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¿Qué gobernabilidad buscamos sin reforma del Estado?

Los notables logros económicos recientes, con índices de crecimiento del PBI que superan el 8% y mejores niveles de empleo, son buenas noticias. Sin embargo, no son suficientes por sí solos para sostener la gobernabilidad y enrumbar definitivamente al país por la ruta del desarrollo, si es que no contamos con un Estado ordenado, confiable y eficiente que marque la cancha, mantenga el modelo y haga respetar las reglas de juego.

El acuciante tema de la reforma del Estado salta hoy nuevamente a la palestra cuando vemos la indolencia del Ejecutivo en dos temas cruciales: la Ley de Carrera Pública y la reestructuración del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).

Efectivamente, ¿qué mensaje se le da al país y al sector privado, a los que se les exige competencia y eficiencia, cuando el propio Estado no usa bien los recursos de los contribuyentes y suele ser ineficiente? ¿Cómo podremos avanzar si no sabemos cuántos son los empleados estatales, ni tenemos herramientas para evaluarlos periódicamente, de modo que se pueda contar con burócratas eficientes? ¿Qué hacer para premiar a los más destacados y meritorios y depurar a aquellos que solo ocupan un escritorio y estorban el quehacer ciudadano o empresarial? La austeridad no puede ser tan rígida como para ahuyentar a los buenos técnicos que son absorbidos por el sector privado, que los remunera según su competencia.

De ahí la importancia de la Ley de Carrera Pública, que ha sido anunciada reiteradamente por el Ejecutivo, pero sin sustentarla con información y propuestas coherentes, lo que no permite avanzar el debate en las respectivas comisiones dictaminadoras del Congreso.

El presidente Alan García y el jefe del Gabinete, Jorge del Castillo, deben llamar al orden a sus ministros y cuadros técnicos para cubrir estos vacíos y poder dar forma al proyecto de ley en las comisiones y en el pleno, en los cortos plazos que ha fijado el presidente. La responsabilidad debe ser compartida por el Congreso, donde existen proyectos avanzados, gestados en el gobierno toledista sobre escalafón, homologación, etc.

En cuanto al controvertido Fonafe, hay que recordar que engloba, dentro del Estado, todo aquello que no son ministerios. Se trata, efectivamente, del holding de empresas públicas, cuyo patrimonio y gestión económica superan a las de cualquier otra empresa privada. En conjunto tiene ventas anuales de más de 10.000 millones de soles, lo que lo convierte en uno de los principales grupos empresariales del país, por encima de cualquier holding privado.

Pero, a diferencia de estos que tienen controles severísimos, los niveles de fiscalización del Fonafe son relajados o inexistentes, lo que deja la puerta abierta a la ineficiencia, el dispendio y la corrupción estatal, como se ha visto en el caso del Banco de Materiales. Por lo mismo, tampoco se entiende la reticencia del Poder Ejecutivo a poner el tema sobre la mesa y debatirlo con seriedad.

Al respecto llama seriamente la atención la insistencia del ministro de Vivienda, Enrique Cornejo, en exculpar a priori al Fonafe de cualquier responsabilidad. De modo absurdo ha dicho que las irregularidades (del Banmat) no corresponden ser detectadas por el Fonafe. ¿Y entonces, por quién?

El problema de fondo , hay que decirlo, es la formación de su directorio, integrado por varios ministros, que ejercen cargos políticos, a lo que se agrega que el nombramiento de los directores y gerentes de las empresas públicas se haga con criterio político-partidario, lo que es muy grave y explica su ineficiencia y descontrol.

El Gobierno no puede cerrar los ojos a esta oscura realidad ni pretender, como quiere el ministro Cornejo, tapar el sol con un dedo. Al igual que la Ley de Carrera Pública tiene que promover iniciativas legales para reformar al Fonafe, modificar su directorio, establecer severas auditorías externas y obligar a todas las empresas públicas a publicar sus presupuestos, ingresos, gastos y balances de gestión en sus páginas web.

La gobernabilidad y el ansiado salto al desarrollo demandan, pues, que el Gobierno asuma como consigna inaplazable la de pisar el acelerador de la reforma del Estado para ordenarlo y promover su eficiencia y blindar la gestión de las empresas públicas de cualquier presión clientelista.

Para que el Estado no siga siendo el perro del hortelano tiene que reformarse. No hacerlo ahora sería temerario, irresponsable y grave, pues eternizaría el lastre que representa para el dinamismo empresarial y el derecho de los peruanos a una vida mejor la persistencia de un Estado pesado, mediocre , dispendioso y obstruccionista.