Nueva ley de carrera pública causará separación de corruptos

Por Débora Dongo-Soria S.

Luego de que el presidente de la República, Alan García, demandara al Congreso hasta en tres oportunidades aprobar la ley de la carrera pública, representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y los miembros de la Comisión de Descentralización del Congreso acordaron reunirse este miércoles 23 en una sesión extraordinaria para ajustar los alcances de esa norma.

La presidenta de la Comisión de Descentralización, Rosa Florián (Unidad Nacional), estimó que el proyecto también quedaría listo para el debate en el pleno la próxima semana.

El dictamen del proyecto de ley 686 elaborado por la Comisión de Descentralización del Parlamento propone incorporar a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público (D.L. 276) los principios de mérito, desempeño y capacidad como reguladores del ingreso, ascenso, condiciones de trabajo y remuneración de la actividad pública.

Asimismo, establece el ingreso al sector público a través de concurso (siempre que haya presupuesto), la incorporación del período de prueba (seis meses a partir de la fecha de vigencia del nombramiento) y la evaluación periódica, mediante factores mensurables, cuantificables y verificables, para calificar un semestre de desempeño funcional.

Las evaluaciones estarían a cargo del Consejo Superior del Empleo Público (Cosep) y estas serían determinantes para la concesión de estímulos y premios a los servidores del Estado.

De igual modo, se incorporan como causales de cese el rendimiento deficiente según las evaluaciones y la eliminación de la plaza que podría causar el proceso de descentralización. Además se incorporaría como faltas disciplinarias el bajo rendimiento y la negativa a someterse a examen médico.

Florián considera que no habrá demasiada oposición a la iniciativa. "Ningún empleado público del país puede oponerse a una capacitación o evaluación porque de esto va a depender su ascenso y lo que estamos buscando es la eficiencia", opinó.

El jefe de la Unidad de Investigación de la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), Iván Meini, aseveró que la aprobación de la ley de carrera pública en el Congreso le permitirá al Estado separar rápida y eficazmente a los funcionarios que participen en actos de corrupción. "La introducción de la meritocracia sería suficiente para ello", precisó.

El laboralista Jorge Toyama aplaudió la iniciativa legal, ya que desde hace 25 años el Estado Peruano no ha realizado ninguna reforma laboral. Pero agregó que aún falta hacer una unificación de regímenes laborales y una reforma del régimen salarial.

"El Estado lo único que ha hecho es poner topes salariales, lo que ha ocasionado una fuga de talentos que están mirando al sector privado", opinó en diálogo con El Comercio.

ENFOQUE
DIANA SEMINARIO MARÓN. Editora de Política

La peor pesadilla de Alan García
La semana que termina, la opinión pública ha quedado perpleja no solo con la magnitud de la corrupción revelada en el Banco de Materiales, sino por la reacción del presidente de la República, quien además de ordenar la salida de los malos funcionarios a través de los medios de comunicación, invocó a sacar a patadas a cualquier servidor público que incurriera en actos corruptos.

Si bien existe consenso en que la forma y las palabras usadas no fueron las más adecuadas, también se entiende el enojo presidencial ante el descaro y la impunidad con la que se actuó en el Banco de Materiales.

Más allá de frases altisonantes y pedidos estridentes, lo cierto es que la sombra de corrupción, caos y desgobierno que significó el régimen aprista (1985-1990) es razón suficiente para que García Pérez no quiera verse tocado por ese pasado que, pese a los logros económicos, aún lo persigue.

Parece que García no quisiera escuchar --ni en broma-- la frase "tarde o temprano esto pasaría", "así es el gobierno aprista". Su sueño (dejar atrás la mala imagen de su anterior gestión) no lo ha logrado todavía. La obtención del grado de inversión puede hacer olvidar que fue el mandatario que llevó al país a la mayor hiperinflación de su historia, pero hay otra pesadilla constante: la acusación de corruptela en su régimen. En su gestión está completar el sueño.

EN PUNTOS
Otras modificaciones propuestas
4Un segundo proyecto (el 666) también plantea modificar el D.L. 276. Allí se sugiere crear la estructura única de remuneraciones, homologando sueldos entre funcionarios de igual jerarquía y labor.
4Se prohíben los contratos de servicios no personales y se extiende el contrato a quienes están en esa situación por más de dos años.
4Se establece una estructura remunerativa de 24 niveles que va desde los S/.680 hasta los S/.16.320 para el presidente.