Octogenario fallecido exigía que se cumpliera fallo favorable a jubilados

Por Mario Mejía Huaraca

Ubilde Suárez Cornejo alguna vez le comentó a sus amigos que los juicios que afrontaban los jubilados contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) eran tan largos que posiblemente él iba a morir en un tribunal reclamando el pago de devengados.

Sus palabras fueron proféti-cas. El hombre de 80 años, presidente de la Confederación de Jubilados del Perú, falleció ayer de un paro cardíaco en plena diligencia judicial en la Sexta Sala Civil de Lima, que funciona en el séptimo piso de la sede de la Corte Superior de Lima, ubicada frente al Parque Universitario.

Ante la sorpresa de los magistrados y asistentes, el veterano dirigente se desplomó pocos minutos después de haber hecho una pequeña exposición ante la sala, en representación de miles de jubilados, reclamando que se resolviera cuanto antes el pago de ciertos devengados, cuyo proceso llevaba más de 15 años.

Según refirieron sus compañeros del gremio de jubilados, faltó mayor diligencia para atenderlo. Indicaron que el médico del tópico recién apareció a la media hora de que Suárez perdiera el conocimiento.

Pese a que se le hicieron masajes al corazón y se le practicó respiración boca a boca, no reaccionó. Cuando llegaron los bomberos, 40 minutos más tarde, carecía de signos vitales. Falleció cerca de las diez de la mañana.

Poco después el fiscal de turno confirmó su deceso y ordenó el levantamiento del cadáver.

Tras lamentar esta pérdida, el presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega, aclaró que el médico del tópico acudió al lugar de accidente tan pronto le fue comunicada la emergencia, pero que nada se pudo hacer.

Confirmó que el occiso sufría de problemas cardíacos y que entre sus ropas se encontró medicinas para el corazón.

Nacido en Arequipa y dirigente textil en sus años mozos, Suárez se había entregado con pasión a la lucha por los intereses de los jubilados. Desde hace más de cinco años se desempeñaba como presidente de la Confederación de Jubilados del Perú, gremio que --según su abogado, Julio Ballesteros Condori-- agrupa a 276.518 pensionistas. Justamente la causa que venía afrontando era el pago de devengados por el reajuste trimestral y automático de pensiones.

"El juicio se inició en 1989 y se obtuvo una sentencia favorable en 1992; sin embargo, debido a que la ONP no hace caso al fallo y dilata el proceso, hasta el momento no se termina de ejecutar la sentencia y el caso ahora lo está viendo la sexta sala", indicó el letrado.

En realidad son numerosos los litigios entre los pensionistas y la ONP. Además, son procesos larguísimos los que tienen que padecer las personas de la tercera edad que buscan cobrar una pensión o acceder a un reajuste. En los juzgados contencioso-administrativos donde se ventilan estos casos, de 47.110 expedientes registrados a junio del 2007, la mayor parte tenían relación con juicios de pensiones.

Alicia Gómez Carbajal, jefa de la Oficina Distrital de Control de la Magistratura (Odicma), corroboró esa dramática situación. "El 60% o 70 % de la carga procesal que soportan los juzgados contencioso-administrativos lo constituyen los juicios de la ONP, que dilata innecesariamente los procesos, pues siempre plantea nulidades y ampliaciones cuando los fallos favorecen a los jubilados. Hay que buscar una solución a ese problema", indicó tras señalar que incluso hay sentencias vinculantes del Tribunal Constitucional que la ONP se negaría a tomar en cuenta.

José Ugaz La Rosa, portavoz de la ONP, señaló que su institución solo cumple con someterse a las decisiones del Poder Judicial y que si siempre se llega a las ultimas instancias es porque se tiene que defender los recursos del Estado hasta que se agoten todos los medios. "Además, en el tema previsional no se puede llegar a conciliaciones", dijo luego de precisar que muchas veces las expectativas de los pensionistas no tienen fundamentos, pero que animados por malos abogados o tramitadores se lanzan a iniciar juicios para pedir beneficios que no les corresponden.

Mientras se resuelve este problema, sin duda complejo, miles de pensionistas continúan litigando, aunque algunos --por su propia edad-- pueden encontrar la muerte sin hallar solución para sus causas. Así le sucedió a don Ubilde Suárez, quien hoy será enterrado tras haber sido velado en el Club Caravelí, en La Victoria.

EN PUNTOS
4 Ubilde Suárez, padre de tres hijos, también fue dirigente de la Central de Trabajadores del Perú. Al gremio de jubilados que hasta ayer presidía le dedicaba ocho horas diarias.
4 De acuerdo con el peritaje judicial que se hizo en 1993 y en base al fallo favorable de 1992 que consiguió su gremio, la ONP debería pagar siete mil soles de devengados a cada uno de los 276.518 jubilados que integran la confederación, informó el abogado Julio Ballesteros.
4 Tanto el presidente de la Corte Superior de Lima como la jefa de la Odicma de Lima coincidieron en señalar que los casos de pensiones constituyen la mayoría de los casos que se juzgan en los juzgados contencioso-administrativos.
4 Cada día estos juzgados contencioso-administrativos reciben de 100 a 120 demandas nuevas.
4 Al 31 de mayo del 2007, la ONP contabilizó 94.838 procesos judiciales previsionales en trámite, según un informe de la Defensoría del Pueblo.

DEL CONSULTOR
Hay demora en los trámites*
La Defensoría del Pueblo está preparando un informe sobre la labor de la ONP. Para ello hemos evaluado 2.318 casos representativos de nuestros archivos. El 40% de las quejas presentadas contra esa entidad son por la demora en los trámites y el 24% son quejas motivadas por el desconocimiento de los aportes pensionarios.

Esta situación es grave porque la edad de jubilación es de 65 años y el promedio de edad de los pensionistas es de 75 años. Se trata de gente que no tiene tiempo qué perder. Sin embargo, los procesos judiciales contra la ONP en promedio duran cinco años.

Además, históricamente la ONP ha sido una de las instituciones con más quejas presentadas ante la defensoría.

Nuestra investigación se centra en el tema de la demora de los procesos administrativos. Una de las primeras explicaciones sería que todas las etapas del otorgamiento de una pensión están en manos de proveedores particulares. Estando fragmentada la labor de la ONP, se generan problemas de comunicación.

Empero, otro motivo de la demora es el marco normativo de la ONP, que es motivado por las fugas que ha habido, como casos de pensionistas que intentaron sorprender a la institución con documentos fraudulentos.

Estos candados han generado, a su vez, mayores trabas para los que sí pueden acreditar su derecho a una pensión con documentos.
* Mario Atarama Cordero. Comisionado de la Defensoría del Pueblo