Ministra de Justicia dice que las ONG coordinarán con el Consejo de DD.HH.

Más de una reacción generó ayer la decisión del Poder Ejecutivo de retirar el carácter de observadora que ostentaba la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos --colectivo que agrupa a 64 ONG en todo el país-- ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo dependiente del Ministerio de Justicia, tomada días después de conocerse que la ONG Aprodeh envió una carta al Parlamento Europeo para pedir que no se incluyera al MRTA como organización terrorista.

La primera en pronunciarse sobre este tema fue la ministra de Justicia, Rosario Fernández Figueroa, quien indicó que la publicación del Decreto Supremo 008-2008-JUS no rompe totalmente las relaciones de las ONG con el Consejo Nacional de Derechos Humanos. "No se trata de que las ONG queden excluidas. El propio decreto (publicado el domingo) mantiene lo que dice el anterior sobre el nivel de permanente coordinación con todas, absolutamente con todas", insistió la ministra Fernández.

Esta posición la ratificó Miguel Facundo Chinguel, secretario ejecutivo interino del CNDH, en diálogo con este Diario. "Esto no nos aleja. Nosotros vamos a seguir manteniendo la coordinación con las ONG", añadió.

Tanto Fernández como Chinguel argumentaron que el colectivo no podía seguir siendo observador del CNDH, debido a que ellos no eran funcionarios y no tenían la obligación de guardar reserva de la información a la que tenían acceso por ser observadores de esta última entidad. La decisión se tomó, además, teniendo en cuenta que estas ONG tenían diversos litigios con el Estado en el fuero internacional.

¿Y LOS OTROS OBSERVADORES?
La ministra Fernández destacó que tanto la Conferencia Episcopal Peruana como el Concilio Nacional Evangélico del Perú, a los que también se les retiró el carácter de observadores con el nuevo decreto, ahora tendrán la posibilidad de mantener "relaciones de cooperación". El Comercio se comunicó con las instituciones antes mencionadas, pero no fue posible localizar a ninguno de sus representantes.

En la Defensoría del Pueblo --que participa como observadora del CNDH con derecho a voz, pero sin voto-- no emitirán por el momento un pronunciamiento sobre el caso, según una fuente de esa institución. Quien sí mostró su disconformidad con este hecho fue Ernesto de la Jara, director fundador del Instituto de Defensa Legal (IDL) e integrante del colectivo que agrupa a las ONG de derechos humanos.

"La ministra de Justicia está mal informada, ya que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ya se había retirado del CNDH tras cuestionar el nombramiento de Facundo Chinguel como secretario ejecutivo interino de esta institución", señaló.

Otro que opinó fue Miguel Jugo, representante de Aprodeh, quien calificó de apresurada la decisión del Poder Ejecutivo de modificar el reglamento del CNDH. "Esta decisión forma parte de una campaña de hostigamiento", añadió.

Dentro de este panorama ayer también se pronunció el presidente de la Corte Suprema, Francisco Távara, quien consideró que la decisión del Poder Ejecutivo sobre el caso de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos fue apresurada. "Hay que ver las cosas con calma. Me parece que hubo un apresuramiento. Creo que aquí los medios de comunicación serios tienen gran responsabilidad para realizar un amplio debate. Pienso que debió debatirse más este tema", dijo Távara.

De otro lado, señaló: "Hay que entender que existe indignación en el presidente (Alan García), ministros y congresistas por una decisión del Parlamento Europeo (que no incluyó en la lista de grupos terroristas al MRTA) que es totalmente cuestionable y alejada de nuestra realidad histórica casi reciente".

AL GRANO
Soy aptrista y eso no me invalida

Por Miguel Facundo Chinguel. SECRETARIO DEL CNDH

Se ha vinculado la emisión del decreto con la carta de Aprodeh sobre el MRTA. ¿Existe algún vínculo?
No, no existe vínculo ni venganza. Yo acabé el informe para el decreto hace unos 20 días. No tengo una actitud maccartista.

¿Cuál es su opinión sobre las ONG?
Respetamos el trabajo de las ONG, pero en su lugar y en su sitio. Resulta ilógico que durante todo este tiempo hubiéramos compartido información clasificada con organizaciones con las que tenemos litigios.

¿Las ONG han cuestionado su militancia política?
Soy aprista y eso no me invalida. Así como tampoco invalida a (Francisco) Soberón (de Aprodeh) el ser marxista o comunista.

DEL CONSULTOR
Un esfuerzo inportuno*
La reciente exclusión de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos como observadora del Consejo Nacional de Derechos Humanos no solo es injustificada, sino inoportuna.

El decreto que así lo dispone considera que ese consejo genera información "confidencial" y que las instituciones que participaban como observadoras no están obligadas a guardar reserva, situación que "no se encuentra acorde con las normas constitucionales y legales". Nada más inexacto.

El consejo es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia que propone la política del gobierno en materia de promoción, defensa y garantía de los derechos humanos, como parte del Plan Nacional de Derechos Humanos.

Ese plan fue publicado el 11 de diciembre del 2005 y tiene por misión garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos humanos en el Perú "con la participación y cooperación de las organizaciones de la sociedad civil" y propone reemplazar "la cultura del secreto por la de la transparencia y pleno acceso a la información".

El reciente decreto no guarda coherencia con las funciones del consejo ni con ese plan.

Se afirma, basándose en la Ley de Transparencia, que el consejo produce información "confidencial". Sin embargo, no se trata de la Central Nacional de Inteligencia, que sí cuenta con información reservada.

De acuerdo con la Ley de Transparencia, toda información se presume pública; así lo ha reiterado el Tribunal Constitucional.

Además, se desconoce que la información confidencial debe justificarse en cada caso concreto y no se puede clasificar toda la información que produce una entidad pública como reservada. Si llegara al consejo alguna información sobre seguridad nacional, sí se podría mantener la reserva necesaria.

En definitiva, se ha pretendido brindar un disfraz legal a esta exclusión, en un contexto donde preocupa el retorno de discursos autoritarios. Y es que en una democracia la transparencia, la inclusión y la tolerancia resultan fundamentales. El reciente decreto no solo es inoportuno, sino que tampoco aporta a este esfuerzo.
* Samuel B. Abad Yupanqui. Constitucionalista