¿Quién garantiza la enseñanza?

Por ErnestoVelit Granda. Analista político

Al parecer --y a propósito de un proyecto de ley presentado por Mercedes Cabanillas sobre la suspensión temporal para crear nuevas universidades-- el tema de la realidad universitaria en el Perú ha sido puesto en agenda después de un prolongado sueño polar sobre el asunto.

La universidad en el Perú, su realidad y su destino es y será siempre motivo de profundas reflexiones. Y ello, porque a nadie escapa la situación de crisis, de abandono, de aislamiento en que vive, como consecuencia de equivocadas políticas de los gobiernos de las últimas décadas.

Las decisiones tomadas sobre el sistema universitario, incluidos innumerables procesos de reorganización académico-administrativa, han sido más intuitivos que otra cosa en la intención de aplicar conceptos de carácter económico y financiero al mundo del conocimiento y de la cultura, del que forma parte la universidad.

El Estado Peruano ha sido siempre incapaz de generar políticas explícitas respecto a la universidad y su papel en el desarrollo nacional. Políticas en las que deberían participar, y buscar consensos, los actores obligados llámense Gobierno, Congreso, clase política, intelectuales, medios de comunicación, empresa privada, etc.

El papel de la universidad al interior del tejido social, económico y político del país, ha sido abandonado hace mucho tiempo. Pero lo que es más grave, es el reconocimiento de derrota del parte del sistema universitario que pareciera no reaccionar a la indiferencia del Gobierno y la sociedad.

La institución universitaria, entre nosotros, se debate en una crisis académica y moral que debe convocar a los responsables. Creer que la proliferación irracional de universidades privadas es muestra de avance cultural es creer que a más médicos más salud y a más abogados más justicia. Esa proliferación ha heterogeneizado el sistema universitario, lo cual dificulta la calificación de calidad. Por ello requerimos volver a plantearnos el concepto de universidad, los cambios políticos y sociales lo exigen, ya que la propia evolución de las instituciones ha hecho aparecer categorías de entidades que asumen funciones que pertenecen tradicionalmente a la universidad.

Particularmente las universidades públicas, sobre las que se debería abrir un debate nacional, mantienen una relación de dependencia perversa con el Estado. Este influye en sus leyes, sus estatutos, sus autoridades, sus recursos y hasta se anima a suprimir programas como el caso de las facultades de educación.

La creación exagerada de universidades privadas, ha establecido una diferenciación entre el sistema universitario público y privado. El estatal es masificado, sin investigación científica, con infraestructura obsoleta, al servicio de quienes tienen bajos ingresos y con cuestionable calidad de la oferta educacional.

Todo esto es consecuencia de un sistema abandonado a su suerte. La presión del mercado incrementa carreras y matrículas sin control adecuado, en perjuicio de la universidad estatal a la que se trata de sacar de la competencia, y a favor de la privada en su mayor parte de calidad discutible.

La intención de la propuesta legislativa busca, seguramente, rescatar a la universidad y recuperarle su espacio de actividad intelectual. Por ello, no basta detener la creación de nuevas universidades sino empezar la calificación académica de las existentes y terminar con el engaño y las falsas esperanzas de las que son víctimas miles de jóvenes peruanos.