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CORTE SUPERIOR DE LIMA VERÁ APELACIÓN

Se complica la situación de 61 diplomáticos que no ascendieron

Jueza determinó que el caso se debe ver en el ámbito contencioso-administrativo

De los 61 ministros consejeros que buscaban una de las once vacantes para ministro en el último proceso de ascensos convocado por la cancillería ninguno logró ser promovido por lo que se declaró desierta dicha categoría.

La razón por la que en el 2007 no hubo ni un ascendido a ministro fue porque ninguno de los postulantes pudo acreditar haber llevado un curso de altos estudios en la Academia Diplomática, el cual no se abrió por motivos presupuestales, y porque ninguno de los aspirantes pudo cumplir con el requisito de haber desempeñado un puesto en una misión diplomática de condición difícil, cuyo listado no existe en cancillería. Es decir, ningún funcionario alcanzó el rango de ministro debido a motivos ajenos a su voluntad.

Por ello, 46 de los 61 afectados presentaron un recurso de amparo ante el Poder Judicial por considerar que se había afectado sus derechos fundamentales y sus expectativas profesionales y familiares.

Finalmente, el 24 de marzo de marzo se emitió la decisión de la jueza Silvia Herencia Espinoza --del Juzgado Civil 22 de Lima--, quien evaluó el recurso presentado. El fallo, notificado al abogado de los demandantes, Alberto Borea, determina que la demanda debe ser tramitada en la vía contencioso-administrativa.

Esta decisión no ha sido bien recibida por los demandantes, ya que implica un largo proceso. Solo para que los juzgados que ven estos casos califiquen la demanda podría pasar un año. Ante tal veredicto, los afectados han apelado y esperan el fallo de la Corte Superior.

Borea expresó su preocupación por haber pasado "de una suerte de 'amparitis' a un desamparo total de los derechos fundamentales".

"Frente a casos totalmente claros, en los que está en juego un derecho constitucional, los jueces no asumen la competencia que les corresponde, sino que ven la manera de pasarlos a la vía contencioso-administrativa, con lo cual los dejan sin protección inmediata".

CANCILLERÍA LOS APOYA
El abogado informó que hay voluntad del Ministerio de RR.EE. para hallar una solución: "Hay una carta del canciller, que acompaña al expediente, en la que lamenta la situación porque aquí no se ha actuado inescrupulosamente. Las cosas se han presentado así y todos comprenden que es una situación inconveniente, pero nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. ¿Cómo se resuelve? Se acude al Poder Judicial para que el juez desenrede la madeja".

El Comercio se comunicó con el vicecanciller Gonzalo Gutiérrez --de viaje de trabajo en África--, quien señaló: " Estamos dispuestos a acoger la decisión que se adopte por la instancia judicial y ojalá sea en beneficio de los colegas. Eso es lo que nos interesa. Ojalá dure lo menos posible. Ese es mi deseo".

SEPA MÁS
4 Alberto Borea, abogado de los demandantes, señaló que se han violado flagrantemente diversos derechos constitucionales, como el de igualdad.
4 "Hay una discriminación al impedirse que los miembros de una categoría participen sin ninguna razón válida, y por un acto absolutamente imputable al Estado, en un proceso que les corresponde para continuar su desarrollo profesional", aseveró Borea.
4 Agregó que al no dar una salida rápida a la violación de derechos fundamentales se infringe el Pacto de San José.

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