Tras la evacuación del volcán Chaitén

La evacuación de los afectados por las erupciones del volcán Chaitén se ha desarrollado de manera exitosa. Sin embargo, hay ahora incertidumbre respecto de los pasos siguientes, pues es totalmente impredecible el desarrollo que tendrá este fenómeno de la naturaleza. Superada la amenaza inmediata, los evacuados ahora necesitan rehacer sus vidas, pero ese proceso está lleno de incógnitas. ¿Podrán volver a sus hogares? ¿Recuperarán sus puestos de trabajo o los capitales acumulados? La angustia del presente da paso ahora a la angustia del futuro.

Por cierto, hay una probabilidad de que este fenómeno natural acabe con los poblados aledaños al volcán, pero también es posible que ellos no sean afectados en forma irreversible. Esto hace más difícil, tanto para el Gobierno como para los habitantes de las zonas afectadas, definir el camino de acción más apropiado.

Todo esto hace pensar que el Gobierno debe adoptar en este caso medidas especiales. Hasta ahora, ellas son muy específicas: incentivos a familias que acojan a albergados, condonaciones tributarias y suspensión de cobranzas a contribuyentes morosos, entre otras. Pero todo eso no da cuenta integral de la realidad que están viviendo muchas familias. En el contexto descrito, hay buenas razones para pensar que el Estado debería ser un asegurador de última instancia, que garantice a las familias afectadas, durante un plazo prudente, una proporción del ingreso que recibían antes de esta catástrofe, para facilitar la transición a su nueva situación. Además, en caso de que pierdan su capital acumulado, el Estado podría resarcirles en parte por la pérdida sufrida. Definir los montos de estos seguros no debería ser complejo, y hay instrumentos e información que permitirían determinarlos de manera adecuada.

Los seguros de ingreso deberían ser por plazos breves, para dar a las familias libertad de definir su transición, pero evitando la dependencia que esta clase de apoyo origina cuando se otorga por plazos largos. Las indemnizaciones eventuales por capitales perdidos deben incluir no solo las pérdidas ocasionadas en terrenos agrícolas --el Gobierno ha anunciado un proyecto para comprar las tierras que se tornen improductivas y compensaciones por la muerte de animales--, sino también los bienes muebles e inmuebles en caso de destrucción de los mismos. Es razonable postular que estos apoyos tengan límites acotados en sus montos, pero eso no obsta a que ellos deban crearse, para asegurar a nuestros compatriotas afectados cierta tranquilidad para planificar sus vidas en las próximas semanas.

Editorial. El Mercurio de Chile