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Más trabas no evitan el divorcio

Por Cecilia Chacón. Congresista fujimorista

Mucho se ha hablado sobre el proyecto de ley que establece las vías notarial y municipal como alternativas para los divorcios por mutuo disenso, pero poco sobre su reales motivaciones. Es obligación del Estado establecer procedimientos expeditivos a la ciudadanía. Los procesos, no solo en materia de familia, sino en toda materia, no deben ser complicados, ni innecesariamente largos y menos tediosos ni obstaculizadores.

Desde 1996 se brinda la alternativa notarial a una serie de procesos que eran exclusivos de la esfera judicial, como las sucesiones intestadas y las rectificaciones de partidas. Los críticos decían que se ponía en riesgo la seguridad jurídica y señalaban los riesgos de falsificaciones. La realidad nos ha mostrado que el sistema funciona bastante bien. Ahora el divorcio por mutuo disenso estaría ingresando a la vía notarial o municipal, como alternativas a la judicial.

Hay voces discrepantes al respecto, regresando a la vieja crítica sobre la seguridad jurídica. Otros señalan que dicho proyecto es peligroso porque puede incentivar los divorcios. Hay quienes dicen que provocará que las personas contraigan matrimonio sin seriedad pues será fácil divorciarse. Téngase presente que el divorcio en el Perú tiene vigencia desde hace muchos años y que el actual proyecto no incrementa ni reduce los requisitos para el mismo.

Un proceso judicial complicado, innecesariamente largo, tedioso y obstaculizador efectivamente impide o por lo menos complica un divorcio por mutuo disenso, pero no generara una reconciliación.

Se señala que los notarios y alcaldes no deberían ser competentes para ver divorcios cuando hay hijos menores o cuando hay bienes. Al respecto, el proyecto señala que en caso de haber bienes, debe existir una separación de patrimonios previa, y en caso de haber hijos menores, debe existir una sentencia o un acta de conciliación previa que regule tal régimen. Es así, que no habrá necesidad que los notarios ni los alcaldes se pronuncien al respecto, pues ello ya estará resuelto, antes de pedir el divorcio.

Finalmente, se señala que las vías notarial y municipal son riesgosas por la posibilidad de falsificación de firmas y de suplantaciones. No olvidemos que el actual proceso judicial permite actuar a través de apoderados, motivo por el cual la preocupación de falsificaciones y suplantaciones está presente en el proceso judicial y no por ello se puede concluir que no debe existir. Sin embargo, en el proceso notarial y municipal se exige una audiencia en la que estarán presentes los cónyuges, lo que reduce sustancialmente tal riesgo.

El Estado debe incentivar la unidad familiar y el matrimonio responsable. Debe promover la unión conyugal permanente. Pero ello no significa que es papel del Estado el impedir el divorcio, ni se contradice con la responsabilidad de permitir la formalización legal, rápida y eficaz de la disolución del vínculo matrimonial, libre y soberanamente decidida por los cónyuges.

Aliviemos a los ciudadanos y al Poder Judicial de los complicados procesos de divorcios por mutuo disenso. Brindemos a las parejas cuyo matrimonio ha finalizado de común acuerdo, la alternativa de poder acceder a un proceso rápido y seguro que formalice la disolución del vínculo matrimonial.

Un proceso rápido y seguro de disolución del vínculo conyugal no atenta contra la familia. Un proceso complicado y absurdo atenta contra el ciudadano y contra la familia.