI sería un paso efectivo en el camino correcto: que se remuevan las trabas que el propio Estado fija para el ejercicio de la ciudadanía.