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Escándalo del Banmat: Fonafe debe asumir responsabilidad

Ante el grave escándalo de corrupción en el Banco de Materiales (Banmat), ha sido correcta y oportuna la decisión del presidente Alan García de cesar de inmediato al directorio, cerrar la entidad por dos días y ordenar una investigación prolija.

Pero, las cosas no pueden quedar aquí. Claro que debe investigarse las irregularidades del Banmat, la presunta corrupción de sus funcionarios para adjudicarse irregularmente préstamos y utilidades, así como proceder a las sanciones administrativas y penales que corresponda.

FONAFE DEBE RESPONDER
Sin embargo, lo ocurrido sería solo la punta del iceberg de un problema mayor, que demanda la revisión urgente del mismo sistema de empresas públicas, a cargo del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), que no está funcionando bien y al que hay que pedirle cuentas sobre lo sucedido.

¡Algo huele muy mal aquí! Se trata del organismo que incluye a entidades de gran envergadura, como Petro-Perú, Sedapal, Enapu, el Banco de la Nación, Electro-Perú y otras empresas eléctricas estatales, que consolidan uno de los holdings con más activos y con mayor presupuesto del país.

No obstante, a diferencia de las empresas privadas del mismo nivel, cuyas acciones se negocian en bolsa y deben publicar sus balances de modo periódico y transparente, nadie sabe cómo funcionan las empresas del Fonafe ni qué se hace con el dinero de todos los peruanos.

Peor aún, se da la escandalosa paradoja de que algunas empresas públicas como Petro-Perú y Enapu, con apoyo del Fonafe, siguen haciendo esfuerzos para evitar las instancias de control del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y del Consucode, que supervisan las inversiones, adquisiciones y contrataciones del Estado.

TRANSPARENCIA Y AUDITORÍAS EXTERNAS
No hay lugar para medidas parche. Encargar al Fonafe la constitución de un comité de emergencia para el Banmat no es garantía de nada si el Gobierno no se aplica a reestructurar al mismo Fonafe considerando varios aspectos.

Hay que analizar qué empresas siguen bajo su paraguas y decidir cuáles serían mejor manejadas por el sector privado. Los criterios deben ser búsqueda de eficiencia, evitar el malgasto de fondos estatales y desalentar esquemas de corrupción, que se dan precisamente por la mala gestión y la laxitud de los controles.

Luego, el Gobierno debe obligar a todas las empresas públicas a publicar sus presupuestos, ingresos, gastos y balances de gestión en sus páginas web. Ello no puede ser discrecional sino es un derecho inembargable de los ciudadanos que con sus impuestos las financian y sostienen.

Asimismo, hay que modificar directorios e instituir severas auditorías externas, con mecanismos de gestión y sanción que hagan imposible que las empresas se sustraigan a ese control.

Una reflexión final: el escándalo del Banmat es una clarinada de alerta sobre los riesgos y debilidades de la banca de fomento estatal. Este banco fue creado durante el gobierno belaundista para apoyar la autoconstrucción, pero con el tiempo se fue desvirtuando su razón de ser, y hoy , aparte de manejos irregulares, tiene una riesgosa morosidad del 60%. ¿Qué hacer? Una salida, entre otras, podría ser convertir al Banmat en un banco de segundo piso, que canalice las líneas de crédito ya no directamente al público sino a través de la banca comercial ya existente.