Separan temporalmente a tres policías por caso de extorsión

La Policía Nacional del Perú separó temporalmente a los suboficiales del Escuadrón Verde de Ventanilla vinculados a un caso de extorsión a comerciantes informales de combustibles del distrito, anunció ayer el general PNP Bruno Debenedetti, jefe de la Región Policial del Callao.

La decisión fue tomada tras el informe, publicado ayer en este Diario, en el que se daba a conocer la impunidad con la que un grupo de personas comercia informalmente con combustibles en el kilómetro 11 de la avenida Néstor Gambetta, en Ventanilla.

En dicho reportaje se hicieron públicas, además, imágenes en las que se observa que uno de los informales, luego de ser intervenido por el Escuadrón Verde del distrito, entregó un billete de 20 soles a uno de los agentes, quien, posteriormente, lo dejó ir.

La investigación, iniciada la mañana de ayer por la Inspectoría del Callao, permitió identificar a los tres agentes implicados en el caso de extorsión. Se trata de los suboficiales de la policía Óscar Zúñiga Castillo, Jheyson López Melgarejo y Anthony Olórtegui Álvarez.

Tras mostrar su desazón respecto de un hecho que consideró aislado, Debenedetti informó que, por decisión del Ministerio del Interior, se procedió también a cambiar al jefe del Escuadrón Verde de Ventanilla, así como a los 26 suboficiales que conforman el destacamento.

Asimismo, anunció que la Divincri del Callao solicitó a la Fiscalía Provincial Mixta de Turno de Ventanilla el inicio de las investigaciones penales sobre el caso, las mismas que se harán en paralelo a las de la PNP, que deberán concluir en diez días. Las diligencias del Ministerio Público estarán a cargo de la fiscal Mónica Visalot Paredes.

Debenedetti sostuvo que, de comprobarse la responsabilidad de los agentes implicados en el caso, estos podrían ser dados de baja. Entre otros, a ellos se les investigará por los presuntos delitos de abuso de autoridad y cohecho pasivo propio (extorsión).

Respecto de este último delito, el Código Penal de nuestro país establece actualmente una pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años a todo aquel funcionario público que acepte o solicite un "donativo, promesa o cualquier otra ventaja indebida para realizar un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del ya realizado".