Entre la voluntad y la indiferencia

Por Renato Cisneros

Hace 25 años las palabras 'derechos' y 'humanos' rara vez se escribían juntas. Las fisuras que fue abriendo la guerra interna entre el terrorismo y el Estado introdujeron en la agenda política (y en la pública) el concepto, absolutamente nuevo, de lo que significaba defender los derechos básicos.

Tan desentendido del tema estaba el Gobierno en ese entonces que por algo se hizo famosa la anécdota en la que se cuenta cómo el ex presidente Fernando Belaunde subestimaba los preocupantes reportes iniciales de Amnistía Internacional (AI).

En 1983, AI denunció que desde 1981 se venía violando derechos elementales en Ayacucho. Consultado al respecto, Belaunde Terry contestó: "Yo no respeto a Amnistía Internacional porque está llena de tontos útiles. Las cartas de Amnistía que llegan a mi poder van al tacho de basura, yo no las contesto".

Aunque eran tiempos ajenos a la pacificación que el país respiraría años más tarde, se puede identificar esa época --los años 80-- como el inicio del debate respecto de los derechos humanos en el Perú.

Casi 30 años más tarde --en estos días en que vemos que el Estado y ciertas ONG se lían mediante discursos y reabren un viejo debate--, cabe preguntar ¿cuánto hemos avanzado en el intento de darles a los derechos humanos un estatus de causa nacional? ¿Ha existido verdaderamente este intento? ¿Por qué los derechos humanos desatan tantas pasiones y generan tantas escaramuzas? ¿Son realmente una urgencia?

Representantes y especialistas de diferentes sectores nos ayudan en este informe a componer una opinión más cívica, o en todo caso, menos emocional.

LOS MILITARES APRENDEN
Para el almirante Jorge Montoya Manrique, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la discusión sobre los derechos humanos en el país ha sido confrontacional desde el inicio.

Él cree que las organizaciones terroristas (Sendero Luminoso y el MRTA) se aprovecharon de los principios de derechos humanos para acusar a las Fuerzas Armadas de violaciones teóricas.

"En cada enfrentamiento ellos no dejaban regados a sus muertos, los recogían, luego los enterraban en fosas y después denunciaban su desaparición. Las organizaciones de derechos humanos desenterraban los cadáveres y acusaban a las FF.AA.", asegura.

A pesar de los excesos evidenciados, Montoya piensa que las Fuerzas Armadas siempre han respetado los derechos de las personas, y que nunca ha existido mala intención al momento de defender la sociedad.

"Se puede haber cometido excesos, y deben ser denunciados para resolverlos en la vía legal, pero sin venganza política".

Él subraya el hecho de que la guerra antisubversiva se desarrolló durante gobiernos democráticos, y señala que a pesar de ello se instaló una Comisión de la Verdad copiando modelos de realidades dictatoriales, muy distintas a la nuestra.

"La comisión tuvo un inicio equivocado, porque desató una cacería de brujas, pues el Ministerio Público --basándose en informes no vinculantes-- inició investigaciones sobre hechos del pasado. Veinte años después todas las verdades son relativas".

Según Montoya, el problema de la judicialización afecta a 800 miembros de las Fuerzas Armadas que --dice-- están siendo juzgados por denuncias que no se sabe si son ciertas.

Consultado sobre qué hacen las FF.AA. para modernizar su idea de derechos humanos, el ex jefe del Comando Conjunto contesta con un dato más que interesante. Dice que en el Centro de Derecho Internacional Humanitario del Sector Defensa, con la colaboración del Ministerio Público y la Defensoría, entre otras entidades, se ha instruido a más de 2000 militares en el cuidado de la no violación de los derechos humanos.

"¿Hace cuántos años que no tenemos una denuncia por violación de los derechos humanos? Todas datan de la década de los 90. Creo que ha habido un avance bastante bueno", finaliza.

DISTORSIONES PELIGROSAS
Para Sofía Macher, presidenta del Consejo de Reparaciones y ex miembro de la Coordinadora Nacional por los Derechos Humanos, la garantía de los derechos humanos está íntimamente conectada con la calidad y madurez de nuestros políticos.

"La clase política no ha incorporado el tema a su visión de la democracia. Ese es todavía un asunto pendiente".

Ella opina que la razón por la cual este debate genera la inmediata formación de bandos es porque priman intereses de grupo.

"Aquí, el bien común no está por encima de los intereses. Cada uno está atrincherado en sus argumentos. Desde la clase política no se están formando adecuadamente los cuadros políticos. Por eso, ante una voz discrepante, tratan de eliminarla. Eso es profundamente antidemocrático".

Macher critica la lectura que un sector tiene del papel de las ONG. Ella ve que hay una distorsión y una desfiguración respecto de lo que es un organismo de derechos humanos.

"Pongo de ejemplo a Amnistía Internacional. Todos sus miembros son voluntarios, ninguno cobra. La mayoría de gente de los organismos que integran la Coordinadora de Derechos Humanos es voluntaria. Eso de que las ONG son un vehículo para ganar dinero y enriquecerse es una caricatura de lo que realmente son estos organismos".

Ella cree que --pese a que las ONG de derechos humanos perdieron su calidad de observadores en el Consejo Nacional de DD.HH.-- aún hay espacios para conciliar posiciones.

"El Consejo de Reparaciones es un ejemplo. Está integrado por activistas de derechos humanos y por militares. Hace más de un año tomamos decisiones de consenso. Es un espacio de total tolerancia que goza del respaldo del Ejecutivo".

EL GRAVE DESENTENDIMIENTO
Para Fernando Rospigliosi, la culpa de que los derechos humanos en el Perú sean pasados por agua tibia recae directamente en el carácter de los últimos presidentes.

"La posición de la mayoría de gobernantes en los últimos 20 años ha sido contraria a una política de derechos humanos. Claramente, en el caso de Fujimori--Montesinos y ahora en el caso García. No tengo dudas".

Rospigliosi entiende que el caso Aprodeh está vinculado al juicio a Fujimori. Para él, los fujimoristas, e incluso el Gobierno (en su eventual alianza con el ex mandatario), tratan de utilizar la disputa con las ONG para favorecer la posición de Fujimori.

"Los jueces no están aislados del mundo: una presión mediática podría influir. Eso está siendo utilizado claramente a favor de Fujimori, como diciendo 'ya ven, la política que aplicó el fujimorismo está bien'".

El también analista político dice que uno puede discrepar con las posiciones de las ONG, pero piensa que su participación es necesaria. "Sobre todo cuando el ambiente es contrario, porque en el Gobierno no hay una posición pro derechos humanos".

Por último, advierte que, aunque es difícil lograr consenso, sí se puede avanzar. Rospigliosi recuerda que durante su gestión en el sector Interior se dio cabida a personas vinculadas a los derechos humanos (Susana Villarán y Gino Costa, entre ellos). "Todos eran activistas y su presencia ayudó a mejorar la relación entre el Estado y la población".

UN CONSEJO MUY VALIOSO
El doctor Jorge Santistevan interrumpió su paseo por la plaza de Armas de Cusco para conversar por teléfono. Desde allí compartió sus ideas con nosotros. "En la época del terrorismo se produjo una gran división y los defensores de DD.HH. permitieron que haya una sociedad civil muy vigilante y combatiente. Eso trajo como consecuencia un distanciamiento respecto de las instituciones del Estado, y un desencuentro fuerte con los sectores militares. Creo que la democracia todavía no puede superar este distanciamiento y esta división de pareceres".

Él sostiene que esa distancia entre la sociedad civil y el Estado se ha agudizado con los hechos recientes, pues se han exacerbado antiguos enfrentamientos.

"A los movimientos de derechos humanos hay que exigirles, primero, un claro deslinde con el terrorismo. Ahí no hay concesiones. El error de Aprodeh ha provocado una reacción igualmente errónea. Esto es un retroceso".

El doctor Santistevan piensa que todos estos años de promoción y defensa de los derechos humanos han provocado una cierta fatiga en el ciudadano común, que lo que quiere es ver avances concretos respecto de, por ejemplo, la situación económica. "La vinculación entre derechos humanos y pobreza no se ha logrado. Hay que encontrar caminos para que los derechos humanos se asocien con las necesidades diarias de la mayoría del país".

Como recomendación final para el actual gobierno, Santistevan se permite un consejo al oficialismo. Vale la pena leerlo con atención. "El Partido Aprista ha estado más en la lucha política antes que en los derechos humanos. Los dirigentes apristas tienen que hacer una suerte de psicoanálisis político interno para eliminar ciertas culpas del pasado y entender que los derechos humanos deberían ser un tema de unificación, no de desunión, y menos en democracia".