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Cuatro medidas a patadas

Por Beatriz Boza

Las principales empresas europeas y norteamericanas han aprendido a preocuparse y cuidar el medio ambiente. Cuentan con políticas, manuales, prácticas y sistemas de auditoría eficaces que les permiten mejorar sus estándares de gestión y exigírselos a sus colaboradores. La mayoría de esas empresas no tiene un dueño sino cientos de miles de pequeños ahorristas que invierten sus fondos de pensión en esas acciones porque tienen confianza en la gestión del gobierno corporativo de esas empresas y en el rol regulador del Estado en sus países.

¿Cómo así logran esas empresas ganarse la confianza de los pensionistas? ¿Por qué el sector privado puede generar confianza y a nuestro Estado le cuesta tanto? Basta la noticia de un derrame contaminante, una denuncia de trabajo infantil, una imputación de corrupción o una queja fundada de los vecinos para que se 'mueva' el mercado bursátil, obligando a los directorios y gerencias de esas empresas a tomar inmediatamente las acciones correctas y, sobre todo, a prevenir y evitar esas circunstancias que afectan su reputación corporativa. La transparencia y oportunidad en la información es la clave de esa confianza ciudadana.

¿Cómo lograr esa confianza en nuestro sector público? En un contexto de creciente percepción de corrupción, ¿qué debemos hacer? ¿Hacen falta, como alegan algunos, mayores controles legales y sanciones para los corruptos? ¿Es un tema de falta de presupuestos y de gente capaz? Más allá de castigar y de hacerlo ejemplarmente cuando proceda, el énfasis también debería estar en la prevención, en cómo evitar actos indebidos y cómo maximizar la posibilidad de detectarlos. En ello, hay varias lecciones que nos aporta la gestión privada exitosa, que bien se podrían aplicar a nuestra gestión estatal.

Pienso en cuatro medidas: 1) Al igual que las principales empresas privadas, contar con una auditoría independiente seleccionada directamente por la máxima instancia de la entidad pública, bajo su responsabilidad, cuyos resultados deben publicarse en la web. 2) Cumplir lo establecido en la Ley de Transparencia y, en el caso de las empresas estatales, exigirles los estándares de información al público propios del mercado de valores. 3) Someter las entidades estatales, sin excepción, al control directo a cargo de las entidades reguladoras, y a las empresas del Estado, cualquiera fuera su nivel de gobierno, a la regulación de la Conasev, y en su caso la SBS, pues de alguna manera administran dineros del público. 4) Los directores y gerentes asumen personal y solidariamente la responsabilidad de las decisiones adoptadas y deben responder por ello.

Como sociedad, ya hemos desarrollado la suspicacia necesaria y contamos con los mecanismos legales para perseguir la corrupción. Quizás el aprendizaje que nos falta está en materia de prevención.