¿Descontento justificado?

Por Raúl Ferrero C. Jurista

El país sigue creciendo a tasas sorprendentes, a la vez que los principales indicadores económicos son todos positivos, con excepción de la inflación que comienza a tornarse en un factor que debe merecer más atención.

A pesar de ello, la aceptación popular del presidente de la República ha seguido decreciendo para ubicarse en los niveles que tuvo en la primera vuelta electoral de abril del 2006.

Al margen de si resulta justa o injusta la percepción popular con relación al esfuerzo gubernamental por hacer las cosas bien, pensamos que los factores que más gravitan en la caída, son el alza de los precios de los alimentos de primera necesidad y la percepción que la gestión de la administración pública no es eficiente.

La continua caída del dólar, en una economía que se encontraba casi dolarizada, emite una señal de falta de control sobre hechos que el imaginario popular considera que es un tema que refleja impericia en el manejo del Estado, y piensa que hay poca sensibilidad de este al no preocuparse lo suficiente en aquello que afecta los intereses de mucha gente. Esto, a pesar de saber que ello es principalmente consecuencia de la debilidad del dólar.

Las últimas medidas tomadas por el Banco Central de Reserva demuestran que con inventiva e imaginación es posible corregir tendencias que puedan parecer irreversibles.

Para cualquier peruano que siga las noticias diarias, el escándalo del Banco de Materiales puede ser considerado como una muestra de corrupción de lo que podría estar ocurriendo en otras instituciones de la administración estatal. Esto exige una mejor explicación de las autoridades del sector, para que se sepa que se trata de un fenómeno aislado y no de una constante que se repite en otras instituciones del sector público.

Posiblemente nos encontremos en el mejor momento para revisar las mal entendidas medidas de austeridad que están llevando a que buenos funcionarios públicos abandonen sus cargos por los bajos sueldos que se les paga. La pregunta que cabe hacerse es: ¿quiénes están reemplazando o reemplazarán a esos funcionarios calificados que dejan el sector público? Definitivamente, los nuevos funcionarios no serán mejores que los anteriores, sino, sin duda, personas menos preparadas.

Si bien compartimos la frustración del Gobierno con relación a la burocracia ineficiente, no necesariamente aceptamos el enfoque que le está dando al problema, cuando no reconoce su cuota de responsabilidad después de estar 21 meses manejando la administración estatal.

Sin embargo, nos parece que los bajos niveles de aprobación no deberían causar desvelos. La democracia no es encuestitis. El presidente Toledo tuvo niveles más bajos en su momento y no por eso el sistema democrático estuvo expuesto a riesgo. Para que mejoren esos niveles tienen que producirse cambios importantes.

La inversión pública tiene que aumentar (infraestructura) y la gestión pública mejorar, para que el tigre del descontento no se coma el sabroso bocado de un crecimiento del 8% (2006) y 9% (2007) que está siendo desaprovechado por el Gobierno sin atenuantes que lo justifiquen.

La población de menores recursos no puede entender, y con justa razón, cómo es que el país ha alcanzado la bonanza económica y esta no les llega.

Tampoco tiene sentido que el presidente enfile sus baterías contra el Congreso (aunque lo pueda merecer), cuando debería buscar entenderse mejor con un Parlamento al que no le conviene debilitar, por cuanto todo sistema democrático requiere de uno que garantice el equilibrio de poderes.

Finalmente, los programas sociales tienen que seguirse afinando y reorientándose ya que todavía no se obtienen los resultados esperados.