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Por una radical e integral lucha contra la corrupción

Para lograr que la lucha anticorrupción avance y la impunidad retroceda no bastan palabras de indignación --por necesarias que parezcan--, sino emprender una acción conjunta del Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público y organismos contralores. Evidentemente, esto alcanza a la sociedad civil que también resulta responsable cuando se convierte en cómplice del corrupto.

Con mirada estratégica, los protagonistas de semejante operación tienen la misión de afinar una política de Estado que ataque este viejo mal desde diferentes frentes, con la eficacia que suponga un real y efectivo punto de quiebre.

Debido a su fuerza destructora y persistente presencia, la corrupción alcanza en el Perú el nivel de mal endémico. La última encuesta nacional de Ipsos Apoyo revela que es considerada el principal problema nacional, incluso por encima del desempleo.

El riesgo, además de socavar la credibilidad de las instituciones, es que se envilece los esfuerzos gubernamentales para emplear de la mejor manera los recursos públicos existentes.

Otro frente que hay que atacar, incluso con una buena dosis de bravura política, es la inaceptable estabilidad absoluta de burócratas que, sintiéndose dueños de sus puestos, incurren en toda suerte de trastadas. Es probable que afectar el estatus quo de miles de burócratas genere resistencias, pero para extirpar esa pequeña, mediana y gran corrupción es inevitable actuar con audacia y rapidez. Finalmente, el objeto principal es que el Estado funcione para millones de peruanos y no para el usufructo de una casta ineficiente y corrupta sobreprotegida.

Para enfrentar un desafio de esta naturaleza son vitales las reformas que hagan más transparente el manejo de la cosa pública. Hay que tener presente que además de los ministerios y organismos autónomos, existe un holding empresarial estatal que tiene ventas anuales por 10 mil millones de soles: el Fonafe. Los mecanismos de selección de directores y altos ejecutivos en el sector público deben tener los mismos elevados estándares que se aplican en las grandes compañías privadas.

Pero cómo evitar los azares de malos manejos en el Estado cuando no existen mecanismos legales que impidan el retorno de funcionarios que antes abusaron de sus cargos. Bastaría un registro útil y actualizado para evitar poner otra vez al gato de despensero.

Precisamente, las autoridades políticas tienen que aguzar los sentidos porque el ciudadano promedio también se siente esquilmado por un Estado que inventa cobros sin que le brinde un real servicio. Esta situación tiene que ser advertida con un mayor sentido de responsabilidad y autoridad. El otro extremo son los excesos de denuncias contra todo aquel que pasa por el aparato estatal, con lo cual se ahuyenta la participación de profesionales valiosos.

Finalmente, un operador de toda esta calculada lucha contra la corrupción debería ser el contralor entrante elegido según la fórmula propuesta por el presidente García, es decir, que sea una persona de la oposición, solvente, técnica y honesta.

Como vemos, aquí hay una titánica tarea que no solo pasa por endurecer penas; sino también por una acción concertada y hasta diríamos patriótica entre las instituciones públicas y la sociedad civil.