"El abogado que empantana un proceso debe ser sancionado"

Por Juan Zegarra Salas

Usted ha señalado que el 60% de expedientes corresponde a procesos chatarras, ¿pero cómo corregir esa anomalía que es impulsada indebidamente por los abogados?
Los abogados queremos dar una muestra de que entre nosotros no funciona la regla de 'otorongo no come otorongo'. Hemos hecho públicos los procesos de ética y cualquier periodista puede venir al CAL los días jueves para presenciarlos. Hace un mes aprobamos por unanimidad la creación de un sistema nacional deontológico. Esto significa que si un abogado es sancionado por inconducta ética en Huancayo, no podrá ejercer en ninguna parte del Perú. Antes ocurría que si era sancionado en Lima entonces se iba a ejercer al Callao.

¿Cómo aplicar una sanción efectiva a estos abogados que se valen de argucias para empantanar un proceso?
Una de las herramientas es la cláusula de responsabilidad. Cuando un escrito no tiene sustento material ni jurídico y aun así se presenta y agolpa el sistema judicial, entonces el abogado se hace responsable y eventualmente podría ser sancionado por este mal uso del sistema. Esto hará que los abogados miren con mayor celo aquello que presentan y por tanto bajará el caudal de recursos.

¿A quién compete identificar esa falta?
Compete al juez y derivar el caso al Colegio de Abogados para que se inicie el proceso.

¿Eso ya existía?
No técnicamente. Las incon-ductas son en relación abogado-cliente más que con el propio Poder Judicial. Con nuestra propuesta, el juez que detecte esa inconducta la remitirá a la Consejo de Ética para que allí se active el proceso disciplinario.

¿Qué se necesita para poner en marcha esto?
Es importante tener un código que también le dé las garantías al abogado. Caso contrario, un abogado podría ir al Poder Judicial para revertir su situación. No se puede implementar este código con cláusulas generales, sino sobre la base de conductas perfectamente tipificadas. Si nosotros vamos a dar este paso, también exigimos al Congreso y al Ejecutivo que inicien una verdadera reforma. Esta tiene que ser asumida como una política de Estado.

Hubo varios intentos de reforma pero sin resultados, ¿qué falló?
En el Perú hay una interminable reforma. Los jueces piensan que son ellos los que tienen que hacerla, luego la sociedad civil piensa que es la llamada a realizarla, y de otra parte está el Poder Legislativo que se siente ajeno y el Ejecutivo no se compromete.

¿Cuál sería la clave?
Un actor que estuvo tras bambalinas es el abogado. A través de él tenemos que articular a los demás actores. Para eso el abogado tiene que legitimarse. Los auspiciosos indicadores económicos no permitirán el salto al desarrollo si no solucionamos el tema de la administración de justicia. Si hemos tomado consciencia que hay reglas de la economía que no podemos violar, igual debemos ponernos de acuerdo respecto de determinadas reglas institucionales.

Así como hay abogados que saturan con recursos, hay otros que hacen una serie de denuncias, con demandas millonarias, pero no con el fin de obtener justicia sino solo para intimidar o amedrentar.
Precisamente esa es una modalidad en que se usan los recursos judiciales como arma contra el adversario o todo aquel que resulte incómodo. Es la utilización del Poder Judicial como daga contra el enemigo. Esta es una especie a la que nos referimos cuando hablamos de las demandas chatarras y frívolas. Definitivamente, el abogado que utiliza un recurso con ese propósito tiene que ser sancionado. En suma, cuando un abogado empantana un problema, pero es a nivel micro, igual significa un gasto para el sistema judicial. Pero también en el tema macro surgen estas acciones y opera cuando se quiere amedrentar a un periodista o poner contra la pared a un competidor empresarial. Todo eso debemos evitar porque el sistema de justicia no se ha creado para eso.

¿Suena utópico acabar con esa mala práctica?
Sé que es un camino difícil y no es necesariamente grato, pero hay que recorrerlo. Como decía Peter Drucker, es riesgoso proyectar e intentar hacer el futuro, pero más riesgoso es no intentarlo. Es decir, hacemos el futuro o el futuro termina con nosotros. Hay que poner en agenda la reforma de la justicia.

Según usted, han proliferado los hábeas corpus pero que ese es un problema abierto por el Congreso.
No todo es responsabilidad de los abogados.

Usted los representa y por lo que dice no resultará muy popular para ese gremio...
Si fuera un político trataría de morigerar, de hablar melifluamente de los abogados, pero a mí me han elegido para decir las cosas como son. Pero en el tema de la proliferación de hábeas corpus, el primer responsable es el Congreso. En el 2004 se da el Código Procesal Constitucional que en un artículo permite que el hábeas corpus se utilice también para situaciones vinculadas al debido proceso. Esto abre un abanico interminable de posibilidades y ha terminado por distorsionarlo. Está en manos del Congreso corregirlo al igual que aprobar la ley de la carrera judicial, que lleva seis años discutiéndose. Es inaudito tener un sistema judicial sin una ley de la carrera judicial.

¿Un juez puede multar a un abogado por un recurso sin sustento?
Puede multarlo pero en la práctica no se da. Entonces, lo que no cuesta, no se cuida. Hay la sensación de que presentar una demanda es gratis. Es como si tuviéramos el caño abierto permanentemente y se está yendo el dinero. Al igual que el abogado, el propio juez no tiene consciencia de ese problema.

Usted ha mencionado como problema que haya 100 mil estudiantes de Derecho.
La administración de justicia es un servicio público básico, al que acceden no menos de dos millones de ciudadanos al año y en el cual el Estado invierte 1.700 millones de soles. Hay que controlar la formación del abogado y el ejercicio de la profesión. Cuando decimos que hay demasiadas facultades de derecho, en realidad lo que señalamos es que las existentes son facultades de 'garaje'. Se han juntado unas cuantas carpetas, se ha puesto una pizarra, improvisado un profesor y el derecho se enseña de una manera precaria.

¿La alternativa sería cerrarlas?
No. La alternativa es suspender el incremento de facultades y la enseñanza de derecho a distancia. Mientras no creemos un sistema de acreditación, estas facultades son un peligro porque hay cerca de 100 mil estudiantes que no están siendo bien formados y que luego van a ingresar y activar el sistema pero para pervertirlo. Necesitamos controlar ese caudal de abogados creando un sistema de evaluación de lo que se está enseñando. He viajado por el Perú y he advertido que se enseña derecho con legislación derogada, jurisprudencia superada con doctrina de hace 50 años. Es un enorme peligro.

¿Cuántos abogados existen y cuántos están habilitados?
Hay 42.912 abogados inscritos, de los cuales 22.017 están habilitados y 20.895 están inhabilitados.

¿Cuántos abogados han sido expulsados por inconducta?
Se ha suspendido a una cantidad muy pequeña, creo que no llegan a 10 o 12 abogados, todo esto en los últimos 10 años. No hay que tener temor de multar, suspender o expulsar cuando un abogado ha incumplido su papel.

¿Cómo decir que nos falta una norma tan determinante como la ley de la carrera judicial cuando al mismo tiempo hay un millón de normas vigentes?
En el Perú, todos los años se dan 30 mil normas de distinta jerarquía. Esas se van a sumar a un millón de normas que hay en este momento. A eso hay que agregar el grave problema de la falta de técnica legislativa que generan normas con cláusulas abiertas o se legisla y luego es derogada y entonces la anterior recobra vigencia. Al final estamos en un laberinto jurídico, donde toda pretensión puede encontrar amparo o fundamento. Si el insumo legal con el que se administra justicia es la norma, comprenderá que eso atenta contra la seguridad jurídica.

¿Cómo resolverlo?
En otros países existe un consejo nacional de legislación, que es una suerte de tamiz. Lo que buscan estos consejos es mantener coherentes por lo menos las leyes más importantes. Con esto no se limita al Congreso en su labor legislativa pero el tema técnico, y no hablo del contenido, tiene que estar en manos de personal especializado. Vamos a presentar un proyecto para su creación porque no se puede seguir en el desorden.

¿Cuál es la carga procesal actualmente?
Hay dos millones de procesos y un millón que ingresa todos los años. En el CAL planteamos la creación de centros de arbitrajes en asuntos patrimoniales y en los no contenciosos, con lo cual se descargaría el 30% de la actual carga procesal. Pero se requiere decisión. Con la actual carga procesal, matemáticamente esto no funciona.

4 Es necesario nombrar más notarios
Al igual que el divorcio se debe facilitar la formalización del matrimonio
¿Usted se opone al divorcio rápido; que estos no vayan al Poder Judicial sino sean resueltos en notarías y municipios?
Esa norma (del divorcio rápido) planteaba que uno de sus objetivos era fortalecer a la familia, pero déjeme decirle que en el Perú la mayoría de parejas no está casada. Entonces el problema no es el divorcio sino el matrimonio. ¿Usted cree que en Huancavelica o Ayacucho están pensando en el divorcio? No, allí están pensando en el reconocimiento de las uniones de hecho. Un Parlamento sintonizado con la realidad del país lo que tiene que acelerar es ese reconocimiento.

¿Pero por qué oponerse al divorcio rápido?
No estoy en contra. En los últimos cuatro años se han dado tres leyes sobre divorcio. Le pregunto: ¿cuántas normas se han dado para acelerar el reconocimiento de uniones de hecho? Ni una sola. Más gente tiene ese problema y especialmente en los sectores más bajos, pero no se legisla para esas personas. Cuando quieren que esa unión sea reconocida judicialmente, tienen que ir al Poder Judicial y hacer un trámite que dura casi un año. Entonces no lo hacen y carecen de un manto protector. Hay un tema cultural.

¿Entonces no es un problema legal?
La ley permite hacer un atajo hacia la solución de esos problemas culturales. Así como se trata de facilitar el divorcio, también debe aplicarse la misma estrategia para las uniones de hecho. Que uno pueda ir a la municipalidad, firmar y ya está. Además, advertimos de que hay que tener cuidado con la motivación de estas normas. Al final estamos hablando que son solamente 160 notarios en Lima para ocho millones de personas.

¿Qué proponen?
Hay buenos notarios, pero no son suficientes. Lima necesita no menos de 400 notarios y el país no menos de 600. De lo que se trata es de voluntad y corresponde al Consejo de Notariado y al Ministerio de Justicia activar esto lo más pronto posible. Eso permitiría agilizar y reducir los costos notariales.

LA FICHA
Nombre: Walter Gutiérrez Camacho.
Edad: 49 años.
Estudios: Abogado, por la Universidad de San Martín de Porres. Posgrado y doctorado en España.
Trayectoria: Fundador de la revista "Gaceta Jurídica". Coautor de "Contrato y mercado". Consultor de las Naciones Unidas, durante 1989. Es el decano del Colegio de Abogados de Lima.